Una decisión de la Jueza en lo Civil y Comercial de El Calafate reaviva la polémica y el enfrentamiento entre los estados provincial y municipal y la familia propietaria de la Estancia 25 de Mayo, lindera con esta localidad.

Si bien la resolución judicial está fechada el 14 de julio del año pasado, hasta ahora no habían trascendido públicamente sus alcances e implicancias. La Dra. Florencia Viñuales resolvió hacer lugar al pedido de la familia Ariztizábal, quien solicitó la caducidad de instancia del trámite de expropiación de 600 hectáreas, que el Estado decidió en 2010 mediante una ley aprobada por la Legislatura y promulgada por Decreto del Ejecutivo.

Las tierras fueron expropiadas para varios fines: instalación de la nueva Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, de la Estación del Interconectado Eléctrico, Autódromo, Circuito de Motocross, área de transferencia de carga de transportes, Cordones forestales de mitigación de impacto ambiental, predios para instituciones locales (INTA, CAP, Vialidad, Parques Nacionales, y hasta un Polígono de Tiro.

Por el total de tierras expropiadas se dispuso el pago de 135 mil pesos, cifra considerada irrisoria por la familia propietaria que inició un reclamo judicial frente a lo que consideró un atropello y confiscación. Además del valor de las tierras, la familia Ariztizábal cuestionó que la superficie a expropiar es antojadiza y exagerada.

La sentencia de la jueza Viñuales se basa en que transcurridos 6 meses sin que se haya producido actividad a fin de instar el procedimiento de expropiación, cabe hacer lugar al pedido de caducidad de instancia, interpretando que no hay interés del Estado en seguir con el trámite.

La caducidad de la instancia fue parcial. De las 600 hectáreas que están sujetas a expropiación la Jueza Viñuales excluyó solo 6 hectáreas de la caducidad del trámite expropiatorio, ya que en ellas se está construyendo el nuevo basural o centro ambiental.

En dialogo con FM Dimensión, Ariela Ariztizábal dijo que a esta situación se llegó por el mal manejo y la inacción de los Estados provincial y municipal en el juicio de expropiación. “Al día de hoy siento que gané”, manifestó.

Fuerte crítica de la Fiscalía de Estado

El Estado provincial no piensa lo mismo que la familia propietaria de la Estancia 25 de Mayo. El Fiscal de Estado de Santa Cruz, Dr. Fernando Tanarro también dialogó en el programa Radio Activa.

El representante del gobierno provincial fue muy duro contra la Jueza Viñuales, al decir que su sentencia es inédita en los anales de la jurisprudencia argentina. “Modifica con una sentencia una ley de expropiación y decide cuál es la superficie que debe ser expropiada”.

Tanarro invocó la Ley provincial de Expropiaciones que indica que a partir de la sanción de una normativa declarando de utilidad pública un bien (en este caso las 600 hectáreas), el Estado toma posesión del mismo y lo que se discute en el juicio de expropiación es el precio que se debe pagar al privado.

“El expropiado puede estar en acuerdo o descuerdo con el precio, pero una vez que se toma posesión de la tierra, no se discute el tema de propiedad”, dijo el Fiscal de Estado.

En FM Dimensión, Tanarro también criticó el accionar de la Jueza Viñuales por no haber cumplido con el artículo 16 de la Ley General de Expropiación, que estable que tiene la obligación de elevar el expediente al Tribunal de Tasación para que determine el valor a pagarle al expropiado.

También indicó que la Provincia apeló la resolución de la Jueza en tiempo y forma, y espera ahora que la Cámara de Apelaciones se expida al respecto. Trámite este que está demorado debido a las medidas de fuerza que existen en el ámbito judicial desde el año pasado.