Ficha Limpia, declaraciones juradas y Oficina Anticorrupción: tres proyectos que avanzan en la Legislatura
Tres proyectos que avanzaron durante las últimas semanas en distintas comisiones de la Legislatura buscan modificar aspectos centrales del régimen de ética, transparencia y control de la función pública en Santa Cruz.
Las iniciativas fueron presentadas por el diputado Pedro Muñoz, de la Coalición Cívica ARI, y actúan sobre momentos diferentes: quién puede ser designado funcionario, qué información sobre su patrimonio puede conocer la ciudadanía y qué organismo podría investigar administrativamente posibles hechos de corrupción.
Se trata de Ficha Limpia para la designación de funcionarios públicos, la apertura de las declaraciones juradas patrimoniales y la creación de una Oficina Anticorrupción de Santa Cruz.
Los tres proyectos atravesaron sucesivas comisiones y tienen a Legislación General como próxima instancia de tratamiento antes de quedar eventualmente en condiciones de llegar al recinto.
En diálogo con FM Dimensión, Muñoz sostuvo que hasta el momento las iniciativas fueron encontrando acompañamiento y que durante el recorrido se incorporaron observaciones técnicas.
“Hasta ahora felizmente no ha habido objeciones y hemos hecho las consultas técnicas para la modificatoria de nuestras leyes”, afirmó.
Ficha Limpia también para los funcionarios designados
El Proyecto de Ley 089/2025 busca modificar el artículo 17 de la Ley 3325 de Ética de la Función Pública para incorporar el concepto de Ficha Limpia en las designaciones de funcionarios provinciales.
El texto presentado originalmente establece que no podrían ser nombradas en cargos públicos personas condenadas por una extensa nómina de delitos, entre ellos cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, fraude contra la administración y lavado de activos cometido por funcionarios.
También incluye determinados delitos contra la integridad sexual y contra las personas.
En su redacción inicial, la prohibición comenzaba a regir desde una sentencia condenatoria confirmada por una segunda instancia, aunque todavía pudiera encontrarse recurrida y no hubiera adquirido firmeza. También contemplaba impedimentos para personas procesadas por genocidio, delitos de lesa humanidad, torturas, desaparición forzada y otros crímenes graves contra los derechos humanos.
Ese texto recibió posteriormente modificaciones durante el trabajo en comisión. Por eso, el alcance definitivo de las inhabilidades deberá surgir del despacho que finalmente llegue al recinto.
El proyecto ingresó originalmente en marzo de 2025 como complemento de otra propuesta de Muñoz destinada a establecer Ficha Limpia para candidatos a cargos electivos. En sus fundamentos señala que el objetivo es extender ese requisito también a las personas que son designadas dentro de la Administración Pública Provincial.
Durante octubre, el expediente aceleró su recorrido. El 19 de octubre, Asuntos Constitucionales lo aprobó por unanimidad con modificaciones y lo envió a Trabajo. El día siguiente, Trabajo volvió a aprobarlo por unanimidad y lo derivó a Asuntos Municipales. Horas después, Municipales también le dio despacho favorable Ahora resta Legislación General.
Muñoz explicó en FM Dimensión que espera que allí obtenga el último despacho necesario para quedar en condiciones de ingresar al recinto.
Declaraciones juradas: que “públicas” signifique accesibles para todos
El segundo proyecto, 123/2026, apunta directamente al patrimonio de quienes ejercen la función pública.
Santa Cruz ya posee un régimen de declaraciones juradas. La reforma propone que esas declaraciones sean públicas, de libre acceso y gratuitas a través de Internet.
“Nosotros tenemos declaraciones juradas, pero la que dice que es pública, finalmente no es pública”, dijo Muñoz en el programa "A Diario".
Los fundamentos del proyecto explican el motivo. Según señala el texto, la actual Ley 3034 permite un acceso muy restringido a la información patrimonial, fundamentalmente ante requerimientos judiciales, comisiones investigadoras o el propio interesado. La propuesta toma como referencia el sistema nacional establecido por la Ley 26.857.
Si se aprueba, cualquier persona podría consultar gratuitamente las declaraciones juradas en el sitio web oficial de la Provincia.
La iniciativa no plantea publicar indiscriminadamente toda la información personal del funcionario. Establece dos niveles. Por un lado, una declaración pública, donde pueda conocerse el patrimonio declarado. Por otro, un anexo reservado con información personal y patrimonial sensible del funcionario y de su núcleo familiar.
Muñoz explicó en FM Dimensión que allí quedarían protegidos datos como números de cuentas bancarias, tarjetas, determinados datos financieros o información precisa que pueda comprometer la privacidad.
El objetivo es que un ciudadano pueda conocer cuánto patrimonio declaró un funcionario al asumir y observar su evolución en los años posteriores.
