Santa Cruz Por: Ahora Calafate04/06/2024

El fallo sobre el freno de suba de tarifas ahora alcanzará a toda la provincia de Santa Cruz

Después de la presentación del amparo por el Gobierno Provincial en Caleta Olivia a principios del mes de mayo y a favor de la zona norte de la provincia, el Juzgado Federal de Rio Gallegos dicto la medida cautelar que revoca los aumentos en las tarifas para la zona sur de la misma. La vigencia es de seis meses y  “Representa un alivio para las familias santacruceñas”, anuncian desde el Gobierno de la Provincia sobre este fallo.

En el mismo acto, se notificó al municipio de Río Gallegos la medida favorable para el mismo, y de esta forma, el Juez Federal, Claudio Vázquez, firmó la medida que tiene vigencia por los próximos 6 meses. En su fallo, el magistrado determinó “hacer lugar a la medida innovativa interesada por la parte actora en relación al colectivo representado - usuarios residenciales del servicio de gas con domicilio en las localidades que comprenden los Departamentos Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike de la Provincia de Santa Cruz”.

Enargas esta obligado a “comunicar en forma inmediata la presente medida cautelar a las empresas distribuidoras o subdistribuidoras del elemento a fin que, durante el plazo de 6 meses de su vigencia”.

Esto implicará, por consiguiente, “abstener la aplicación de incrementos superiores al 300% en comparación con el mismo período de facturación del año anterior”. El magistrado agrega que, “en caso de haber ya aplicado y percibido sumas inferiores a ese tope, deberán compensar el excedente en la facturación de los períodos inmediatos y posteriores”.

El juez Vázquez determino que “la urgencia radica en la inminente afectación de la calidad de vida de los usuarios del servicio de gas que, ante la imposibilidad de afrontar las nuevas tarifas propuestas, se vean impedidos de obtener dicho servicio público”.

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Los fallos refieren a compensaciones del Consenso Fiscal 2017 y al financiamiento del sistema previsional santacruceño. Esta última es porque desde enero del año pasado el Estado Nacional no ha girado los fondos para compensar el déficit de la Caja de Previsión Social, como está acordado desde 1999. El máximo tribunal declaró su competencia originaria en las causas iniciadas por el gobierno de Vidal debido a deudas y transferencias incumplidas, aunque decidió que los reclamos continúen por la vía ordinaria y sin anticipar pagos.