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Hoy es lunes 14 de octubre de 2019 y son las 12:20 hs. // La Asociación social y deportiva “Calafate Hockey Club”, convoca a sus asociados a la Asamblea Extraordinaria, que se realizará el día 30 de Octubre del corriente año a las 21hs, en el gimnasio Pincha Ratas, cuya sede se encuentra en calle Juan Pablo II Nº 168. Los temas a tratar serán: *Aprobación de balances contables 2018, *Aprobación de reglamento interno, *Posibilidad de aportes sociales extraordinarios -Comisión Directiva-//


  ACTUALIDAD  12 de septiembre de 2016
Condenan al Estado a pagar 1,5 millones de pesos por “Caso Benítez”.
Es un fallo de primera instancia de la jueza local Florencia Viñuales. Es por el caso dado en el 2011 cuando un policía mató a su ex esposa y dos hijos, para luego suicidarse. La magistrada le dio la razón a la madre de la mujer muerta en que la Policía de Santa Cruz debe pagar por daños.


 

Si prospera un fallo de primera instancia, el Gobierno de Santa Cruz deberá ordenar el pago 1. 500. 000 pesos a los deudos de María Martini y sus tres hijos (uno por nacer) que fueron asesinados por el cabo de policía Alejandro Benítez, hace cinco años.

El 2 de agosto del 2011 a la madrugada, el efectivo policial mató a una nena y un nene de 5 y 7 años con un disparo en la cabeza mientras dormían.

Con su misma arma reglamentaria mató a la mujer embarazada, con un disparo en la nunca, a poco de tener relaciones sexuales.

Sin que nadie supiera del hecho, a las pocas horas, el policía se disparó un tiro en la cabeza dentro de su automóvil Ford Falcón, en el centro de la ciudad.

Nunca se conoció el móvil del hecho.

Del matrimonio se sabía que estaban separados, pero conviviendo en la misma vivienda ubicada en un barrio alto de la ciudad.

También se supo que Benítez tenía una relación con otra joven mujer.

El caso puso sobre el tapete los métodos de ingresos a la Policía de Santa Cruz (PSC) y la falta de exámenes psicológicos periódicos para personal policial que vive situaciones estresantes y que porta arma de fuego.

El juzgado de instrucción de la ciudad, a cargo de Carlos Narvarte llevó adelante la causa penal la que quedó circunscripta a la familia fallecida, sin que se comprobara la participación de terceras personas.

Al mismo tiempo, la madre de la mujer de 27 años, y abuela de los niños asesinados, Mirta Esquivel (También policía) inició una demanda civil al estado santacruceño, para que este resarciera económicamente por las pérdidas familiares.

El viernes, la jueza civil de esta ciudad Florencia Viñuales (FOTO), notificó a las partes de su fallo. La magistrada dio la razón a la demandante sobre que debe recibir un resarcimiento económico de 1, 5 millones de pesos.

Con el patrocinio del abogado riogalleguense Carlos Muriette, la madre de María Martini y abuela   de Ismael y Camila, pidió el resarcimiento al entender que la fuerza policial es responsable de haber tenido en sus filas a un efectivo policial al que se le asignó un arma de fuego, sin haber tomado examen psicológico de ingreso.

El suboficial Benítez pertenecía a una camada de policías santacruceños que ingresaron a la fuerza sin mayores exámenes de aptitud psicológica.

Además, la familia también argumentó que las autoridades policiales conocían que el matrimonio tenía conflictividad y que pese a ello, Benítez siguió portando su arma reglamentaria calibre 9 mm.

La demanda civil no busca responsables en haber cometido errores u haber omitido acciones tanto en el ingreso del policía a la fuerza, como tampoco en la contención durante su etapa de crisis matrimonial.

La jueza Florencia Viñuales falló a favor de Mirta Esquivel, ordenando que la Policía de Santa Cruz le page 1,5 millones de pesos, por los cargos de “daños material y moral”.

Ahora, el fallo es analizado en el área legal de esa fuerza de seguridad, sin saberse aún, si se apelará la medida.

www.ahoracalafate.com.ar pudo saber que el lunes a la mañana el área legal de la policía tomó contacto con la resolución de la jueza calafatense, para hacer el análisis técnico y poner a consideración de la jefatura y funcionarios políticos, los pasos a seguir.

En un término de cinco días hábiles, los funcionarios provinciales deben decidir si acatan el fallo de primera instancia o si apela la medida.

Pese a lo ocurrido, hasta la actualidad la policía santacruceña sigue sin tener un sistema que contemple exámenes psicológicos 



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