“El Acuerdo de Escazú es una herramienta que busca un cambio de modelo”

El País 29/01/2021 Por Tierra Viva
Andrés Nápoli, director de FARN y partícipe en las negociaciones por el acuerdo, destaca que "hay muy mala implementación de normas ambientales en el país", en particular, respecto de la participación ciudadana. "Tengo esperanza en el funcionamiento de los organismos creados a partir del acuerdo", se ilusiona.
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El viernes 22 de enero fue un día de celebración para las organizaciones ambientales: la Argentina y México ratificaron el Acuerdo de Escazú ante la ONU y de esa manera se alcanzó el número necesario de países para que entre en vigencia el próximo 22 de abril, coincidiendo con el Día de la Tierra. El acuerdo abierto a los 33 países de Latinoamérica y el Caribe se originó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y fue firmado en Escazú, Costa Rica, en marzo de 2018, con el objetivo garantizar los “derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”. 

“Escazú es un buen camino para establecer estrategias conjuntas entre los países de la región, algo que, actualmente, no existe. Cambio climático, incendios, pérdida de biodiversidad, erosión costera, desertificación, todos los países de la región tienen los mismos problemas, pero en ninguno hay respuestas en común”, evalúa Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y representante electo del público ante el Comité de negociación del Acuerdo de Escazú. 

En el “público”, en la “sociedad civil” está una de las claves del primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, que también es el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. “El acuerdo es un proceso, una herramienta, a partir del que los países van a tener que implementar mejoras en su legislación y, en el caso de la Argentina, también mejorar la implementación de las normas vigentes. Hay muy mala implementación de normas ambientales en el país, sobre todo las que tienen que ver con la participación de la sociedad civil. En ese punto, la Argentina tiene mucho por hacer”, asegura Nápoli.  

El representante electo por el público señala al acuerdo europeo de Aarhus como una referencia para ver las posibilidades de integración de políticas ambientales regionales y pone sus esperanzas en la entrada en vigencia del acuerdo y la creación del Comité de Aplicación y Cumplimiento, que “va a estar siguiendo lo que pase en cada uno de los países y donde la sociedad civil va a poder llevar reclamos por incumplimiento de las normas ambientales”.  

La expectativa está puesta en la entrada en vigencia el Día de la Tierra. Entre los doce países que comenzarán a aplicar el Acuerdo de Escazú están también Bolivia y Uruguay  —los primeros países en ratificar el acuerdo en sus Congresos en 2019— y existen grandes ausentes como Brasil y Colombia, donde los crímenes de defensores ambientales y la depredación del extractivismo avanza con aval o sin respuesta estatal. Chile, que fue negociador del acuerdo junto a Costa Rica, decidió retirarse bajo el mandato de Sebastián Piñera. 

—¿Uno de los puntos centrales del acuerdo es acceso a la información ambiental, en la Argentina tuvimos incendios récord, el gobierno tuvo un gesto de dar información diaria de Servicio Manejo del Fuego, pero desde FARN tuvieron que elevar un pedido de informe al Ministerio de Ambiente para obtener mayor información sobre lo ocurrido en los incendios del Delta del Paraná? ¿En qué situación diría que está la Argentina antes de la entrada en vigor del acuerdo? 

—Argentina cuenta con una ley de acceso a la información general y una específica en materia ambiental, está cubierta desde el punto de vista normativo. Pero no en términos de implementación ni del ejercicio que tienen los organismos para responder la información, que es muy diverso. Hay organismos públicos que responden la información de manera correcta y otros a los que hay que pedírselos de manera reiterada y aún así no se consigue la información que se busca. El tema del acceso a la información pública es que no se trata de lo que el organismos quiere dar a conocer sino la que el público le requiere. En el caso de los incendios, tuvimos la información que las oficinas públicas ponían a disposición, pero nosotros queríamos otra información y no la conseguimos. 

—¿Esto podría ser motivo de reclamo con el acuerdo en vigencia?

Es un ejercicio que hay que poner en práctica y si hay dificultad en el acceso se va a poder reclamar al acuerdo de Escazú. En este sentido, desde FARN, tenemos un juicio con YPF porque se niega a dar información sobre Vaca Muerta, sobre los impactos que genera la explotación, alegando que está protegido por la Ley 27.275, y si ese juicio no se resuelve en la Argentina podemos abrir el reclamo ante el acuerdo de Escazú.  

—El otro punto central de Escazú tiene que ver con el derecho a la participación ciudadana en las decisiones. En nuestro país hay una vasta experiencia de involucramiento en los temas ambientales tanto de organizaciones civiles como asambleas ciudadanas, sin embargo, no se consigue que los gobiernos los sienten en la mesa de negociaciones. Lo que ocurre en Chubut por estos días es muestra de eso: ¿Qué cambiará con el acuerdo?

—Somos un país con mucho desarrollo de movilización y participación social, y el acuerdo de Escazú busca que esa participación tenga un impacto institucional, que existan mecanismos que los involucren en la toma de decisiones: cómo se hacen los procesos de evaluación de impacto ambiental, de ordenamiento territorial, qué tipo de participación se da, se escucha a la gente o no. Muchas veces los gobiernos dan la voz pero no prestan atención, una pantomima de la participación ciudadana: “decí lo que quieras y yo hago lo que quiero”. Escazú es un marco para evaluar esos procesos de participación y que cuando existan problemas tengas un acuerdo de nivel internacional al que recurrir. Es una herramienta que hay que aplicar y hacer efectiva. 

