En las primeras declaraciones de un funcionario provincial sobre el Decreto 915, el presidente del Consejo Agrario sostuvo que existen críticas basadas en información incompleta y aseguró que “no hay nada que ocultar”. Sin embargo, el organismo que conduce no respondió el pedido del diputado Carlos Alegría ni la solicitud formal realizada por una institución empresaria de El Calafate, presentadas hace cuatro meses. El Gobierno firmó el decreto el 1° de septiembre y recién publicó una versión sintetizada el día 22. Garay brindó algunos detalles del proyecto y confirmó que irá a dar explicaciones a los Diputados, que ayer en forma unánime también criticaron la falta de información y exigieron el decreto completo.

El cuerpo aprobó una resolución que solicita a la Legislatura provincial el pronto tratamiento del proyecto presentado por la diputada Lorena Ponce para proteger a usuarios con dificultades económicas. El concejal Leonardo Mardones advirtió que en El Calafate se están registrando cortes de luz y gas a familias que no logran afrontar las facturas y reclamó una respuesta diferente de las empresas estatales. Durante la sesión del Concejo Deliberante sostuvo que los servicios son esenciales en la Patagonia y señaló que hay hogares que hoy deben elegir entre comprar alimentos o pagar las boletas.

El choque ocurrió durante la noche del jueves en la intersección de Calle 60 y avenida Circunvalación, de Río Gallegos. En uno de los vehículos viajaban la esposa y los dos hijos del juez de Instrucción de El Calafate, Carlos Albarracín. Su hija sufrió una fractura expuesta de fémur, fue operada de urgencia y permanece internada en terapia intensiva, aunque se encuentra fuera de peligro.

La exdiputada nacional Roxana Reyes, presidenta ejecutiva de los equipos técnicos de la Fundación SUR Santa Cruz, cuestionó la excepción otorgada por el Decreto 915/26 para una operación con capitales extranjeros en Península Magallanes. En diálogo con Ahora Calafate, sostuvo que la decisión plantea dudas sobre la igualdad ante la ley, la motivación y publicidad del acto administrativo, la aplicación de la Ley de Tierras Rurales y del régimen de zonas de frontera, además de la participación ciudadana y el procedimiento ambiental. La fundación pidió acceder al expediente completo, suspender los efectos del decreto mientras se revisa la documentación y no descarta recurrir a la Justicia.