Buscan que los acompañantes terapéuticos dejen de ser considerados auxiliares de salud
Los acompañantes terapéuticos cumplen una función cada vez más importante en la atención de personas que necesitan apoyo para desenvolverse en su vida cotidiana. Trabajan en hospitales, domicilios, establecimientos educativos y otros espacios, acompañando procesos vinculados con la salud mental, la discapacidad, la inclusión social y el desarrollo de la autonomía personal.
Sin embargo, en Santa Cruz la legislación vigente desde 2014 los define como auxiliares de salud, una condición que distintos sectores de la actividad vienen reclamando modificar desde hace años.
Ahora, un proyecto ingresado a la Cámara de Diputados provincial busca cambiar esa situación y reconocer al acompañamiento terapéutico como una profesión autónoma, con formación específica, responsabilidades propias y capacidad para intervenir en equipos interdisciplinarios sin subordinación técnica a otras profesiones.
La iniciativa fue presentada por los diputados Patricia Urrutia, Fabiola Loreiro, Adriana Nieto y Javier Jara, del bloque Por Santa Cruz. El expediente fue girado para su análisis a seis comisiones legislativas, entre ellas las de Salud, Educación, Trabajo, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.
Los cambios
La provincia cuenta desde 2014 con la Ley 3407, que regula la actividad de los acompañantes terapéuticos. Su artículo 2 establece que el acompañante terapéutico es un auxiliar de salud preparado para integrar equipos interdisciplinarios, mientras que el artículo 3 dispone que su actividad debe ejercerse por solicitud e indicación de un profesional a cargo del tratamiento o seguimiento, o por disposición judicial.
El nuevo proyecto propone modificar sustancialmente esa relación. En lugar de considerar al acompañante terapéutico un auxiliar, lo define como un profesional con conocimientos y responsabilidades propias, capaz de diseñar, implementar y evaluar estrategias de acompañamiento dentro de su campo de actuación.
Además, establece que una indicación médica o terapéutica no implica subordinación jerárquica ni dependencia técnica respecto de otros profesionales.
Esto no significa que los acompañantes puedan reemplazar a médicos, psicólogos, psiquiatras u otros especialistas. El propio texto prohíbe expresamente realizar diagnósticos clínicos, prescribir medicamentos o ejecutar prácticas reservadas a otras profesiones.
Lo que se busca es que puedan intervenir con autonomía dentro de sus competencias, manteniendo el trabajo coordinado con los demás integrantes de los equipos de atención.
Título obligatorio y cinco años para regularizarse
Otro de los puntos centrales es la formación necesaria para ejercer la actividad. El proyecto a cuyo texto accedió Ahora Calafate establece que los acompañantes terapéuticos deberán contar con un título oficial de nivel técnico superior, universitario o de grado, expedido por instituciones reconocidas.
También exige la inscripción previa en un registro provincial, que estará bajo responsabilidad de la autoridad de aplicación.
Si bien la ley vigente ya establece requisitos de titulación y contempla un registro profesional, la nueva iniciativa incorpora un mecanismo especial para quienes comenzaron a trabajar después de realizar cursos o capacitaciones.
El artículo 25 dispone que estas personas podrán inscribirse, por única vez, en un registro transitorio que les permitirá continuar ejerciendo.
A partir de la reglamentación de la eventual ley, tendrán un plazo máximo de cinco años para completar los trayectos de formación y obtener la titulación requerida. Esta disposición busca dar una respuesta a quienes llevan años trabajando en el sector sin contar con las certificaciones académicas que exige el nuevo régimen.
La iniciativa también contempla un sistema de sanciones para el ejercicio sin habilitación, incumplimientos éticos, violación de la confidencialidad y otras faltas profesionales. Las medidas podrán incluir apercibimientos, multas, suspensión de la matrícula y cancelación definitiva.
Un reclamo que lleva varios años
La propuesta legislativa tiene antecedentes en reclamos que acompañantes terapéuticos de distintas localidades santacruceñas vienen realizando para lograr mayor reconocimiento de su actividad.
En 2021, la entonces diputada Laura Hindie presentó un proyecto para reemplazar la Ley 3407 y establecer un nuevo régimen profesional.
Esa iniciativa fue analizada durante 2022 en una comisión legislativa con participación de acompañantes terapéuticos de Río Gallegos, Caleta Olivia, Río Turbio, Pico Truncado y El Calafate.
Entre los objetivos planteados ya aparecían la necesidad de regularizar distintas formaciones académicas, mejorar las condiciones de trabajo y establecer un sistema provincial de registro y control profesional.
En 2023 hubo otro intento de avanzar con una reforma, que tampoco llegó a convertirse en ley.
Durante este año los reclamos volvieron a adquirir visibilidad. En septiembre, integrantes de la Agrupación de Acompañantes Terapéuticos de Río Gallegos participaron de la Feria Provincial del Libro y reunieron firmas para solicitar la actualización de la legislación antes de finalizar 2026.
Simón Asensio y Nazarena Kovacic, referentes del espacio, plantearon la necesidad de jerarquizar la actividad, mejorar los mecanismos de verificación de títulos y matrículas y diferenciar las funciones del acompañamiento terapéutico de otras tareas de cuidado.
Reuniones con legisladores antes de presentar el proyecto
En octubre también se conocieron gestiones de acompañantes terapéuticos de Caleta Olivia.
Un grupo de trabajadores mantuvo reuniones con el diputado provincial Javier Jara, en encuentros impulsados por el espacio de la senadora nacional Natalia Gadano, para avanzar en una propuesta legislativa, que luego canalizaron a través de la diputada Patricia Urrutia.
Precisamente Urrutia y Jara aparecen entre los cuatro firmantes del proyecto que ingresó a la Legislatura el 20 de octubre.
Entre los reclamos expresados por el sector se encuentran el reconocimiento de la autonomía profesional, la inclusión de quienes se formaron mediante cursos y las dificultades para obtener el pago de las prestaciones por parte de las obras sociales.
En sus fundamentos, los autores sostienen que la falta de una regulación moderna de la actividad ha favorecido situaciones de precarización laboral, inseguridad jurídica y dificultades relacionadas con el reconocimiento de las competencias profesionales.
Por eso proponen derogar la Ley 3407 y establecer un nuevo régimen basado en la autonomía, la formación específica, el respeto por los derechos de las personas acompañadas y la responsabilidad de cada profesional.
También se establece que el Ministerio de Salud provincial, o el organismo que determine el Poder Ejecutivo, estará a cargo del registro, la fiscalización y la aplicación del régimen disciplinario.
El proyecto todavía debe superar el análisis de las comisiones legislativas antes de llegar a una eventual votación en el recinto.