Ley vigente, implementación pendiente: las dificultades de Santa Cruz con el nuevo Régimen Penal Juvenil
Desde el pasado 5 de septiembre, Argentina tiene en vigencia un nuevo Régimen Penal Juvenil que redujo de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser considerado penalmente responsable de un delito. Sin embargo, la aplicación de la nueva legislación encuentra a Santa Cruz en pleno proceso de adaptación, con establecimientos que todavía deben habilitarse, personal por incorporar y procedimientos que aún no están completamente formalizados.
El panorama surge de un informe oficial elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, que detalla los recursos disponibles y las medidas que se están tomando para implementar la Ley Nacional 27.801 en territorio santacruceño.
El documento, fechado el 1.º de octubre y firmado por la subsecretaria de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia, Melisa Peralta, fue remitido a la Cámara de Diputados provincial en respuesta a dos iniciativas legislativas.
Una de ellas fue presentada por Rocío García, del bloque Unión por la Patria, quien solicitó información sobre infraestructura, equipos profesionales, protocolos y adecuaciones normativas. La otra correspondió a Claudia Barrientos, del bloque Por Santa Cruz, que planteó especialmente las dificultades de implementación, la situación judicial de Zona Norte y la necesidad de establecer un plan gradual de adecuación.
Seis plazas disponibles y otras cuatro en preparación
Uno de los principales datos del informe al que accedió Ahora Calafate es la capacidad de alojamiento para adolescentes que, por decisión judicial, deban cumplir una medida de privación de libertad.
Santa Cruz dispone actualmente de seis plazas operativas, todas concentradas en Río Gallegos. Cuatro corresponden a alojamiento permanente y otras dos están destinadas a ingresos transitorios o a las primeras horas posteriores a una disposición judicial.
Estas instalaciones forman parte del denominado Dispositivo Convivencial I, dependiente del área provincial de Niñez y Adolescencia.
El Gobierno informó que está trabajando en la adecuación de un segundo establecimiento, ubicado junto al primero, que permitirá incorporar cuatro plazas adicionales de alojamiento permanente.
Con esa ampliación, el complejo de Río Gallegos alcanzaría una capacidad total de diez plazas, incluidas las dos de carácter transitorio.
Para habilitar el nuevo sector se realizan trabajos edilicios, conexiones entre ambos edificios, acondicionamiento de instalaciones y provisión de equipamiento. También está prevista la ampliación de la dotación de trabajadores.
Al momento de la elaboración del informe Santa Cruz no registraba adolescentes privados de libertad en todo el territorio provincial. Por lo tanto, las dificultades identificadas se relacionan con la capacidad de respuesta del sistema frente a eventuales casos, y no con una situación de sobreocupación de los establecimientos existentes.
Zona Norte todavía no tiene un centro especializado
La distribución territorial de los recursos constituye otro de los problemas reconocidos por el Gobierno.
En toda la Zona Norte de Santa Cruz no existe actualmente un establecimiento específico para el alojamiento de adolescentes sometidos al régimen penal juvenil.
Frente a esta situación, el Ministerio de Desarrollo Social informó que está realizando gestiones para crear y acondicionar un dispositivo especializado, y que Caleta Olivia y Las Heras son las dos localidades consideradas como posibles sedes.
Por ahora no se precisa dónde se instalará, cuánto demandará su puesta en funcionamiento ni cuándo podría concretarse.
Mientras tanto, la Provincia plantea un sistema de intervención diferenciado. Las medidas socioeducativas que no requieren privación de libertad se desarrollan en las localidades de residencia de los adolescentes, mediante los equipos locales de protección de derechos y su articulación con la Justicia.
En cambio, cuando un juez dispone excepcionalmente una medida de alojamiento especializado, la atención queda centralizada en el establecimiento provincial de Río Gallegos, incluso si el adolescente reside en otra localidad.
Esta situación también alcanza a El Calafate. El informe señala que nuestra localidad cuenta con competencia penal juvenil acumulada en el Juzgado de Instrucción, al igual que Pico Truncado, Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz, Las Heras y Río Turbio.
Para el seguimiento de las medidas que pueden cumplirse en libertad, intervienen los equipos de protección de derechos de cada localidad, en coordinación con los organismos judiciales.
Personal por incorporar y protocolos todavía pendientes
La implementación del nuevo régimen también requiere adaptar los equipos de trabajo. Actualmente, el Dispositivo Penal Juvenil de Río Gallegos cuenta con cinco integrantes en su equipo técnico interdisciplinario: profesionales de Trabajo Social, Psicología, Psicopedagogía, Pedagogía Social y Acompañamiento Terapéutico.
A ellos se suman trece operadores convivenciales de planta permanente, organizados mediante turnos y guardias para garantizar atención durante las 24 horas.
El Gobierno informó que está gestionando la incorporación de otros catorce agentes, mediante mecanismos de articulación con el Ministerio de Seguridad. Se contempla la posibilidad de incorporar cadetes policiales o personal que deba ser reasignado a otras funciones, para completar la dotación existente y permitir el funcionamiento del segundo establecimiento.
