Los jueces ya fueron nombrados hace cuatro años; ahora buscan al fiscal, pero una Cámara Federal de Santa Cruz sigue sin funcionar
Mientras la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena continúa sin iniciar sus actividades, el Ministerio Público Fiscal de la Nación dio un nuevo paso para completar su estructura institucional.
Mediante la Resolución PGN Nº 45/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el procurador general interino Eduardo Casal convocó al Concurso Nº 140 para cubrir, entre otros cargos, una vacante de Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, actualmente integrada administrativamente a la Unidad Fiscal Río Gallegos. El período de inscripción permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre.
La decisión vuelve a poner en escena a un tribunal federal cuya historia resulta tan extensa como particular. Aunque fue creado por ley hace más de una década y sus tres jueces ya fueron designados por el Senado de la Nación, la Cámara todavía no abrió sus puertas ni comenzó a ejercer la competencia para la que fue concebida.
Una Cámara creada por ley en 2015
La Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena fue creada mediante la Ley Nacional Nº 27.154, sancionada por el Congreso el 10 de junio de 2015 y promulgada pocos días después. La norma dispuso la creación del tribunal con asiento en esa localidad santacruceña, junto con tres cargos de jueces de Cámara, un Fiscal General y un Defensor Público Oficial.
Su creación modificó el mapa de la Justicia Federal en la Patagonia. Hasta entonces (y aún en la actualidad) las apelaciones provenientes de los juzgados federales de Río Gallegos, Caleta Olivia, Río Grande y Ushuaia son revisadas por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. La nueva Cámara fue concebida precisamente para asumir esa función y convertirse en el tribunal de alzada para Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En la práctica, cuando entre en funcionamiento, será la encargada de revisar causas penales, civiles y contencioso-administrativas de competencia federal, incluyendo investigaciones por narcotráfico, contrabando, delitos tributarios, causas ambientales, litigios contra el Estado Nacional y otros expedientes que actualmente son resueltos por el tribunal comodorense.
La elección de Comandante Luis Piedra Buena
Desde el momento mismo de su creación, uno de los aspectos más debatidos fue la decisión de fijar la sede en Comandante Luis Piedra Buena.
La ciudad nunca contó con un juzgado federal propio y tampoco concentra el mayor volumen de causas judiciales de la provincia. Durante el tratamiento parlamentario se argumentó que su ubicación geográfica, aproximadamente equidistante entre el norte y el sur de Santa Cruz, favorecía el acceso a la justicia para toda la jurisdicción.
Sin embargo, la elección generó cuestionamientos tanto dentro del ámbito judicial como político, especialmente porque el tribunal debía construirse prácticamente desde cero, sin infraestructura previa ni dependencias federales instaladas.
Los jueces ya fueron designados
Después de la sanción de la ley comenzó el proceso para cubrir las tres vocalías de la nueva Cámara. El Consejo de la Magistratura tramitó el Concurso Nº 364 y, tras la conformación de las ternas, el Poder Ejecutivo envió al Senado los pliegos de los candidatos seleccionados.
Finalmente, el 16 de noviembre de 2022, el Senado de la Nación prestó acuerdo para la designación de Carlos Augusto Borges, Marcelo Hugo Bersanelli y Nelson Andrés Sánchez como vocales de la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena.
Sin embargo, la designación de los tres magistrados no significó la puesta en funcionamiento del tribunal. La Cámara continuó formalmente “no habilitada”, como ya la denominaban los documentos del Consejo de la Magistratura durante la tramitación del concurso.
Por esa razón, las apelaciones federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego siguen siendo resueltas por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, exactamente igual que antes de la sanción de la Ley 27.154.
Un proyecto que también tuvo intentos de derogación
La demora en su puesta en marcha dio lugar a distintos proyectos legislativos que buscaron dejar sin efecto la creación del tribunal.
Los argumentos planteaban principalmente el costo que implicaría poner en funcionamiento una nueva Cámara Federal, la superposición de competencias con Comodoro Rivadavia y la inexistencia de infraestructura judicial en la localidad elegida.
Ninguna de esas iniciativas prosperó, por lo que la ley continúa plenamente vigente y la Cámara mantiene existencia jurídica, aunque todavía no haya iniciado su actividad.
El paso que acaba de dar la Procuración
En este contexto, la convocatoria para cubrir el cargo de Fiscal General representa un nuevo avance institucional.
La Resolución PGN Nº 45/2026 incluyó esa vacante dentro del Concurso Nº 140 junto con otros cargos de fiscales generales en distintas cámaras federales del país.
La convocatoria aclara que la Fiscalía General de Comandante Luis Piedra Buena actualmente integra la Unidad Fiscal Río Gallegos, situación que se mantendrá hasta que la Cámara pueda comenzar a funcionar con estructura propia.
El cargo tendrá la responsabilidad de representar al Ministerio Público Fiscal ante la futura Cámara Federal, interviniendo en los recursos y apelaciones que lleguen al tribunal una vez que éste entre en actividad.
Una estructura aún incompleta
La convocatoria al concurso para cubrir el cargo de Fiscal General constituye un nuevo paso en la conformación de la estructura prevista por la Ley 27.154. Esa norma no solo creó la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena, sino también los cargos de tres jueces de Cámara, un Fiscal General y un Defensor Público Oficial, indispensables para el funcionamiento integral del nuevo tribunal.
Los tres cargos de jueces ya fueron cubiertos tras el acuerdo otorgado por el Senado en 2022. Ahora, la Procuración General de la Nación inició el proceso para seleccionar al Fiscal General. En cambio, el cargo de Defensor Público Oficial aún permanece vacante, por lo que la estructura institucional diseñada por la ley todavía no está completamente integrada.