Provincia y Municipio acordaron regularizar aportes a la Caja de Servicios Sociales

El convenio firmado en El Calafate busca ordenar el financiamiento de la obra social provincial y avanzar en un esquema de compensación de acreencias entre ambas partes.

Tras un proceso de intensas negociaciones por deudas y acreencias mutuas, el Gobierno de Santa Cruz y la Municipalidad de El Calafate alcanzaron un acuerdo que apunta a regularizar los aportes a la Caja de Servicios Sociales (CSS), la obra social de los trabajadores estatales.

El entendimiento fue rubricado por el jefe de Gabinete provincial, Pedro Luxen, y el intendente Javier Belloni, y establece el inicio del pago regular de aportes mensuales por parte del Municipio, en una medida que busca dar mayor previsibilidad al sistema.

Según se informó oficialmente, el acuerdo tiene como objetivo ordenar el funcionamiento y garantizar la sostenibilidad de la obra social provincial, en un contexto donde el financiamiento y la continuidad de las prestaciones se han vuelto un tema central.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que este tipo de iniciativas resultan clave para fortalecer el sistema sanitario, asegurando recursos y mejorando la calidad de atención para los afiliados.

El convenio también contempla un punto sensible en la relación entre ambas administraciones: el avance hacia un esquema de compensación de deudas, que permitirá determinar y saldar las acreencias mutuas entre Provincia y Municipio.

Este aspecto forma parte del trasfondo de las negociaciones, en las que se buscó alcanzar un equilibrio que permita regularizar obligaciones pendientes sin afectar el funcionamiento de los servicios.

Con este acuerdo, El Calafate se suma a una línea de acción que el Gobierno provincial viene impulsando en distintos puntos del territorio, orientada a ordenar las cuentas de la Caja de Servicios Sociales y sostener un sistema considerado esencial para la comunidad.

Más allá de lo administrativo, el entendimiento impacta directamente en un área sensible: la cobertura de salud de trabajadores y trabajadoras estatales, que depende en gran medida de la regularidad de los aportes y del equilibrio financiero de la obra social.

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