Otro aspecto relevante es el de los procedimientos que deben aplicarse cuando un adolescente es aprehendido, ingresa a un establecimiento especializado, permanece allí o recupera su libertad.
En este punto, el propio Gobierno reconoce que todavía no dispone de un protocolo único formalizado bajo el nuevo régimen.
La Subsecretaría explica que está actualizando el protocolo de actuación ante adolescentes aprehendidos, con especial atención a las garantías que corresponden a quienes tienen 14 y 15 años.
Mientras se completa esa tarea, el funcionamiento de los dispositivos se rige por las normas institucionales ya existentes y por la intervención de los equipos técnicos, que deben evaluar cada situación individualmente.
La nueva legislación contempla tanto medidas socioeducativas y alternativas a la privación de libertad como sanciones de alojamiento en establecimientos especializados. Su aplicación exige procedimientos específicos, asistencia profesional, continuidad educativa y garantías para los adolescentes involucrados.
Las adecuaciones legales que todavía deben resolverse
La Ley Nacional 27.801 entró en vigencia el 5 de septiembre y reemplazó al régimen anterior y establece un sistema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 17 años. Además de las sanciones, incorpora medidas de acompañamiento socioeducativo, mecanismos de supervisión individual y disposiciones para la atención de las víctimas.
Su puesta en práctica requiere que las provincias adecuen sus procedimientos y estructuras institucionales.
En Santa Cruz, una de las cuestiones pendientes es determinar qué modificaciones deben realizarse en la normativa procesal provincial para compatibilizarla con la legislación nacional.
Sobre este punto, la Subsecretaría de Niñez aclaró que no tiene bajo su órbita la redacción de un anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal y que, hasta la fecha del informe, tampoco había recibido formalmente un texto definitivo.
Explicó que ese trabajo corresponde a otras áreas del Estado y debe involucrar al Poder Legislativo, al Ministerio de Gobierno y al Poder Judicial.
En paralelo, se conformaron mesas de trabajo interinstitucionales para coordinar la implementación de la ley, analizar las condiciones de los establecimientos y acordar mecanismos de actuación entre los distintos organismos.
También se puso en marcha un programa provincial de capacitación dirigido a equipos de Niñez, operadores socioeducativos, personal judicial y otros agentes que intervienen en el sistema.
Las actividades contemplan formación en derechos de adolescentes, medidas alternativas a la privación de libertad, justicia restaurativa y trabajo interdisciplinario.
Los acuerdos con Nación y un avance anunciado esta semana
Durante septiembre, el Gobierno de Santa Cruz firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia de la Nación para acompañar la implementación del nuevo régimen.
El acuerdo comprende tres grandes áreas: capacitación especializada, coordinación de supervisores y utilización de herramientas informáticas para registrar y realizar el seguimiento de adolescentes alcanzados por la ley.
Los supervisores son profesionales que deben acompañar y controlar el cumplimiento de las medidas dispuestas judicialmente, elaborar informes sobre la evolución de cada adolescente y coordinar las intervenciones necesarias.
El convenio incluido en la documentación remitida a Diputados establece que Nación pondrá a disposición herramientas y recursos técnicos para desarrollar estas funciones.
Sin embargo, el acuerdo no implica por sí mismo una erogación presupuestaria para las partes. Por lo tanto, no acredita una transferencia específica de fondos nacionales para ampliar o construir establecimientos en Santa Cruz.
En este contexto, el Gobierno provincial anunció un nuevo avance el lunes 19 de octubre. El ministro Sebastián Georgion y la subsecretaria Melisa Peralta mantuvieron una reunión en Buenos Aires con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, durante la cual recibieron los manuales de uso y las especificaciones técnicas del Sistema de Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil.
La plataforma busca unificar criterios de gestión y facilitar el registro, seguimiento y supervisión de adolescentes sometidos al nuevo régimen.
La entrega representa un paso en el cumplimiento del convenio firmado en septiembre, aunque todavía no se informó cuándo comenzará a utilizarse efectivamente el sistema en Santa Cruz.
Una ley en vigencia y una estructura que sigue adaptándose
La Provincia tiene previsto continuar el trabajo conjunto entre las áreas de Desarrollo Social, Seguridad, Educación, Salud y Justicia para completar las condiciones necesarias de implementación.
Entre las próximas actividades, el informe oficial menciona una reunión de seguimiento de la Mesa Interinstitucional prevista para hoy miércoles, donde deberían abordarse los avances y las tareas pendientes.
La situación expuesta por el propio Gobierno muestra que Santa Cruz ya cuenta con una estructura de atención y ha comenzado a desarrollar acciones para adecuarla, pero todavía debe resolver cuestiones importantes.
La ampliación de plazas de alojamiento, la creación de un centro en Zona Norte, la incorporación de personal, la aprobación de protocolos y las adecuaciones judiciales y procesales forman parte de esa agenda pendiente.
La nueva ley ya está en vigor en todo el país. En Santa Cruz, el desafío es completar las condiciones para aplicarla de manera efectiva, con una respuesta institucional que alcance a todas las localidades y garantice tanto el cumplimiento de las decisiones judiciales como los derechos de los adolescentes involucrados.