El 92% de las compras en el marco de la emergencia sanitaria se realizaron de manera directa, según el relevamiento de Ruido en 14 provincias argentinas. Santa Cruz adquirió el litro de alcohol etílico con el costo más elevado. Las dificultades para acceder a la información en nuestra provincia.
Santa Cruz 30/03/2021 El Ruido
¿Cualquier ciudadano argentino puede saber cuánto pagó el gobierno de su provincia por las compras realizadas en el marco de la emergencia por la pandemia?
La primera respuesta es no. Y aun quienes tengan la suerte de vivir en un distrito con datos públicos deberán batallar para descifrarlos y obtener cifras confiables, pero no siempre lo lograrán.
Esta es la primera conclusión del relevamiento de la organización argentina Ruido (Red contra el silencio oficial) en 13 provincias del país, más la Ciudad de Buenos Aires.
La segunda conclusión es que 2020 fue un año de escasa transparencia en los procedimientos de compras relacionados con la pandemia. El Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020 que firmó el presidente Alberto Fernández el 12 de marzo, estableció la emergencia pública en materia sanitaria por Covid-19, por lo que las contrataciones de bienes y servicios que se realicen en este marco pueden tramitarse por vía directa. La mayoría de las provincias adhirieron y lo acataron casi al pie de la letra: 92% de las compras se realizaron por ese mecanismo, según el promedio de todos los distritos relevados.
Alcohol Etílico
En el caso del alcohol etílico (96% de pureza), el Ministerio de Salud de Santa Cruz pagó 398 pesos por litro, el más caro del relevamiento (Expediente N° 977.726, donde figura la compra de 800 bidones de 5 litros por 1.990 pesos cada uno y fue realizada a partir de la resolución ministerial 925/20). Este caso llama la atención ya que lo mínimo que esta provincia pagó por el litro de ese alcohol fueron 340 pesos, en una compra realizada en el mismo expediente, y se trató de alcohol al 70%. Por este mismo alcohol, Entre Ríos llegó a obtenerlo a 30 pesos el litro.
Respuesta incompleta en Santa Cruz
La transparencia en las cuentas públicas siempre fue una materia pendiente en Santa Cruz, provincia que no cuenta con un portal de compras on line para poder hacer seguimiento de las mismas, en tanto que el Boletín Oficial es un instrumento que sólo se publica dos veces por semana, con demoras y sin orden cronológico.
Por tal razón, la ley de Acceso a la Información, fue la herramienta para poder acceder a los datos del Estado, que fueron promovidos por el abogado Javier Stoessel, para Ruido.
Se presentaron siete pedidos de acceso a la información a los ministerios involucrados con la pandemia, de los cuales cinco fueron respondidos.
Parte de la base de datos que construyó Ruido para analizar los datos provinciales también fueron cotejadas con información oficial de la vocalía por la minoría del Tribunal de Cuentas de la provincia.
Pese a que a la ley entró en vigencia hace más tres años y el protocolo indica que cada ministerio cuenta con un referente para responder los pedidos de acceso, cada cartera respondió con procedimientos diferentes: mientras algunas consignaron los instrumentos públicos a través de las que se gestionaron las compras, otras simplemente enviaron cuadros detallando las compras. Algunos ministerios fueron minuciosos en la elaboración de los informes, otros obviaron detallar el nombre de los oferentes ganadores.
En la provincia, las compras vinculadas al Covid-19 se realizaron en su gran mayoría a partir de adquisiciones directas de bienes, servicios o equipamientos amparados en el artículo 11 del decreto 273/20 que declaró el estado de Emergencia Sanitaria.
En la respuesta al pedido de acceso a la información que lleva la firma del ministro de Salud, Claudio García, algunos datos no fueron incluidos por constituir “datos sensibles” y se ampararon en el decreto que reglamenta la ley provincial.
El gobierno de Alicia Kirchner presentó a finales de 2020 un programa para la detección de riesgos potenciales de corrupción, con estándares antisoborno bajo normas ISO, que cuenta con el apoyo del CFI.
En el discurso de apertural del año legislativo, la gobernadora informó que en el año de la pandemia se invirtieron 877 millones de pesos en Salud, destinados a personal, bienes de consumo y bienes de uso y servicios no personales. De los cuales, a partir de los pedidos de acceso a la información elevados a los diferentes ministerios para la presente investigación presentados a finales de diciembre de 2020 se pudo documentar un monto total de compras COVID por 594 millones. De ese total, $563 millones fueron finalmente adjudicados.
Aquí el informe completo: http://elruido.org/compras-publicas-el-ruido/
El trabajo es, a la vez, el nacimiento de una red federal de comunicadores, especialistas en datos abiertos y organizaciones de la sociedad civil que nace para visibilizar temas de interés público relacionados con el manejo de los recursos del Estado, la transparencia administrativa, la corrupción y el acceso a la información. Además, para producir contenidos sobre estos problemáticas, que reflejen la situación de Argentina y de sus estados subnacionales.
Autores del relevamiento de Ruido:
Mariela Arias (Santa Cruz), Marcela Arce (Santiago del Estero), María Ester Romero (Buenos Aires y CABA), Yamile González (Formosa), Gabriela Sánchez (Mendoza), Bárbara Maidana (Chaco y Sante Fe), Cristian Pérez y Juan Manuel González (Córdoba), Gabriel Ramonet (Tierra del Fuego), Luciano Garro (Entre Ríos), Gonzalo Guzmán (Salta Transparente), Luis María Ruiz (Tucumán), Sol Minoldo, Julieta Fantini, Andrés Vázquez, Sergio Carreras y Edgardo Litvinoff.
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