Diputados de la oposición quieren que una parte de la deuda que tome Santa Cruz se reparta entre los municipios

Un proyecto presentado en la Legislatura propone autorizar al gobernador Claudio Vidal a tomar deuda por hasta $200.000 millones, con la obligación de distribuir el 25% entre municipios y comisiones de fomento. Los aportes serían no reintegrables, se asignarían según los coeficientes de coparticipación y el costo del financiamiento quedaría a cargo del Gobierno provincial.

Diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley que propone autorizar al Gobierno de Santa Cruz a endeudarse por hasta 200.000 millones de pesos, pero establece una condición: una cuarta parte del dinero que se obtenga deberá distribuirse entre todos los municipios y comisiones de fomento de la provincia.

La iniciativa, identificada como proyecto 847/2026, ingresó el miércoles 11 de noviembre y tomó estado parlamentario durante la sesión del jueves 12. Fue presentada por los diputados de Unión por la Patria Rocío García, José Bodlovic y Daniel Peralta (Santa Cruz Somos Todos)

La propuesta establece que, del monto máximo autorizado, 150.000 millones de pesos se destinarían a atender las necesidades financieras de la administración provincial, mientras que los restantes 50.000 millones se distribuirían entre los gobiernos locales.

El financiamiento podría obtenerse mediante préstamos de entidades bancarias, emisión de títulos de deuda o Letras del Tesoro, exclusivamente en moneda nacional y con un plazo mínimo de amortización de doce meses.

Cómo se distribuirían los recursos

Uno de los aspectos centrales del proyecto al que accedió Ahora Calafate es que establece un mecanismo obligatorio para distribuir los fondos, sin dejar esa decisión a criterio del Gobierno provincial.

Cada vez que la Provincia reciba dinero de una operación de crédito autorizada por esta ley, el Ministerio de Economía deberá transferir el 25% a los municipios y comisiones de fomento dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Por ejemplo, si el Gobierno provincial consigue un préstamo de 20.000 millones de pesos, deberá distribuir 5.000 millones entre las localidades y podrá utilizar los otros 15.000 millones para sus necesidades de financiamiento.

El reparto se realizaría de acuerdo con los coeficientes establecidos por la Ley Provincial de Coparticipación y sus normas complementarias. De esta manera, cada localidad recibiría una proporción previamente determinada, según las reglas vigentes. El mecanismo también alcanzaría a El Calafate, El Chaltén y Tres Lagos.

Los aportes serían no reintegrables. Esto significa que las municipalidades y comisiones de fomento no tendrían que devolver el dinero recibido. Tampoco podrían aplicarse retenciones, descuentos o compensaciones sobre esos fondos.

El proyecto también establece prioridades para su utilización. En primer lugar, deberían destinarse al pago de salarios de los trabajadores municipales y a la recomposición de sus remuneraciones. Una vez cubiertas esas obligaciones, los recursos restantes podrían utilizarse para afrontar otros gastos de funcionamiento.

Otra disposición importante determina que el costo del endeudamiento quedaría exclusivamente a cargo del Tesoro provincial. Es decir, sería el Gobierno de Santa Cruz quien tendría que devolver el capital y pagar los intereses y demás gastos de las operaciones financieras.

Para afrontar esos compromisos, la Provincia podría ofrecer como garantía su propia porción de los recursos de coparticipación federal, pero no los fondos que corresponden a los municipios.

También se establecen mecanismos de control. Los gobiernos locales deberían rendir cuentas sobre la utilización del dinero, mientras que el Ministerio de Economía tendría que informar a cada uno los montos que le corresponden y presentar informes trimestrales a la Legislatura sobre las operaciones de crédito realizadas.

El planteo de los diputados

En los fundamentos, los autores advierten que numerosos municipios atraviesan dificultades para cubrir sus obligaciones salariales y los gastos necesarios para mantener los servicios públicos.

Sostienen que la pérdida del poder adquisitivo de los recursos coparticipados, el estancamiento de las regalías hidrocarburíferas y la reducción de transferencias nacionales agravaron la situación financiera de los gobiernos locales.

También cuestionan la forma en que se distribuyen los aportes extraordinarios de la Provincia. Según plantean, esos fondos se asignan sin criterios objetivos ni previsibles, quedando sujetos a las decisiones del Poder Ejecutivo.

Por eso, proponen que una parte del endeudamiento provincial llegue obligatoriamente a todos los municipios, mediante un mecanismo de distribución que impida asignaciones discrecionales.

El contexto del endeudamiento provincial

La iniciativa aparece mientras continúa sin resolución el pedido de endeudamiento por hasta 600 millones de dólares que el gobernador Claudio Vidal presentó en mayo ante la Legislatura. Aquel proyecto, destinado principalmente a financiar obras de infraestructura y otras necesidades provinciales, no consiguió el respaldo necesario y permanece pendiente de tratamiento.

Ante esa situación, el Ejecutivo avanzó con otras alternativas. En septiembre creó un programa de emisión de títulos públicos en pesos, inicialmente por hasta 450.000 millones. Mediante un decreto firmado el 4 de noviembre, ese límite fue reducido a 350.000 millones de pesos, con plazos de devolución de entre 12 y 36 meses.

El debate financiero también estuvo presente en la sesión del 12 de noviembre, cuando intendentes expusieron dificultades para afrontar salarios y el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, reconoció que el déficit provincial podría alcanzar los 450.000 millones de pesos durante este año.

En ese escenario, el proyecto opositor plantea otra autorización de endeudamiento, pero incorpora como condición que una parte de los recursos obtenidos se distribuya entre los gobiernos locales.

La iniciativa deberá ser analizada en comisiones y necesitará una mayoría especial de dos tercios de los diputados presentes para ser aprobada. Tampoco precisa cómo se articularía con el programa de títulos públicos que el Ejecutivo ya tiene autorizado.