Diputados oficialistas acusan a policías que mantienen el reclamo de responder a intereses políticos
El bloque de diputados Por Santa Cruz difundió este martes un comunicado en el que respaldó la decisión del Gobierno Provincial de otorgar por decreto la última recomposición salarial para la Policía de Santa Cruz y sostuvo que la continuidad del conflicto responde a "intereses políticos" y no a un reclamo mayoritario dentro de la fuerza.
El pronunciamiento fue difundido luego de que el Gobierno informara un acuerdo con representantes de policías autoconvocados, lo que derivó en el levantamiento de las medidas de fuerza en varias localidades de la provincia.
En ese contexto, los legisladores oficialistas afirmaron que la situación se normalizó en casi toda Santa Cruz y que las protestas continúan únicamente en El Calafate y en "algunas divisiones de Río Gallegos".
Sin embargo, esa afirmación difiere de lo manifestado públicamente por los voceros del reclamo.
Como informó Ahora Calafate, durante la asamblea realizada el sábado frente a la Comisaría Segunda, representantes de la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria señalaron que las medidas también continúan en El Chaltén, Tres Lagos, 28 de Noviembre, Río Turbio y Julia Dufour, además de El Calafate y sectores de Río Gallegos.
"Cuestionable representatividad"
En el comunicado, el bloque oficialista sostuvo que el Gobierno "realizó el máximo esfuerzo para resolver el conflicto", luego de presentar 15 propuestas salariales, y defendió la decisión de otorgar la última oferta mediante la Resolución N° 342/26 del Ministerio de Seguridad, posteriormente ratificada por el Decreto Provincial N° 660/2026.
Los diputados señalaron que la recomposición ubica a la Policía de Santa Cruz "entre las tres fuerzas mejor remuneradas del país" y afirmaron que fue adoptada "con responsabilidad", procurando mantener el equilibrio de las cuentas públicas.
Al referirse a quienes continúan con las medidas de fuerza, el bloque expresó que se trata de un grupo de "cuestionable representatividad" y aseguró que el conflicto "ya no responde a un reclamo genuino de la mayoría de la fuerza", sino que está "atravesado por intereses políticos".
Los legisladores también vinculan esa situación con los municipios de El Calafate y Río Gallegos, administrados por intendentes de Unión por la Patria, al mencionar las deudas que ambas comunas mantienen con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales.
Los legisladores sostienen que esas obligaciones económicas "no pertenecen al Gobierno Provincial, sino que son recursos de todos los trabajadores santacruceños", y afirman que su incumplimiento limita la capacidad del Estado para continuar mejorando salarios e invertir en salud, educación, seguridad, viviendas y obras públicas.
Críticas a sectores políticos
En el tramo final del documento, el bloque Por Santa Cruz profundiza sus cuestionamientos al afirmar que "no toleramos más mentiras ni campañas de desinformación" y sostiene que quienes respaldan la continuidad del conflicto "son los mismos sectores políticos que durante años dejaron a las fuerzas de seguridad, a los docentes y al conjunto de los trabajadores públicos con salarios deteriorados y sin respuestas".
También acusa a esos sectores de haber utilizado a efectivos policiales, retirados y sus familias "para obtener un rédito político", y concluye que la seguridad pública "no puede quedar subordinada a especulaciones políticas".
Hasta el momento, la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria no emitió una respuesta oficial al comunicado difundido por el bloque de diputados oficialistas.