A 100 AÑOS DE LA MASACRE DE OBREROS EN PUNTA ARENAS
Hoy se cumple exactamente un siglo de uno de los hechos más trágicos y menos conocidos de la historia social de la Patagonia. El 27 de julio de 1920, el Ejército de Chile, junto a fuerzas policiales, atacó e incendió la sede de la Federación Obrera de Magallanes (FOM) en la ciudad de Punta Arenas, en un operativo que dejó muertos, decenas de heridos y marcó a fuego la memoria del movimiento obrero regional.
El tema fue abordado en el programa Radio Activa, donde se dialogó con el historiador, sociólogo y cientista político chileno Manuel Rodríguez Uribe, residente en Punta Arenas, quien reconstruyó el contexto, el desarrollo y las consecuencias de aquel episodio, inscripto en un clima de extrema violencia social que atravesó a la Patagonia chileno-argentina en las primeras décadas del siglo XX.
Rodríguez Uribe explicó que el ataque a la FOM no fue un hecho aislado ni espontáneo, sino el resultado de un proceso previo de conflictos obreros y de un profundo temor de las élites terratenientes frente a la organización sindical. Uno de los antecedentes clave fue la rebelión de 1919 en el frigorífico Bories, en Puerto Natales, cuando trabajadores armados tomaron el pueblo durante tres días, un hecho sin precedentes en la historia del movimiento obrero regional.
Ese episodio, sumado a una huelga inédita de guardianes de policía —quienes reclamaban salarios impagos y llegaron incluso a refugiarse en la sede de la Federación Obrera—, generó un clima de pánico entre los sectores de poder. “Para las élites de la época, el mensaje era claro: los obreros podían tomar el control”, señaló el historiador.
Según la reconstrucción histórica, el asalto a la sede de la FOM comenzó en la madrugada del 27 de julio de 1920. Tropas del Ejército, policías y agentes civiles rodearon el edificio encapuchados y abrieron fuego durante horas. Vecinos del lugar recogieron luego más de mil casquillos de bala en las veredas. Hacia las tres de la mañana, las fuerzas ingresaron al edificio, donde se produjo un incendio intencional tras volcar un calefactor a leña en el salón principal.
Como resultado del ataque, al menos un policía murió durante el enfrentamiento y decenas de obreros resultaron heridos. Registros de la Cruz Roja de Punta Arenas consignan alrededor de treinta personas asistidas por heridas de bala, sable y golpes. En el lugar se hallaron cuerpos calcinados y, aunque inicialmente se identificaron tres, los registros del cementerio mencionan al menos siete víctimas fatales.
Uno de los aspectos más estremecedores que reveló Rodríguez Uribe es la presencia del propio gobernador del territorio, Alfonso Búnez Calvo, en el lugar del incendio, observando los hechos sin intervenir. Este dato surge de un extenso expediente judicial de más de 300 páginas al que el investigador pudo acceder años después, y que permitió revisar versiones oficiales que durante décadas responsabilizaron a los propios obreros por el incendio.
También se destacó el accionar del Cuerpo de Bomberos, que intentó sofocar el fuego pero fue impedido por el Ejército. Documentos originales de la época señalan que incluso se llegó a amenazar con el uso de armas para evitar que los bomberos ingresaran al edificio, lo que retrasó la intervención hasta que el incendio ya estaba completamente desatado.
Tras los hechos, la ciudad fue declarada en estado de sitio y el gobierno envió telegramas a Santiago con versiones contradictorias de lo ocurrido. La presión social y política derivó semanas después en la citación del gobernador a la capital chilena, quien nunca regresó a Punta Arenas.
A cien años de aquellos sucesos, el historiador destacó que el 27 de julio se mantiene como una fecha central en la memoria colectiva de Magallanes, con actos, romerías y conmemoraciones que incluso sobrevivieron a los años de dictadura en Chile. “Es una herida abierta, pero también una marca de identidad de una región con una fuerte tradición de lucha social”, afirmó.
Los hechos de Punta Arenas dialogan directamente con otros episodios de represión obrera en la Patagonia, como las huelgas rurales de Santa Cruz, y forman parte de una historia compartida a ambos lados de la frontera, atravesada por la organización sindical, la violencia estatal y la disputa por derechos básicos que, un siglo después, siguen interpelando al presente.