Ahora el Tribunal Superior de Justicia ordenó inspección al Juzgado Civil de El Calafate

Después de las revisiones efectuadas en Río Gallegos y localidades del norte provincial, el máximo tribunal ordenó evaluar el trabajo diario del juzgado que conduce Alberto Ludueña. La tarea estará a cargo de la Cámara de Apelaciones y buscará determinar si existen deficiencias o demoras que requieran medidas correctivas.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, Gabriel Nolasco Contreras Agüero, ordenó realizar una "amplia inspección" sobre el funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de El Calafate, cuyo titular es el juez Alberto Abel Ludueña.

La decisión fue formalizada mediante una resolución firmada el 17 de noviembre de 2026, y publicada hoy en las redes oficiales del Poder Judicial. Se encomienda a la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial realizar una evaluación del funcionamiento y trabajo diario de la dependencia.

En los fundamentos, Contreras Agüero señala que es responsabilidad del Tribunal Superior garantizar una prestación de justicia correcta, eficiente y oportuna. También sostiene que las inspecciones periódicas constituyen una herramienta fundamental para "detectar falencias o demoras y adoptar las medidas correctivas que correspondan".

La resolución indica que ya se habían dispuesto inspecciones en distintas dependencias judiciales de la Primera y Segunda Circunscripción de Santa Cruz y que resulta necesario dar continuidad a ese proceso de evaluación.

Durante 2026, el Tribunal Superior de Justicia realizó controles similares que permitieron identificar importantes atrasos en la tramitación de expedientes y en el dictado de resoluciones.

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en Río Gallegos, donde fueron inspeccionados cinco juzgados: dos de los fueros Civil, Comercial, Laboral y de Minería y tres de Familia.

Los resultados, conocidos en octubre, revelaron un total de 2.192 actuaciones con distintos tipos de atrasos, entre ellas 219 sentencias pendientes, 60 resoluciones interlocutorias sin dictar y 1.155 escritos sin asignar ni proveer. También se identificaron cientos de expedientes que permanecían sin despacho.

Ante esa situación, el Tribunal Superior ordenó implementar medidas de reorganización y fijó un plazo máximo de dos meses para corregir los atrasos detectados.

En junio también se habían conocido los resultados de inspecciones realizadas en Caleta Olivia y Pico Truncado. En el Juzgado de Familia de Caleta Olivia se encontraron 1.020 escritos pendientes de despacho y numerosas actuaciones sin resolver desde fines de 2025.

En Pico Truncado se verificaron demoras en resoluciones judiciales, incluyendo expedientes que esperaban sentencia desde diciembre de 2024. El Tribunal Superior dispuso medidas correctivas y estableció un plazo de tres meses para regularizar la situación de las dependencias alcanzadas.

Más recientemente, el 30 de octubre, Contreras Agüero también ordenó inspecciones en los juzgados de Instrucción Penal de Las Heras y Pico Truncado, incluyendo un relevamiento específico de la causa por la muerte del trabajador minero Daniel Ochoa.

La situación del juzgado de El Calafate

La dependencia que ahora será inspeccionada está a cargo del juez Alberto Abel Ludueña, quien asumió en agosto de 2024. Además de su responsabilidad en los fueros Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia, Ludueña se encuentra actualmente a cargo, por subrogancia, del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil de El Calafate.

Como informó Ahora Calafate, esa función la asumió después de que Carlos Albarracín dejara el cargo para incorporarse a la Cámara Criminal de Río Gallegos, el pasado 23 de octubre. El Consejo de la Magistratura ya convocó a concurso para cubrir esa vacante.

La resolución que dispone inspeccionar el Juzgado Civil de El Calafate no menciona irregularidades específicas ni atribuye demoras o incumplimientos al magistrado. Tampoco establece una fecha para la realización de la inspección ni un plazo para la presentación de sus resultados.

Será la Cámara de Apelaciones la encargada de efectuar el relevamiento y determinar, a partir de sus conclusiones, si corresponde adoptar medidas para mejorar el funcionamiento de la dependencia.