Muñoz puso un ejemplo concreto: que la información permita advertir un eventual “crecimiento inexplicable” del patrimonio.
El proyecto agrega expresamente como obligados a presentar declaración jurada a “los candidatos a ejercer cargos públicos electivos provinciales”. Los fundamentos explican que la intención es que la ciudadanía pueda conocer el patrimonio de quienes aspiran a ejercer cargos electivos antes de votar.
Además, quienes ya se encuentren ejerciendo funciones al momento de entrar en vigencia la eventual ley tendrían 30 días para cumplir con la presentación prevista por el nuevo régimen.
El expediente ya obtuvo despacho de Asuntos Constitucionales y luego fue aprobado por unanimidad en Asuntos Municipales. Su próxima estación es también Legislación General.
Una Oficina Anticorrupción fuera del Poder Ejecutivo
El tercero es el proyecto más extenso. El 652/2025 propone crear la Oficina Anticorrupción de la Provincia de Santa Cruz (OASC) y transferirle funciones que actualmente corresponden al régimen provincial de ética pública.
El texto originalmente presentado plantea ubicarla en la órbita del Poder Legislativo, pero dotada de independencia funcional y sin dependencia jerárquica de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
Su misión sería prevenir, detectar e investigar administrativamente conductas contrarias a la ética pública y, cuando corresponda, denunciar ante la Justicia posibles hechos de corrupción.
El proyecto pretende además que la Oficina se convierta en autoridad de aplicación de las leyes provinciales 3034 y 3325 de Ética Pública, desplazando esa función de la estructura dependiente del Poder Ejecutivo.
Muñoz explicó que no pretende reemplazar al Tribunal de Cuentas ni a Fiscalía de Estado, sino sumar un organismo especializado que actúe de manera complementaria.
Desde empresas estatales hasta proveedores
El ámbito de actuación previsto en el texto original es amplio. Comprende la Administración Pública centralizada y descentralizada, entes autárquicos, sociedades del Estado y los poderes Legislativo y Judicial, respetando las competencias específicas de los organismos ya existentes.
También contempla empresas con participación estatal, municipios y comisiones de fomento cuando administren fondos provinciales y, en su relación con el Estado, contratistas, concesionarios y proveedores.
Una de las diferencias más importantes con los controles tradicionales es la forma de iniciar una investigación. El proyecto establece que la Oficina podría actuar por denuncia o de oficio.
Cualquier ciudadano, empleado público u organismo de control podría presentar información sobre presuntos hechos de corrupción o faltas éticas. El texto original prevé además un canal presencial y digital, la posibilidad de denuncias anónimas y mecanismos de reserva de identidad.
Muñoz destacó especialmente este punto en FM Dimensión: “Cualquier vecino puede hacer una presentación”.
La Oficina también podría iniciar actuaciones sin denuncia previa ante indicios surgidos, por ejemplo, de auditorías o información periodística.
El texto ingresado le asigna facultades importantes. La OA podría requerir expedientes y documentación a dependencias estatales, solicitar informes, citar testigos, realizar inspecciones y pedir colaboración técnica.
También contempla que pueda constituirse como querellante en procesos penales originados en sus investigaciones.
Muñoz informó que el proyecto había obtenido opinión favorable del Departamento de Asesoría Letrada y de la Oficina de Ética Pública y que algunas de sus sugerencias habían sido incorporadas antes del despacho. El 21 de octubre, Presupuesto y Hacienda lo aprobó por unanimidad.
Cómo se elegirían sus autoridades
El diseño original también intenta darle estabilidad al organismo. La Oficina estaría conducida por un titular y un adjunto, ambos abogados.
El titular sería designado por la Cámara de Diputados mediante mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros, tendría un mandato de seis años y podría ser reelegido una sola vez.
Para el adjunto se prevé un concurso público de antecedentes y oposición, con participación en la evaluación de representantes parlamentarios, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, del Colegio de Abogados y de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con ética pública.
El proyecto también contempla informes semestrales y una memoria anual que deberán ser públicos y publicados en Internet.
Tres herramientas que se complementan
Los tres proyectos pueden entenderse como piezas diferentes de un mismo esquema. Ficha Limpia actúa antes de una designación: establece antecedentes que impedirían ocupar determinados cargos. Las declaraciones juradas públicas permiten controlar qué patrimonio declara un funcionario y cómo evoluciona durante su paso por la función pública.
Y la Oficina Anticorrupción incorpora un organismo específico para recibir denuncias, iniciar investigaciones y llevar aquellos casos que correspondan ante la Justicia.
Muñoz considera que las herramientas se complementan con los controles existentes.
“Lo importante es tenerlo para ir acercándonos a mayores grados de transparencia”, afirmó en FM Dimensión.