El caso Albarracín motiva un proyecto para evitar que jueces recién designados concursen por otros cargos

Los diputados Piero Boffi y Fernando Martínez Alfaro proponen modificar la Ley del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz para que jueces, fiscales y defensores públicos deban esperar tres años desde que asumen un cargo antes de participar en nuevos concursos provinciales. La iniciativa también contempla excluirlos de otros procesos de selección que tengan en trámite. Los fundamentos citan el caso de Carlos Albarracín, quien dejó el Juzgado de Instrucción de El Calafate poco más de un año después de asumir para incorporarse a la Cámara Criminal de Río Gallegos.

La reciente designación de Carlos Alberto Albarracín como juez de Cámara en Río Gallegos, que provocó una nueva vacante en el Juzgado de Instrucción Penal de El Calafate, es el antecedente directo de un proyecto de ley que busca cambiar las reglas para acceder a cargos judiciales en Santa Cruz.

La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados en la última sesión ordinaria de la Legislatura provincial. Sus autores son Mario Piero Boffi, diputado por Puerto San Julián, y Alfredo Fernando Martínez Alfaro, representante de Gobernador Gregores, quienes se alejaron del bloque oficialista durante este año.

El proyecto al que accedió Ahora Calafate propone incorporar un artículo a la Ley Provincial 3910, que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de organizar los concursos para seleccionar jueces, fiscales y defensores públicos.

La modificación establece dos condiciones. Quien resulte designado y asuma un cargo obtenido por concurso quedará automáticamente excluido de otros procesos de selección provinciales en los que esté participando. Además, deberá esperar al menos tres años desde su asunción para inscribirse en un nuevo concurso.

La restricción alcanzaría únicamente a los cargos del Poder Judicial de Santa Cruz y no impediría presentarse a concursos de otras jurisdicciones.

El antecedente que dejó El Calafate

Los fundamentos del proyecto mencionan expresamente la situación de Carlos Albarracín, quien asumió como juez de Instrucción Penal y Juvenil de El Calafate el 1° de septiembre de 2025, luego de superar el concurso correspondiente y obtener el acuerdo de la Legislatura.

Su recorrido por el Consejo de la Magistratura había incluido varias postulaciones. Albarracín encabezó los órdenes de mérito de los concursos 104 y 105, destinados a cubrir dos juzgados penales de Río Gallegos y el Juzgado de Instrucción de El Calafate, respectivamente.

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También se había inscripto en el Concurso 106, convocado para seleccionar un integrante de la Cámara Criminal de Río Gallegos. Esa inscripción se produjo antes de su asunción en El Calafate, pero el proceso continuó después y concluyó en diciembre de 2025, nuevamente con Albarracín en el primer lugar del orden de mérito.

El gobernador Claudio Vidal lo propuso para cubrir esa vacante y, tras un proceso legislativo que incluyó un rechazo inicial y una segunda presentación del pliego, obtuvo el acuerdo de la Cámara de Diputados el 22 de octubre de 2026. Al día siguiente juró como camarista.

De esta manera, Albarracín dejó el juzgado de El Calafate después de un año y menos de dos meses de ejercer como titular. Como anticipó Ahora Calafate esta mañana, el Consejo de la Magistratura ya convocó al Concurso 123 para designar a su reemplazante. Las inscripciones comenzarán el 1° de diciembre y el examen está previsto para el 15 de febrero de 2027.

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En los fundamentos de la iniciativa, los diputados señalan que el caso de Albarracín pone de manifiesto la importancia de establecer criterios legislativos claros que favorezcan la estabilidad en la cobertura de los cargos judiciales y eviten la sucesión de vacantes en períodos reducidos.

Los diputados que cambiaron su voto

Existe además una particularidad política. Boffi y Martínez Alfaro fueron dos de los tres legisladores que cambiaron su postura entre la primera y la segunda votación del pliego de Albarracín.

El 10 de septiembre ambos votaron en contra de su designación como camarista, cuando la propuesta del gobernador fue rechazada por 13 votos contra 10.

