Gobierno denunció a una gerenta del Centro de Medicina Nuclear de Santa Cruz
Tras la auditoría que realizó el Ministerio de Salud y Ambiente a la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Patagonia Austral (CEMNPA), se observaron una serie de irregularidades, tales como un aumento salarial al personal fuera de convenio y en particular a las gerencias que superan los 5 millones de pesos netos. El hecho fue denunciado ante la justicia.
A fines del mes de agosto, el ministro de Salud y Ambiente, Ariel Varela, designó a Mariano Caressano, jefe de Departamento de Actividades Administrativas y Gestión del organismo a su cargo, para que lleve adelante una auditoría en la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Patagonia Austral (CEMNPA), cuyas instalaciones están ubicadas en Piloto Lero Rivera N° 1291, en la ciudad de Río Gallegos.
La misma tuvo como objetivo principal, evaluar el funcionamiento de los procesos administrativos de dicho centro, identificando algunas irregularidades, y asegurar el cumplimiento de misiones y funciones de cada puesto laboral (Administrativo y Gerencial), trazabilidad de medicamentos, principales prestadores, ingreso y egreso de fondos.
Bajo esa premisa, el equipo del Ministerio de Salud y Ambiente, mantuvo mesas de trabajo y entrevistas con la comisión directiva, autoridades y personal del CEMNPA, lo que permitió detectar una serie de irregularidades como el incremento salarial al personal fuera de convenio, y en particular a las gerencias, las cuales en la actualidad perciben salarios que superan los 5 millones netos.
Ante este hecho, el Consejo de Administración del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Patagonia Austral convocó a una asamblea extraordinaria, en la cual se citó a la gerenta Administrativa, Lilia Villanueva, quien se habría autoaumentado su salario. En ese sentido, se detectó que no hay registro alguno de la existencia de alguna orden de incremento salarial oficial, considerándose al mismo como un acto de grave arbitrariedad, que podría poseer incluso, consecuencias penales.
En virtud de los resultados de la investigación, el equipo de trabajo del ministro de Salud y Ambiente, Ariel Varela, indicó la realización de la denuncia pertinente, que fue formalizada por la Comisión Directiva de la institución, ante la Fiscalía de primera instancia del Juzgado Nº 3.
El ministro pidió, además, a la dirección general de personas jurídicas, una investigación completa del destino de los fondos aportados por la provincia, que superan los 600 millones de pesos, durante el ejercicio 2024.
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