En ocho meses, el Juzgado de Instrucción de El Calafate redujo a la mitad las causas en trámite
A ocho meses de haber asumido al frente del Juzgado de Instrucción Penal y del Menor de El Calafate, el juez Carlos Albarracín trazó un primer balance de su gestión que combina resultados concretos con una mirada crítica sobre los desafíos pendientes.
El dato más contundente tiene que ver con la carga de trabajo. Cuando llegó al juzgado, el volumen de expedientes en trámite superaba ampliamente lo esperado. Hoy, ese número se redujo de manera significativa. “Hemos arrancado con un poco más de 1.500 causas en trámite … y hoy en día estamos trabajando casi con la mitad de esas causas”, afirmó Albarracín en entrevista con FM Dimensión.
La reducción no es menor si se tiene en cuenta la complejidad del fuero y el contexto en el que se desarrolla la actividad judicial. Albarracín no atribuye ese resultado a una decisión individual, sino a una lógica de trabajo sostenida en equipo. “Este trabajo yo solo no lo puedo hacer […] el grupo de trabajo fue fundamental”, indicó
En ese esquema incluye no solo a los secretarios y al personal del juzgado, sino también a la policía, el Ministerio Público Fiscal, los defensores y los distintos auxiliares de la justicia que intervienen en cada expediente.
Una radiografía del delito en El Calafate
Más allá de los números, el análisis del juez permite trazar un mapa de los delitos que hoy llegan con mayor frecuencia a la justicia.
Por un lado, se mantienen los delitos tradicionales contra la propiedad, como robos y hurtos. Pero al mismo tiempo, aparecen con fuerza otras problemáticas más complejas y sensibles.
“Hay un cúmulo importante de delitos contra la integridad sexual y delitos de violencia de género”, reveló Se trata de causas que, según explicó, requieren una intervención inmediata y con múltiples actores. “Son delitos que uno los tiene que abordar en forma inmediata”, ya que “detrás de cada expediente sabemos que hay una persona, hay una familia en riesgo”
En respuesta a esta realidad, el juzgado conformó un equipo específico dedicado exclusivamente a este tipo de casos, con el objetivo de garantizar un abordaje más ágil y especializado.
En paralelo, Albarracín advirtió sobre el crecimiento de un fenómeno que ya no es marginal: los ciberdelitos. Las estafas virtuales y otras modalidades vinculadas al uso de tecnología ocupan cada vez más espacio dentro de la agenda judicial.
“Se va protagonizando lo que es el tema de estafas virtuales, el cibercrimen” A diferencia de otros delitos, estos casos requieren pruebas técnicas específicas y dependen muchas veces de pericias informáticas, lo que agrega complejidad y tiempos al proceso.
Una justicia más ágil, pero con límites
El juez también puso en contexto los avances logrados, reconociendo que existen limitaciones estructurales.
La falta de personal es una de ellas, aunque destacó que, incluso en ese escenario, se lograron resultados. “Nos falta personal, pero con las herramientas que tenemos hemos podido lograr distintos resultados”
Al mismo tiempo, subrayó la importancia de la capacitación del personal, entendiendo que cada expediente implica una situación humana concreta.
Uno de los tramos más reflexivos de la entrevista estuvo vinculado al rol del sistema penal.
Albarracín fue claro al señalar que la Justicia interviene cuando el daño ya está hecho. “El Derecho Penal actúa cuando ya la situación ocurrió”
Desde esa perspectiva, insistió en la necesidad de fortalecer la prevención, tanto desde el Estado como desde la sociedad.
El mensaje apunta especialmente a las familias, en particular en relación con el cuidado de niños, niñas y adolescentes.
Consumo, violencia y delito
El juez también vinculó el crecimiento de ciertos delitos con el consumo problemático de drogas, señalando que si bien el narcotráfico es un delito competencia federal, sus efectos impactan directamente en la justicia provincial. “El consumo muchas veces hace que esto se aumente exponencialmente, cuanto más consumo tenemos, más aumenta el delito”
A esto sumó otra preocupación, que es el deterioro de situaciones previas al delito, como conflictos familiares, violencia o problemas de salud mental, que muchas veces terminan derivando en hechos delictivos.