CARTAS ORGÁNICAS: ¿A QUÉ EDAD SE PUEDE ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?

“La información de que disponemos es mucha y abundante, quizás aquella que no conocemos y a la que no tenemos acceso sea un mayor. Lo que llega a nuestro conocimiento es, en muchas oportunidades, la información que otros nos quieren entregar”. (1)

 

Hernán Larraín Fernández

 

Al ser el acceso a la información pública un derecho fundamental es universal por cuanto comprende a toda persona más allá de sus características peculiares como el género, si profesa alguna religión, estado civil, género, nacionalidad, orientación sexual, lugar de residencia, situación socioeconómica, etcétera. Es decir, debe estar disponible para todo quien lo solicite como lo estipula, por ejemplo, la Constitución de Colombia: “Todas las personas tienen el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”. (2)

A veces surgen restricciones para el ejercicio de este derecho como, por ejemplo, la edad.

ADENTRÁNDONOS

Sin duda la edad, además de los aspectos biológicos, es una cuestión estrechamente relacionada con la cultura predominante en un momento dado; desde los ritos de iniciación de la antigüedad básicamente relacionados con la pubertad, la capacidad de procrear y la habilitación para cazar, trabajar, asumir responsabilidades comunitarias y la frecuentes oportunidades de participar en las guerras. También varió mucho con respecto al derecho a elegir y a ser elegido.

En la actualidad existe una clara tendencia a considerar a los 14 o 16 años de edad como el umbral para ir ejerciendo derechos y obligaciones, a veces con autorización expresa de los progenitores o tutores: conducir automóviles, trabajar con determinadas restricciones, ser titular de una cuenta bancaria, participar en las internas de algunos partidos políticos, votar en las elecciones periódicas y, por caso, en los referéndum, contraer matrimonio, comprar y vender bienes y servicios, ser responsables ante delitos penales cometidos como el asesinato, etcétera.

Por el otro lado, cada vez más, se practican herramientas de participación a más corta edad: Parlamento Infantil, Parlamento Juvenil, Iniciativa Popular Juvenil, Banca del Vecino Juvenil, ramas partidarias juveniles, Consulta Popular Juvenil, Presupuesto Participativo Juvenil, Consejo de la Juventud, Banca Juvenil y tantos otros. Además, los jóvenes pueden estar interesados a recabar determinada información específica sobre servicios educativos, deportivos, de salud, sistemas de becas, etcétera.

Si propendemos a la participación de niños y adolescentes también como una escuela de ciudadanía indudablemente deben poder acceder al derecho a la información en forma autónoma. Es verdad que a veces puede ser todo un desafío como lo es todo aprendizaje humano.

Cuando las personas van madurando van asumiendo nuevas responsabilidades y, asimismo, el tomar por primera vez algunos compromisos a la vez contribuye al positivo desarrollo integral de la personalidad.

Aprender a solicitar información pública en forma adecuada y, llegado el caso, a reaccionar con eficiencia ante una negativa sin fundamento o al nefasto silencio de la administración es clave para la creación y consolidación de ciudadanía con capacidad de incidencia.

La incipiente inteligencia y perspicacia de los más jóvenes, sin duda, diversificará y enriquecerá a las sociedades que tanto lo necesitan.

¿QUÉ HACER PARA AFIANZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN?

Vale recordar que: “Para que la ciudadanía pueda acceder a la información es necesario que las instituciones públicas desarrollen mecanismos efectivos de acceso”. (3)

Desde luego que en cada ciudad, provincia o departamento y país las situaciones pueden ser muy disímiles en cuanto a la generalización efectiva del derecho al acceso a la información pública pero, es posible, que algunas cuestiones sean comunes y válidas aunque posean distintas intensidades y peculiaridades.

Entonces tanto para la población en general como específicamente con todos los que trabajan en los poderes públicos es necesario avanzar en, por lo menos, tres sentidos principales:

Conocimiento cabal

1.    Difusión masiva a través de los medios de comunicación social y también selectiva en forma directa a los múltiples grupos humanos, incluyendo las particularidades de las edades, intereses específicos como los culturales, deportivos, profesionales, padres de familia, etcétera, tanto de las correspondientes normas como de los principios democráticos que las sustentan.

2.    Talleres de capacitación ciudadana y para todos los que se desempeñan laboralmente en los poderes públicos, con particular foco en los que habitualmente atienden público, archivan, toman decisiones superiores, magistrados, legisladores, entre otros muchos.

Resistencia a incorporar nuevas prácticas

1.    Reuniones presenciales de reflexión que contribuyan a identificar las reacciones adversas a aceptar lo estipulado legalmente que, eventualmente, puede ser muy distinto a lo vigente hasta hace poco tiempo atrás.

2.    Revisar y monitorear prácticas que siguen subsistiendo en paralelo que, inclusive pueden estar regidas por manuales de procedimientos administrativos desactualizados pero vigentes.

Incompleta normativa específica

1.    Identificar los casos de vacío legal y difundir ampliamente esa cuestión alentando los compromisos públicos pertinentes para remediar esa situación.

2.    Propender, en donde sea necesario, a que las normas legales de acceso a la información estén vigentes plenamente en todos los niveles jurisdiccionales y en los tres poderes públicos.

 

Desde luego que es oportuno accionar colaborativamente desechando los procesos de confrontación y de maniqueas divisiones sociales entre buenos y malos.

Únicamente cuando las organizaciones de los tres sectores, quienes se desempeñan en las mismas sean en forma remunerada o voluntaria, los sistemas de gestión y archivos y las normas estén generalizadas incluyendo los principios básicos y el detalle necesario, el acceso a la información será un derecho plenamente vigente que sustentará férreamente a la Democracia. En este sentido, por ejemplo, recordemos que así se estarán cumpliendo los objetivos de: “La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena vigencia del Estado de Derecho, a través de un genuino y legítimo acceso a la información pública; y facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y su fiscalización”. (4)

EN DEFINITIVA

Las cartas orgánicas son instancias fundamentales para la garantía del derecho universal al acceso a la información pública y su aplicación.

 

NOTA Y REFERENCIAS

Alejandro Rojo Vivot en varias oportunidades fue invitado como expositor en Quito, Ecuador.

1) Larraín Fernández, Hernán. Transparencia y acceso a la información pública en Chile: La modernización que faltaba. Editorial JGE Ltda. Página 30. Santiago, Chile. Septiembre de 2008.

2) Colombia. Constitución. Artículo 74°. Publicada en la Gaceta Constitucional N° 127. 10 de octubre de 1991.

3) Rodríguez Escobar, Ricardo y Martín Martínez, Mariluz. Acceso a la Información Pública y Participación Ciudadana en la Dirección Nacional de Aduanas. Tierra Nueva. Página 3. Asunción, Paraguay. 2008.

4) Ecuador. Ley N° 24 Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 2°, incisos e) y f). Publicada en el Registro Oficial, Suplemento 337. 18 de mayo de 2004.

Por Aejandro Rojo Vivot - Escritor