Casación confirmó que el juicio por el ARA San Juan se realizará en Santa Cruz
La sentencia, dictada por la Sala IV e integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, rechazó los recursos de casación presentados por el Ministerio Público Fiscal y la defensa del excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, quienes habían pedido trasladar el proceso a los tribunales federales de Mar del Plata o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El fallo que Ahora Calafate reproduce al pie de esta nota, lleva las firmas de los tres magistrados y fue dictado ayer 6 de octubre. Los jueces Hornos y Borinsky conformaron la mayoría que decidió mantener la competencia territorial en Santa Cruz, mientras que Carbajo votó en disidencia al considerar que el caso debía tramitar en Mar del Plata, ciudad donde se encuentra el comando de la Fuerza de Submarinos y desde donde partió la última misión del ARA San Juan.
Los argumentos del fallo
La decisión de Casación se centró en el debate sobre la competencia territorial para juzgar los hechos que derivaron en el hundimiento del submarino ocurrido en noviembre de 2017.
El juez Javier Carbajo, en su voto, sostuvo que el lugar natural del proceso debía ser Mar del Plata, ya que desde esa base se emitieron las órdenes operativas que dispusieron la salida al mar del ARA San Juan y donde además se registró la última comunicación antes de la tragedia. En su criterio, el tribunal de Santa Cruz carece de competencia, dado que el lugar del hundimiento se encuentra más allá de las 200 millas náuticas —límite territorial establecido por ley—, por lo que correspondía aplicar la normativa que asigna competencia al “primer puerto argentino de arribo”, en este caso Mar del Plata.
En cambio, los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky votaron por mantener la competencia en Santa Cruz, al considerar que no es posible determinar con precisión dónde se cometió el delito y que, en tales casos, debe aplicarse la regla subsidiaria prevista en el artículo 38 del Código Procesal Penal, que otorga competencia al tribunal que “previno en la causa”.
Los magistrados de la mayoría destacaron además que la investigación se tramitó durante siete años en esa jurisdicción, que allí se reunieron las pruebas principales y que el proceso se encuentra en etapa de juicio, con la prueba ya ofrecida por todas las partes. Por lo tanto, afirmaron que trasladar la causa a otra jurisdicción podría generar dilaciones innecesarias y afectar el principio de economía procesal.
El caso ARA San Juan
El submarino ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo, durante una misión de patrullaje en el Atlántico Sur. Su búsqueda se extendió durante más de un año, hasta que fue hallado el 17 de noviembre de 2018 por la empresa Ocean Infinity, a unos 920 metros de profundidad y a más de 250 millas náuticas de la costa argentina.
La investigación judicial comenzó en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, a cargo de la jueza Marta Yáñez, y se centró en determinar las responsabilidades penales de altos mandos de la Armada Argentina por presunto estrago culposo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio.
Entre los imputados se encuentran el exjefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Luis Enrique López Mazzeo, y el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, entre otros.
Juicio en Santa Cruz
Con esta decisión, la Cámara de Casación ratifica la competencia del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos, para llevar adelante el juicio oral y público.
El tribunal de alzada aclaró que la medida no invalida lo actuado en la instrucción, que se desarrolló íntegramente en Santa Cruz, y ordenó que el tribunal de juicio avance con celeridad en la fijación de fecha para el comienzo de las audiencias.
De esta forma, el fallo deja despejado uno de los principales obstáculos procesales que demoraban el inicio del juicio por la tragedia del ARA San Juan, una de las causas judiciales más sensibles de los últimos años, que busca establecer las responsabilidades penales por la pérdida del submarino y la muerte de sus 44 tripulantes.