El próximo 23 de julio se vence el plazo para ingresar a una de las 2 moratorias previsionales que todavía están vigentes en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Hasta ese día, pueden acceder a este beneficio mujeres de entre 60 y 64 años que no tengan los 30 años de aportes necesarios. Este programa les permite acceder a una jubilación y, en cuotas, completar los aportes faltantes por trabajos realizados entre los años 1995 y 2003.
Por otra parte, días atrás, en el Senado de la Nación se le dio media sanción a un proyecto de ley que crea un nuevo “plan de pago de deuda previsional” que permitiría a los trabajadores realizar los aportes faltantes para acceder a una jubilación.
La iniciativa, presentada por las senadoras Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio y los senadores Mariano Recalde y José Mayans -todos integrantes del interbloque Frente de Todos-, obtuvo el apoyo del oficialismo y aliados, mientras que Juntos por el Cambio se dividió entre abstenciones (18), ausencias (10) y rechazos (6).
Las moratorias previas y otras medidas
Las moratorias previsionales han sido usadas por distintos gobiernos y, en especial desde comienzos de los años 2000(por ejemplo, 2004, 2006 y 2014, durante el kirchnerismo), para permitir que las personas que llegan a la edad jubilatoria puedan acceder a una prestación a pesar de no cumplir con los 30 años de aportes necesarios.
Para atender la misma situación, en 2016 el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos) creó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un beneficio que representa el 80% de la jubilación mínima y que está destinada a personas con 65 años sin jubilación ni pensión. Actualmente, 236.112 personas reciben una PUAM y el haber medio es de $ 26.652, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Boletín Estadístico de la Seguridad Social.
En tanto, todos los meses se abonan 6.852.684 beneficios entre jubilaciones y pensiones, en el marco del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), es decir, sin tener en cuenta los regímenes especiales (en total, los beneficiarios son 5.704.282 porque una persona puede recibir una jubilación y una pensión al mismo tiempo). De ese total, más de la mitad surgieron de una moratoria: 3.613.017. En tanto, 3.239.667 completaron todos los requisitos formales.
El haber medio de los titulares de estas prestaciones es de $ 61.078, de acuerdo con datos actualizados hasta marzo último.
La situación actual y una mirada para el futuro
“El problema que tiene la Argentina, como también otros países de América Latina, es la informalidad laboral. Las personas no logran aportar los 30 años” que prevé el sistema, explicó a Chequeado Oscar Cetrángolo, economista, profesor de Finanzas Públicas e investigador del Conicet.
Esta es una situación que se experimentó en el pasado pero que también perdura en la actualidad. Del total de asalariados, el 36% no tiene descuentos jubilatorios, de acuerdo con los últimos datos del INDEC.
Las consecuencias del empleo informal de cara al futuro fueron advertidas también por los investigadores Andrés Schipani, Rodrigo Zarazaga y Lara Forlino en su estudio “Mapa de las políticas sociales en la Argentina”, publicado por el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y Fundar.
“Si el Estado argentino no incrementa su inversión en la promoción del empleo formal en una economía con una alta tasa de informalidad, esto redundará en una disminución progresiva del número de contribuyentes al sistema previsional. A la postre, esto pondrá en jaque la capacidad fiscal del Estado para cumplir sus obligaciones previsionales con los adultos mayores más pobres”, advierten los especialistas.
Para Rafael Rofman, director del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), estos desequilibrios se deben a la “realidad del mercado de trabajo y también a un sistema previsional que está diseñado para otro mercado”.
En diálogo con este medio, el especialista indicó que el régimen general de jubilaciones está pensado “para trabajadores industriales que siempre tenían el mismo trabajo” y también plantea una edad de retiro “muy rígida”.
En cuanto a las medidas tomadas en el pasado, Rofman consideró que las moratorias “son razonables como respuestas puntuales, pero hay que solucionar un problema de sistema”, y destacó que la PUAM “trata igual a quien tiene 1 año de aporte previsional que al que tiene 29”.
Para el especialista, que lideró el área de Protección Social del Banco Mundial para la región, una respuesta podría ser implementar “un beneficio básico para todos” que se complemente con “uno proporcional de acuerdo al monto aportado” durante la etapa activa. En relación a la edad jubilatoria, Rofman indicó que se podrían crear incentivos para quienes elijan postergar su retiro, y que eso repercuta en el monto de sus jubilaciones.
Rofman advierte, sin embargo, que estas modificaciones son “muy difíciles porque hay que hacer otros cambios al sistema” general, que también incluye una gran variedad de regímenes especiales.
Para Claudia Danani, especialista en Seguridad Social e investigadora de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS), estamos ante “un mercado de trabajo que no es capaz de generar ahorro para la vida de los adultos mayores”.
Por ello, “hay que repensar de otra manera las reglas de la protección”, explicó a Chequeado y agregó: “Tenemos que pensar que este es un problema del conjunto, no individual. Cómo la sociedad protege, no de manera paternalista. Una sociedad genuinamente moderna ofrece garantías”.
Por Lucia Martinez - Chequeado