Después de que Vidal insistiera con la candidatura, la Legislatura volvió a tratarla el 22 de octubre. En esa oportunidad, tanto Boffi como Martínez Alfaro votaron a favor. También modificó su posición la diputada Claudia Barrientos. Esos tres cambios resultaron decisivos para revertir el resultado anterior y aprobar el nombramiento por 13 votos contra 10.

Menos de tres semanas después, los dos primeros presentaron el proyecto que pretende limitar la posibilidad de acceder a sucesivos cargos judiciales en períodos breves.

Otro dato es que Martínez Alfaro integra actualmente el Consejo de la Magistratura en representación del Poder Legislativo, por lo que participa del organismo encargado de administrar los concursos cuya regulación se propone modificar.

¿Qué permite actualmente el reglamento?

La legislación provincial y el Reglamento de Concursos vigente no establecen una espera general de tres años para que un magistrado que acaba de asumir pueda concursar por otro puesto.

Por el contrario, el artículo 59 del reglamento contempla expresamente la participación simultánea en varios concursos. Incluso permite que, cuando se trata de cargos de una misma especialidad, un aspirante sea evaluado mediante una única prueba y reciba un puntaje para cada proceso en el que se inscribió.

La participación en concursos anteriores también puede ser valorada como un antecedente profesional.

El proyecto no busca eliminar esas posibilidades para quienes todavía son postulantes. La restricción comenzaría a aplicarse cuando una persona asume efectivamente un cargo judicial obtenido mediante concurso.

Para comprender su alcance basta con volver al caso de Albarracín. Si esta disposición hubiera estado vigente cuando asumió en El Calafate, habría quedado automáticamente fuera del concurso que todavía tenía en trámite para acceder a la Cámara Criminal.

Los legisladores sostienen en sus fundamentos que la normativa provincial no contempla expresamente las consecuencias de una designación sobre otros concursos pendientes, ni establece un plazo mínimo para participar nuevamente.

También advierten que "la participación simultánea de postulantes en distintos procesos de selección, sumada a la posibilidad de acceder a sucesivas designaciones, puede generar movimientos sucesivos en la estructura judicial y la consecuente necesidad de iniciar nuevos procedimientos para cubrir los cargos que quedan vacantes".

Una regla que ya existe a nivel nacional

La propuesta tiene un antecedente concreto en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Consultas realizadas por Ahora Calafate permiten informar que el artículo 50 de su Reglamento de Concursos, aprobado mediante la Resolución 7/2014, establece una restricción equivalente. Cuando un candidato es designado magistrado y asume, deja de participar en los demás procesos de selección que tenga en trámite. Para inscribirse nuevamente debe esperar al menos tres años desde la toma de posesión.

Boffi y Martínez Alfaro mencionan expresamente esta disposición nacional y proponen incorporar el mismo criterio al régimen santacruceño.

En los fundamentos explican que la finalidad es "promover una mayor estabilidad en la cobertura de los cargos judiciales, optimizar los recursos institucionales destinados a los procesos de selección y evitar la reiteración de concursos en plazos breves como consecuencia de sucesivas designaciones".

El impacto sobre la carrera judicial

La eventual aprobación de la ley también tendría consecuencias para quienes buscan progresar profesionalmente dentro del Poder Judicial.

Por ejemplo, un abogado que acceda mediante concurso a un juzgado de primera instancia deberá esperar tres años antes de poder presentarse para ocupar una vacante en un tribunal de Cámara de Santa Cruz.

Esto podría favorecer una mayor permanencia de los magistrados en los cargos que aceptan, aunque también limitaría temporalmente las posibilidades de ascenso y reduciría la cantidad de profesionales habilitados para determinados concursos.

El proyecto tampoco contempla excepciones para aquellas situaciones en las que resulte difícil reunir suficientes postulantes calificados.

Otro aspecto pendiente de definición es cómo se aplicaría la nueva restricción a los magistrados que ya están en funciones, dado que el texto presentado no incluye una disposición transitoria que aclare sus alcances.

Estas cuestiones podrán ser analizadas durante el tratamiento legislativo de la iniciativa, que por ahora es un proyecto y todavía no modifica las condiciones vigentes para participar en concursos judiciales.