Concejal denunciado calificó de “escandalosa” la intención de suspenderlo

Ignacio Moreno Hueyo aseguró que presentará un pedido de reconsideración a sus pares, argumentando que el trámite de suspensión es violatorio de sus garantías constitucionales. Adelantó que hará las presentaciones legales necesarias para dejar sin efecto la decisión de apartarlo del cargo. Habló con Ahora Calafate y vinculó el hecho a sus diferencias políticas

Como informó AHORA CALAFATE, en el día de ayer la comisión de Legislación, Interpretación, Reglamento, Reglamentación de la participación Ciudadana emitió un despacho con el fin de suspender en forma preventiva al concejal Ignacio Moreno Hueyo, quien enfrenta una denuncia por “Maltrato y Violencia de genero en el ámbito laboral”

La acusación proviene de parte de la ex secretaria del bloque parlamentario, quien a comienzos de marzo presentó su renuncia por tales circunstancias.

La suspensión preventiva propuesta incluye el apartamiento de Moreno Hueyo de su cargo hasta tanto se expida el Juzgado Civil de El Calafate, quien tramita la causa. Sobre el concejal también pesa una prohibición de acercamiento a la mujer denunciante y de comunicación de cualquier, y mención en redes sociales.

Concejal será suspendido tras una denuncia por maltrato y violencia laboral

Al ser consultado por Ahora Calafate Moreno Hueyo afirmó que presentará un pedido de reconsideración y calificó como “de carácter escandaloso que se lo corra del cargo por una mera denuncia en donde ni siquiera estoy por condenado, ni imputado”.

El edil dijo además que la denuncia en su contra es “totalmente infundada. Pero a todas luces está ocurriendo que, por la mera sospecha, se me está corriendo del cargo. Se está pasando por arriba de mis garantías individuales, por la presunción de inocencia. Y al mismo tiempo se está dañando los derechos a los que represento, y que me votaron para representarlos”

También aseguró a Ahora Calafate que “la herramienta de suspensión preventiva no existe. No tiene figura legal”

“Ellos (por el resto de los concejales) están legislando y estableciendo un antecedente jurisprudencial que no les corresponde. Es escandaloso”, exclamó Moreno Hueyo

“Obviamente que esto tiene carácter político. Y es porque yo soy el único opositor en el Concejo Deliberante”, agregó el edil denunciado quien días atrás conformó el bloque unipersonal Cambia Chalten, y ya no pertenece mas al de Encuentro Vecinal, que ahora solo integra Estefanía Leyes.

             El Chaltén, 05 de Setiembre de 2024.

Comunicado de prensa

 En atención a los hechos acontecidos en el día de ayer en los que  la comisión de Legislación, Interpretación, Reglamento, Reglamentación de la participación Ciudadana emitió un dictamen con el fin de sancionar en una futura sesión una resolución suspendiendo preventivamente al concejal Moreno Hueyo, apartándolo de su cargo hasta tanto la judicatura de la causa se expida en la causa que se tramita bajo el expediente N° 3988/2024, se hace saber a la comunidad que el concejal no desconoce los alcances de la ley de Género, ni desconoce los derechos laborales acordados por la OIT, pero existen garantías constitucionales como el principio de inocencia, el debido proceso, el derecho a la representación política, entre otros, que no pueden vulnerarse de manera preventiva dada la gravedad institucional que representarían tales medidas para el estado derecho y las bases republicanas de toda democracia.

La pretensa suspensión del cargo sin que exista sentencia, sin que exista un procesamiento formal, únicamente una medida cautelar que se dicta en todas las denuncias de forma unilateral y sin que se hayan probado o constatado hechos de violencia, equivale a penar sin juicio previo, esto es, a invertir el principio de inocencia y el debido proceso.

Por ello, se presentará un pedido formal de reconsideración con el fin de que se declare la improcedencia del dictamen y de esta forma se detenga un proceso que a todas luces es violatorio de las garantías constitucionales que amparan a los ciudadanos.

La “sanción” de interrumpir un mandato constitucional -libremente elegido y votado por los ciudadanos- sin una sentencia firme o un procesamiento formal pone en riesgo el sistema republicano y democrático. Por ello se realizarán las presentaciones legales pertinentes a fin de retrotraer la ilegitima pretensión. 

 

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