La Emergencia Comercial no llega a los más chicos. Proponen ampliarla
A poco más de dos meses de la aprobación de la ley que declaró la emergencia comercial, industrial y PyME en Santa Cruz, un nuevo proyecto ingresado en la Legislatura provincial busca corregir una de sus principales limitaciones: la exclusión de pequeños comerciantes del sistema de beneficios.
La iniciativa, presentada por los diputados oficialistas Javier Jara, Patricia Urrutia y Fabiola Loreiro, tomó estado parlamentario en la última sesión ordinaria y comenzará ahora su análisis en comisiones.
La norma sancionada el pasado 19 de febrero había sido impulsada como una herramienta para sostener al sector comercial en un contexto económico adverso. Sin embargo, su implementación dejó al descubierto un problema: muchos de los comercios más pequeños no pudieron acceder a los beneficios.
El principal obstáculo estuvo en los requisitos formales exigidos para ingresar al régimen, que en numerosos casos no se corresponden con la realidad del entramado comercial.
En los fundamentos del nuevo proyecto se advierte que “un importante sector del comercio local queda excluido debido a exigencias formales que no reflejan la realidad socioeconómica actual”.
Incluir a quienes hoy quedan afuera
Frente a ese diagnóstico, la propuesta introduce una modificación central: permitir que los comerciantes puedan acceder a los beneficios aunque no tengan completa su documentación, siempre que acrediten actividad mediante habilitación municipal vigente o en trámite.
El objetivo es incorporar a pequeños comercios, microemprendimientos y unidades de subsistencia, que muchas veces operan en condiciones informales o con procesos administrativos incompletos.
“Se propone incorporar como criterio suficiente la habilitación municipal comercial, incluso en trámite”, señala el proyecto al que accedió Ahora Calafate.
Tarifas y costos: otro frente crítico
La iniciativa también apunta a uno de los principales problemas del sector: los costos fijos, especialmente los vinculados a servicios públicos.
En ese sentido, faculta al Poder Ejecutivo a gestionar esquemas de alivio tarifario transitorio, que permitan a los pequeños comerciantes acceder a condiciones similares a las de usuarios residenciales o categorías intermedias.
La medida busca reducir la presión económica en un contexto donde muchos negocios enfrentan caídas en la actividad.
Otro de los puntos destacados es que la ampliación no sea generalizada, sino focalizada. En ese sentido, el proyecto establece que la autoridad de aplicación deberá definir criterios para priorizar a los sectores más vulnerables, en función de su escala, facturación y capacidad económica.
En esa línea, se excluye en principio a sociedades como S.A. y S.R.L., salvo excepciones debidamente justificadas.
Regularizar sin quedar afuera
La propuesta también introduce un esquema de regularización progresiva, que permite incorporar a comerciantes informales sin consolidar esa situación.
Quienes accedan a los beneficios deberán iniciar los trámites correspondientes y demostrar avances durante la vigencia de la emergencia.
El mantenimiento de los beneficios dependerá de ese proceso, lo que busca generar un equilibrio entre inclusión y formalización.
“La propuesta no promueve la informalidad, sino que reconoce una realidad existente y procura integrarla”, sostienen los autores.
El proyecto incorpora además la posibilidad de implementar planes de pago para deudas, con quitas de intereses y facilidades, y promueve la participación de los municipios en la aplicación de la norma.
En ese marco, se los invita a adherir y avanzar en la simplificación de trámites y la regularización comercial, en articulación con la Provincia.
Una corrección sobre la marcha
La iniciativa aparece como un ajuste sobre una herramienta reciente, que en su implementación mostró limitaciones para alcanzar a los sectores más vulnerables.
Con este proyecto, los autores buscan ampliar el impacto real de la emergencia comercial, adaptándola a la dinámica del comercio local.
El debate ahora se trasladará a las comisiones legislativas, donde se definirá si la ley vigente se modifica para incluir a quienes, hasta ahora, quedaron afuera.