Ratifican la condena de 6 años por corrupción e inhabilitación política de por vida a Cristina Kirchner

El máximo tribunal rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de la expresidenta y también denegó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión y agregar el delito de asociación ilícita. La justicia le dio a Kirchner cinco días hábiles para presentarse ante los tribunales para ser detenida. 

La exmandataria anunció días atrás que se presentaría como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en septiembre.

Sin embargo, la confirmación de su condena por la máxima instancia judicial del país significa que ya no podrá presentarse a elecciones.

Cristina Kirchner es además la presidenta del Partido Justicialista (PJ), en cuya sede recibió el anuncio de la Corte, acompañada por legisladores y dirigentes de su espacio.

La expresidenta, quien niega los cargos en su contra, ha denunciado que es víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales políticos.

Tras conocerse el fallo, Kirchner dio un discurso ante sus simpatizantes agrupados en la calle frente a la sede del PJ en el que dijo que el "Partido Judicial" le había impuesto un "cepo al voto popular" con su condena.

También se refirió a lo que dijo durante el inicio de la causa, cuando debió sentarse en el banquillo de los acusados, en 2019. "Cuando fui a declarar dije que la sentencia ya estaba escrita y no me equivoqué", aseguró.

Según Kirchner, "el poder económico concentrado" busca quitarla del camino porque "sabe que cuando este monigote que nos gobierna se caiga, cuando esto se desplome" no quieren "que el campo nacional y popular pueda organizarse".

Por qué fue condenada

La expresidenta fue condenada por la llamada "causa Vialidad", en la que se la acusó de haber direccionado obras públicas en Santa Cruz. Según la Fiscalía, días antes de que Néstor Kirchner asumiera como jefe de Estado, en 2003, crearon una empresa constructora llamada Austral Construcciones, a la que luego le adjudicaron la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.

Durante los 12 años en los que los Kirchner gobernaron el país, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de esa provincia patagónica.

Solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, los fiscales señalaron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios, estimando que la "cartelización organizada" desde el gobierno perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones.

De acuerdo con la causa, los Kirchner pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, quien actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.

Báez también fue condenado por esta causa, junto con otros siete exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya estaba detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.

Qué dice la expresidenta

La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a Cristina Kirchner con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.

"Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial", detalló la propia expresidenta en su cuenta de X (entonces Twitter) cuando fue condenada en primera instancia, en diciembre de 2022. Kirchner señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.

"El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación", observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que haber juzgado a quien fue el primer jefe de Gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: Alberto Fernández, con quien mantuvo una áspera relación cuando gobernaron juntos, antes de la llegada de Milei.

La expresidenta incluso remarcó que otro poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones en obra pública cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos de la oposición.

Y su defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.

No obstante, en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Kirchner.

Sentencia que, con la ratificación de la Corte Suprema -la última instancia judicial a la que podía apelar-, ahora queda firme, por lo que la líder política será detenida y no podrá participar en elecciones u ocupar cargos públicos de aquí en adelante.

"Presa o muerta"

El pasado domingo, durante un acto electoral y en medio de fuertes versiones en la prensa de que la Corte estaba por anunciar su decisión, Kirchner reiteró su denuncia de que sufre persecución política.

"Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo", afirmó.

El lunes, en un encuentro político del peronismo, la exmandataria se refirió a sí misma como una "una fusilada que vive".

También denunció una serie de actos de presunta corrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, y dijo que dado que nadie había sido detenido por estos casos, ni tampoco por endeudar al país con el Fondo Monetario Internacional, para ella "estar presa es un certificado de dignidad".