—¿En qué podría resultar un incumplimiento del acuerdo: en un informe de situación no vinculante o en medidas de cumplimiento efectivo? ¿Ya están acordados los mecanismos de sanción?

—Cuando el acuerdo entre en vigencia, el 22 de abril, se podrá llevar adelante la primera conferencia de las partes, que es la que va a aprobar las reglas de procedimiento y la constitución del comité de aplicación. Si se mira la experiencia europea, en primer lugar, los países van a tener que dar cuenta de qué están haciendo para cumplir con el acuerdo y los demás países podrán ver qué se hace a nivel regional. Por otra parte, las quejas que lleguen de la sociedad civil ante el comité de cumplimiento podrán generar un llamado de atención a los gobierno firmantes, acompañado por un cronograma de adecuación, de cambios de normativas o de cambios de aplicación. Esto acota la discrecionalidad de cumplimiento de las normas ambientales por parte de los gobiernos. Tengo esperanza en el funcionamiento de los organismos creados a partir del acuerdo, que esté integrado por expertos de derechos internacional y procesos de participación. 

—Con esta esperanzas que tenés, ¿qué le decís a quienes son escépticos del cumplimiento del acuerdo, basados en las fallas de implementación de la normativa ambiental vigente en el país? 

—En el caso de la Argentina, tiene un sistema normativo bastante desarrollado. Pero, por ejemplo, es el único país de América Latina que no cuenta con una normativa de evaluación de impacto ambiental federal sino que es potestad de las provincias. En eso hay que avanzar decididamente y tiene que tener incorporados los preceptos de Escazú, entre ellos, el ordenamiento ambiental del territorio, porque de no tener los “estándares de Escazú” toda ley podría ser apelada por inconstitucional. El Congreso debería sancionar rápidamente una ley de impacto ambiental y ordenamiento territorial que dé un marco general de la aplicación en las provincias, porque hay jurisdicciones en las que la instancia de impacto ambiental no tienen ni audiencia pública ni está sujeta a estándares internacionales. Ya hubo reuniones informativas en el Senado donde se reconoció que la Argentina está en deuda. Aún no se sancionó porque las provincias ni al Estado nacional quieren, esas normas les pone límites, pero hemos entrado en un acuerdo internacional que nos obliga. 

—Otro de los puntos relevantes centrales de Escazú es ser el primer acuerdo a nivel mundial en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Esto parece de mucha relevancia en Colombia, América Central y Brasil, donde ocurren crímenes de manera habitual, y son países que no ratificaron el acuerdo. ¿Cuál es la relevancia para la Argentina y la región? 

—El acuerdo establece cláusulas de protección. En algunos países de la región es necesario que las cosas se pongan en marcha inmediatamente porque la vida de la gente depende de eso. En la Argentina no tenemos problemas con crímenes, pero sí con persecuciones y presiones diversas a las personas que luchan por el ambiente, lo podemos ver en cada movilización. Hay que establecer los mecanismos que plantea el acuerdo, el primero de ellos, establecer un registro de defensores que les dé inmunidad y protección. 

—¿Cómo será la confección de ese registro?

—El registro lo aplicará cada país, pero lo que hace es responder a un pedido de los defensores del ambiente, que necesitan tener un registro de su actividad. El Estado suele eludir responsabilidades argumentando que no estaba enterado de las acciones de los defensores, cuando es el que debe brindar la protección. En muchos países, son grupos de tareas los que agreden a los defensores ambientales. Por su puesto que la protección debería ser para cualquier persona, pero Escazú hace foco en los defensores del ambiente por la situación crítica que se vive en algunos países de la región y va más allá de lo ambiental al declararlos “personas defensoras de derechos humanos en temas ambientales”. 

—¿El cumplimiento de Escazú tiene que ver también con una necesaria comprensión de los gobiernos sobre la necesidad de un cambio del modelo extractivista y la relación con los bienes comunes?

—Sin duda, Escazú está arraigado en la idea de un cambio de modelo. Si los modelos cambian, muchas de las cosas que suceden hoy dejarán de ocurrir. Esto estuvo planteado en las declaraciones previas de la Cepal, que plantea dejar atrás el extractivismo y tengamos un nuevo paradigma. Lo que está escrito a nivel instrumental en el acuerdo es una guía de cómo ir modificando lo que ocurre en la actualidad y la base es el cambio de modelo. 

—¿Podemos decir que si no se va a un cambio de modelo productivo nunca se terminará de cumplir el acuerdo? 

—Sin duda. El acuerdo de Escazú busca un cambio de modelo y no podrá cumplirse si el cambio de modelo no sucede. El acuerdo es una herramienta y dependerá de lo que cada uno quiera hacer con ella, no es la fórmula mágica. Los gobiernos tienen una historia y no creo que la vayan a cambiar fácilmente, el desafío es tener mucho más activismo para que la herramienta sea efectiva.

Por Nahuel Lag

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