La APN derogó el esquema de investigación aprobado entre 2020 y 2023 y estableció nuevas prioridades mucho más orientadas a problemas concretos de gestión. La medida fortalece estudios aplicados sobre especies amenazadas, incendios, riesgos naturales y monitoreo ambiental. Entre los ejes prioritarios figuran expresamente el GLOF y el estudio del huemul. Pero también se abre un interrogante sobre qué lugar tendrán desde ahora las ciencias sociales, los estudios básicos y otras investigaciones sin aplicación operativa inmediata, que sí figuraban en el anterior Plan de Gestión del Conocimiento, ahora derogado.

El Concejo Deliberante ya analiza el nuevo proyecto que busca adecuar la normativa municipal al sistema nacional que comenzó a implementarse este mes. La propuesta regula categorías, exámenes, antecedentes, períodos de vigencia y costos, además de establecer que las licencias municipales actuales seguirán siendo válidas hasta su vencimiento y serán reemplazadas progresivamente por la nueva credencial nacional.

El cuerpo aprobó una resolución que solicita a la Legislatura provincial el pronto tratamiento del proyecto presentado por la diputada Lorena Ponce para proteger a usuarios con dificultades económicas. El concejal Leonardo Mardones advirtió que en El Calafate se están registrando cortes de luz y gas a familias que no logran afrontar las facturas y reclamó una respuesta diferente de las empresas estatales. Durante la sesión del Concejo Deliberante sostuvo que los servicios son esenciales en la Patagonia y señaló que hay hogares que hoy deben elegir entre comprar alimentos o pagar las boletas.

La Asociación de Guías de Santa Cruz cuestionó la autorización excepcional para una operación con capitales extranjeros dentro del área protegida frente al Glaciar Perito Moreno. Reclamó información completa, participación de la comunidad y pidió suspender cualquier acto que pueda afectar la reserva.

Una nueva ley sancionada el jueves pasado alcanza a docentes y personal no docente de todos los niveles, tanto en establecimientos públicos como privados. La formación será gratuita, permanente y con puntaje, y busca mejorar las herramientas para acompañar distintas formas de aprender y evitar situaciones de exclusión.

Este domingo 27 de septiembre se conmemora el Día de la Identidad Cultural Santacruceña, una fecha instituida en homenaje a Hugo Giménez Agüero, uno de los máximos referentes de la música popular y el folklore de Santa Cruz. Fecha en coincidencia con el aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 27 de septiembre de 2011, cuando el reconocido cantautor patagónico murió a los 67 años en un accidente automovilístico. La Cámara de Diputados de la Provincia estableció esta jornada como el Día de la Identidad Cultural Santacruceña, adhiriendo además a la legislación que instituyó el Día de la Música Folclórica Santacruceña.

Hoy en El Calafate se prevé desde las 18:00 h una jornada en el SUM Municipal, con números musicales con el músico Hugo Merlo y artistas locales a las 21:00 h.

En las primeras declaraciones de un funcionario provincial sobre el Decreto 915, el presidente del Consejo Agrario sostuvo que existen críticas basadas en información incompleta y aseguró que “no hay nada que ocultar”. Sin embargo, el organismo que conduce no respondió el pedido del diputado Carlos Alegría ni la solicitud formal realizada por una institución empresaria de El Calafate, presentadas hace cuatro meses. El Gobierno firmó el decreto el 1° de septiembre y recién publicó una versión sintetizada el día 22. Garay brindó algunos detalles del proyecto y confirmó que irá a dar explicaciones a los Diputados, que ayer en forma unánime también criticaron la falta de información y exigieron el decreto completo.

La exdiputada nacional Roxana Reyes, presidenta ejecutiva de los equipos técnicos de la Fundación SUR Santa Cruz, cuestionó la excepción otorgada por el Decreto 915/26 para una operación con capitales extranjeros en Península Magallanes. En diálogo con Ahora Calafate, sostuvo que la decisión plantea dudas sobre la igualdad ante la ley, la motivación y publicidad del acto administrativo, la aplicación de la Ley de Tierras Rurales y del régimen de zonas de frontera, además de la participación ciudadana y el procedimiento ambiental. La fundación pidió acceder al expediente completo, suspender los efectos del decreto mientras se revisa la documentación y no descarta recurrir a la Justicia.