La Iglesia de la Patagonia salió a cuestionar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

La discusión del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, enviado por el Gobierno nacional al Congreso, suma en las últimas semanas una serie de pronunciamientos de instituciones y referentes de la Iglesia Católica. El más reciente y de mayor impacto para la región provino de la Pastoral Social Patagonia-Comahue, que difundió un documento conjunto firmado por equipos pastorales de seis diócesis patagónicas, incluida la de Río Gallegos.

El mensaje, titulado "En defensa del bien común frente a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada", expresa una "profunda preocupación" por la iniciativa legislativa y sostiene que la tierra, especialmente en la Patagonia, no puede ser entendida únicamente como un bien sujeto a apropiación privada.

La declaración lleva las firmas de los equipos de Pastoral Social de las diócesis de Alto Valle, Viedma, Neuquén, Río Gallegos, Rawson y San Carlos de Bariloche, constituyéndose en el pronunciamiento institucional más importante emitido hasta el momento por la Iglesia patagónica sobre este proyecto.

Una ley que aún se debate en el Senado

El proyecto, identificado como Expediente PE-13/2026, fue enviado por el Poder Ejecutivo a fines de marzo y actualmente continúa en tratamiento en el Senado de la Nación.

La iniciativa propone modificaciones en distintas normas vinculadas con la protección de la propiedad privada, entre ellas la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Manejo del Fuego, el Código Civil y Comercial, el Código Procesal y otras disposiciones relacionadas con la propiedad inmueble.

Desde el Gobierno nacional se sostiene que el objetivo es fortalecer la seguridad jurídica, reforzar los derechos de los propietarios frente a las usurpaciones y generar mejores condiciones para las inversiones y el desarrollo económico.

Tras varias reuniones informativas el proyecto obtuvo dictamen de mayoría el 20 de mayo, aunque con modificaciones respecto del texto original. Entre ellas, el oficialismo retiró del proyecto el capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares para tratarlo posteriormente en una norma específica.

Luego de un intento de llevarla al recinto en julio, el oficialismo resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.

"La Patagonia clama por justicia"

El documento difundido por la Pastoral Social Patagonia-Comahue pone el foco en la realidad regional.

"La tierra, especialmente en la Patagonia, no puede ser reducida a un objeto de apropiación exclusiva."

Más adelante, el texto agrega que "la Patagonia, territorio de pueblos originarios y de comunidades que buscan vivir en armonía con la creación, es un espacio que clama por justicia."

Los equipos pastorales advierten además sobre la concentración de tierras y recursos naturales.

"La concentración y la apropiación por compra de tierras en manos de unos pocos (sean argentinos/as o extranjeros/as), haciendo de esto un pingüe negocio inmobiliario y de los bienes que en ellas se encuentren (agua, minería, gas, bosques, etc.) contradice la enseñanza evangélica y la tradición de la Iglesia."

Rechazo a una propiedad "absoluta"

En uno de los apartados centrales del mensaje, la Pastoral Social fija su posición sobre el proyecto.

Los equipos firmantes rechazan toda legislación que absolutice la propiedad privada y desconozca su función social. También afirman que la tierra es un bien común, don de Dios, destinado a todos; y llaman a promover políticas que aseguren el acceso equitativo a la tierra y al trabajo; invitan a defender el territorio y la soberanía nacional; y manifiestan su adhesión a las acciones destinadas a impedir que la ley sea aprobada.

El documento concluye con un llamado explícito: "Nos sumamos a todas las acciones que se hagan para tomar conciencia, llamar la atención y lograr que la ley no sea aprobada."

La postura nacional de Cáritas, Pastoral Social y ENDEPA

El documento patagónico coincide con otro pronunciamiento difundido semanas antes por Cáritas Argentina, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).

En una carta abierta enviada a los legisladores nacionales, las tres instituciones expresaron que el proyecto "atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse."

El documento cuestiona especialmente tres aspectos del proyecto:

• La flexibilización de las restricciones para la compra de tierras rurales por extranjeros;
• Los cambios propuestos en la Ley de Manejo del Fuego;
• El debilitamiento del rol del Estado para planificar el uso del territorio y proteger el interés comunitario. Además, recuerda que:

"La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico" afirma el comunicado. Y sostiene que para las comunidades campesinas e indígenas la tierra constituye identidad, cultura, memoria y futuro, además de reclamar políticas que faciliten el acceso a la vivienda y un marco equilibrado para propietarios e inquilinos.

La Iglesia también participó del debate en el Senado

La posición eclesiástica no se limitó a la difusión de documentos.

Durante el inicio del tratamiento legislativo, el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, fue invitado a exponer ante las comisiones del Senado. Allí manifestó reparos sobre algunos capítulos del proyecto, particularmente aquellos vinculados con los barrios populares, al considerar que implicaban un retroceso en los procesos de integración urbana.

Posteriormente, el obispo de Chascomús, Juan Ignacio Liébana, también fue convocado por el Senado. En su exposición, titulada "Propiedad privada y dignidad humana", centró su análisis en la defensa del territorio, los riesgos de la extranjerización de tierras y la soberanía nacional, en el marco del debate sobre las modificaciones a la Ley de Tierras Rurales. La ponencia fue difundida oficialmente por la Conferencia Episcopal Argentina.

Un debate con fuerte impacto en la Patagonia

Los pronunciamientos adquieren una relevancia especial en la Patagonia, donde históricamente existen discusiones vinculadas con la propiedad de grandes extensiones rurales, el acceso público a lagos y ríos, la protección de los bosques nativos, los derechos de las comunidades originarias y el control sobre recursos estratégicos como el agua, la minería, el petróleo y el gas.

En ese contexto, la Iglesia patagónica sostiene que la legislación debe contemplar no sólo el derecho a la propiedad privada sino también su función social y el principio del bien común, recordando una cita de la encíclica Magnifica Humanitas:

"El bien común exige que los bienes creados —incluida la tierra— se orienten hacia el desarrollo integral de cada persona y de toda la comunidad."