Este viernes comienza el juicio por los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz
Este viernes 23 de octubre comenzará en los tribunales federales de Comodoro Py uno de los juicios más importantes vinculados con los negocios de la familia Kirchner en Santa Cruz. Se trata de las causas Hotesur y Los Sauces, en las que se investigan presuntas maniobras de lavado de activos mediante la explotación de establecimientos hoteleros y el alquiler de propiedades a empresas relacionadas con contratistas del Estado.
El proceso tiene una vinculación directa con El Calafate y El Chaltén, donde se encuentran varios de los inmuebles que forman parte de la investigación judicial.
Entre los principales acusados están la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner, el empresario Lázaro Báez, su hijo Martín Báez y los propietarios del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. La acusación estará representada por el fiscal Diego Velasco, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) interviene como querellante.
Los hoteles de El Calafate, en el centro de la investigación
Uno de los principales ejes del juicio será determinar si los establecimientos hoteleros de la familia Kirchner fueron utilizados para dar apariencia legal a fondos que, según la acusación fiscal, provenían de negocios irregulares con el Estado.
La causa Hotesur se concentra especialmente en los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, adquiridos por Néstor Kirchner en 2008.
De acuerdo con la investigación, ambos establecimientos fueron administrados durante varios años por Valle Mitre, una empresa vinculada con Lázaro Báez.
La Fiscalía sostiene que distintas compañías del grupo empresario transferían fondos a Valle Mitre, que posteriormente realizaba pagos por el alquiler y la explotación de los hoteles.
Entre las operaciones cuestionadas aparecen reservas de habitaciones y servicios hoteleros que, según los investigadores, no siempre habrían sido utilizados efectivamente.
La hipótesis judicial plantea que ese mecanismo permitió canalizar hacia las sociedades de la familia Kirchner parte del dinero obtenido por las empresas de Báez mediante contratos de obra pública en Santa Cruz.
Según la documentación de la acusación, entre 2008 y 2015 los Kirchner habrían recibido más de 28 millones de pesos por operaciones hoteleras vinculadas con ese grupo empresario.
La Fiscalía deberá demostrar durante el juicio que esos movimientos constituyeron maniobras de lavado de activos y no operaciones comerciales legítimas.
La causa Los Sauces y los negocios inmobiliarios
La segunda investigación se concentra en Los Sauces S.A., la sociedad familiar dedicada a la explotación inmobiliaria.
En este expediente se investigan contratos de alquiler de propiedades pertenecientes a los Kirchner, tanto en Santa Cruz como en otros puntos del país, con empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo.
La acusación sostiene que esos alquileres habrían servido para canalizar fondos hacia el patrimonio familiar mediante operaciones comerciales formalmente documentadas.
De acuerdo con la Fiscalía, el 88% de los ingresos por alquileres de Los Sauces entre 2009 y 2016 provino de empresas vinculadas con Báez y el Grupo Indalo.
La investigación también incluye operaciones relacionadas con el hotel La Aldea, de El Chaltén, adquirido por Los Sauces S.A. en 2009 y administrado durante un período por Valle Mitre.
Por lo tanto, aunque las causas se originaron en investigaciones diferentes, ambas comparten empresarios, sociedades comerciales, operaciones financieras y parte de los acusados.
Una decisión judicial de último momento
El inicio del juicio quedó confirmado después de una controversia entre distintos tribunales.
En septiembre, el Tribunal Oral Federal N.º 5 había decidido separar los expedientes, estableciendo que Los Sauces comenzaría el 23 de octubre de 2026 y Hotesur recién el 19 de marzo de 2027.
Sin embargo, la Fiscalía y la UIF apelaron esa decisión al considerar que separar las investigaciones dificultaría reconstruir el supuesto circuito de lavado de dinero.
Finalmente, el martes 20 de octubre, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió por mayoría revocar esa separación y disponer que ambos expedientes sean juzgados conjuntamente.
La decisión fue adoptada con los votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, mientras que Alejandro Slokar se pronunció en disidencia.
De esta manera, se confirmó que el juicio comenzará este viernes 23 de octubre, a las 10 de la mañana, incluyendo desde su inicio las dos causas.
Cristina y Máximo Kirchner podrán participar por videoconferencia
Otra decisión adoptada en las últimas horas se refiere a la presencia de los acusados durante la primera audiencia.
El Tribunal Oral Federal N.º 5 autorizó que Cristina y Máximo Kirchner, al igual que los restantes imputados, puedan seguir de manera virtual la etapa inicial del proceso, durante la cual se realizará la lectura de los requerimientos de elevación a juicio.
Los abogados defensores deberán concurrir personalmente a los tribunales de Comodoro Py.
La autorización es excepcional y no implica que todo el juicio vaya a desarrollarse de manera remota. Para las siguientes etapas, especialmente cuando corresponda tomar declaraciones indagatorias, la regla general será la presencialidad.
Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo una condena de seis años de prisión domiciliaria por la causa Vialidad, mientras que su hijo Máximo afrontará su primer juicio oral por estos hechos.
Un expediente que lleva más de una década
La investigación por Hotesur comenzó en 2014 y la de Los Sauces en 2016.
En noviembre de 2021, el Tribunal Oral Federal N.º 5, con una integración diferente de jueces, había resuelto por mayoría sobreseer a los acusados sin realizar el juicio.
Esa decisión fue revocada en septiembre de 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó avanzar con el debate oral. En diciembre de 2024, la Corte Suprema rechazó recursos presentados contra la reapertura del proceso.
Una de las personas que quedó fuera del juicio es Florencia Kirchner, cuyo sobreseimiento fue confirmado por la Justicia.
Por su parte, las defensas de los principales acusados han rechazado las imputaciones y sostienen que los contratos de alquiler y las operaciones hoteleras fueron legales, documentados y realizados a través del sistema bancario. También cuestionaron distintas decisiones adoptadas durante la investigación y la organización del juicio.
Cuatro hoteles vinculados con las investigaciones
El proceso judicial vuelve a poner bajo atención nacional a varios establecimientos turísticos de Santa Cruz.
Según un relevamiento publicado el 19 de octubre por el diario La Nación, dos hoteles vinculados con la familia Kirchner continúan funcionando en El Calafate: Alto Calafate y Las Dunas.
En cambio, el hotel boutique Los Sauces-Casa Patagónica, también en El Calafate, permanece cerrado desde 2016.
En El Chaltén, el hotel La Aldea también se encuentra cerrado desde hace aproximadamente una década y su edificio permanece ocupado desde 2022.
Estos establecimientos tienen diferentes situaciones societarias y administrativas, pero sus operaciones históricas forman parte, en distinta medida, de los hechos examinados en los expedientes.
Con 19 acusados y cientos de testigos previstos, el juicio que comienza mañana abrirá una nueva etapa para dos investigaciones que llevan más de diez años en los tribunales.
Será durante el debate oral cuando se examine la documentación bancaria, contable y comercial, se escuchen los testimonios y se determine si los movimientos de dinero vinculados con los hoteles y propiedades de los Kirchner constituyeron operaciones legítimas o maniobras destinadas a ocultar fondos de origen ilícito.