Más de 750.000 hectáreas extranjerizadas en Santa Cruz figuran sin propietarios identificados
La extranjerización de tierras en Santa Cruz vuelve al Congreso, pocos días después del fuerte debate nacional que terminó con el retiro del capítulo que proponía modificar la Ley de Tierras Rurales del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La diputada nacional santacruceña Moira Lanesan Sancho presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional información detallada sobre la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas y sociedades extranjeras en Santa Cruz.
La iniciativa lleva también las firmas de Andrea Freites, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Gabriela Pedrali, la también santacruceña Ana María Ianni, Carlos Castagneto, Hugo Yasky, Nancy Sand y Jorge Chica.
De auerdo a la iniciativa analizada por Ahora Calafate, son 13 puntos mediante los cuales se pretende determinar no solamente cuántas hectáreas se encuentran extranjerizadas, sino quiénes son sus propietarios, de qué países provienen los capitales, cuándo adquirieron las tierras y dónde están localizadas.
Lanesan Sancho solicita que el Gobierno nacional informe específicamente sobre 752.308 hectáreas, aproximadamente el 3,2% de la superficie provincial, que aparecen en los registros como tierra extranjerizada pero cuyos propietarios no habrían sido debidamente informados o identificados.
Además, pide que Nación explique las “razones técnicas o administrativas” que justifican esa falta de información.
El pedido toma como referencia directa los trabajos del Observatorio de Tierras del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (PRIHA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, cuyos investigadores utilizan solicitudes de acceso a la información pública, catastros, registros censales y herramientas de georreferenciación.
En su segundo informe, publicado el 30 de enero de este año, el Observatorio señala precisamente que en Santa Cruz existen 752.308 hectáreas extranjerizadas cuyos propietarios no están informados en los datos obtenidos mediante pedidos de acceso a la
Los fundamentos del proyecto tienen un fuerte tono crítico. Allí se afirma que la iniciativa busca obtener precisiones frente a una “creciente opacidad informativa” y cuestiona lo que considera un debilitamiento de las capacidades estatales para relevar la extranjerización.
Magallanes: 26% de tierras extranjerizadas
Otro de los puntos que sobresale está en el centro-este de Santa Cruz. El proyecto señala que el departamento Magallanes tiene 509.486 hectáreas extranjerizadas, equivalentes al 26% de su superficie, y pregunta qué medidas de fiscalización se adoptaron teniendo en cuenta que ese porcentaje supera el límite del 15% contemplado por la Ley 26.737.
La investigación difundida por CONICET señala que, aunque aproximadamente el 5% del territorio argentino (más de 13 millones de hectáreas) está en manos extranjeras, el análisis por departamentos revela situaciones muy diferentes: identificó 36 distritos que alcanzan o superan el 15%.
Quiénes son
El pedido de informes pretende ir más allá de los porcentajes. Lanesan Sancho solicita discriminar las tierras pertenecientes a personas humanas extranjeras, personas jurídicas extranjeras y sociedades argentinas cuyo capital, participación, control o beneficiario final quede comprendido dentro de la Ley de Tierras Rurales.
Para las sociedades, pide identificar país de constitución, composición societaria, beneficiario final y cantidad de hectáreas.
Hay dos casos mencionados específicamente: los capitales italianos, que según los fundamentos tienen una presencia predominante en Santa Cruz, y los provenientes de Luxemburgo, a los cuales el proyecto atribuye al menos 16.000 hectáreas.
También solicita información sobre sociedades constituidas en jurisdicciones de baja tributación o paraísos fiscales.
Qué tierras compraron antes y después de 2011
Otro aspecto interesante es que el proyecto pretende reconstruir la evolución histórica de la propiedad extranjera.
Para eso pide identificar las tierras consideradas bajo el régimen de “derechos adquiridos”, es decir aquellas compradas antes de la entrada en vigencia de la Ley 26.737, el 28 de diciembre de 2011.
Nación debería informar quiénes son sus titulares, nacionalidad, superficie, ubicación y fecha original de adquisición.
Pero también se pide conocer todas las operaciones realizadas por personas o sociedades extranjeras después de diciembre de 2011 y, cuando corresponda, cuál fue el mecanismo utilizado para habilitarlas.
A la inversa, el proyecto solicita conocer cuántas hectáreas que anteriormente pertenecían a extranjeros fueron posteriormente transferidas nuevamente a personas o sociedades nacionales.
Frontera, glaciares, agua y minería
El pedido adquiere otra dimensión cuando se analiza dónde están ubicadas esas propiedades. La iniciativa solicita conocer cuántas hectáreas extranjerizadas están dentro de zonas de seguridad de frontera y si cumplieron con las autorizaciones correspondientes.
Pero además pide identificar las propiedades extranjeras asentadas sobre bosques nativos, áreas protegidas, zonas de relevancia minera, glaciares, ambientes periglaciares y cuencas hídricas estratégicas, además de cualquier otra zona considerada ambiental, productiva o estratégicamente relevante para Santa Cruz.
No es un punto menor en una provincia que concentra extensas áreas cordilleranas, reservas de agua dulce, recursos mineros y una extensa frontera internacional con Chile.
También preguntan por el RIGI
El proyecto incorpora un interrogante relacionado directamente con las grandes inversiones que se proyectan sobre Santa Cruz.
Solicita que el Ejecutivo informe si se registraron pedidos para adquirir tierras rurales vinculados a proyectos incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
En caso afirmativo, reclama conocer la superficie involucrada y qué recurso estratégico estaría asociado a esas tierras, distinguiendo entre minería, energía e hidrocarburos.
También pide determinar si existen tierras extranjerizadas superpuestas con territorios reclamados o relevados por comunidades indígenas.