A instancias de la diputada radical Roxana Reyes, desde la bancada opositora sostienen que esa medida afecta “el derecho irrenunciable a la protección de los datos personales de los particulares, tutelado y amparado por el art. 43 de la Constitución Nacional”.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) presentaron un proyecto exigiendo al Gobierno que desista de imponer a los usuarios de los servicios públicos de gas y energía eléctrica la renuncia a oponer el derecho al secreto fiscal, financiero y bancario en los formularios para tramitar el mantenimiento de los subsidios en el marco del programa “Segmentación Energética”, por afectar el derecho irrenunciable a la protección de los datos personales de los particulares, tutelado y amparado por el art. 43 de la Constitución Nacional e implicar además de una exigencia impuesta aprovechando el estado de necesidad de los usuarios.
“Esta garantía se verá vulnerada por la potestad del Estado Nacional de cruzar los datos consignados en la Declaración Jurada con la base de datos de la AFIP, SINTyS (datos tributarios y sociales), la ANSES, y los registros de propiedad. Tal mecanismo pone en riesgo el efectivo cumplimiento de la ley citada más arriba”, expresaron.
Durante su reciente visita a El Calafate, Roxana Reyes habló con este portal y dio mas fundamentos sobre su oposición a este requisito del gobierno para acceder a mantener los subsidios. Dijo que podría darse una avalancha de juicios contra el Estado por vulnerar el derecho al secreto fiscal y bancario.
En el fundamento de su proyecto la diputada santacruceña afirmó que “más allá de que no sabemos hasta qué punto la seguridad informática y el Estado asegurarán el resguardo de nuestra información, nos sometemos a la incertidumbre de lo que podrán realizar los entes gubernamentales encargados del tema, a partir de la recolección, análisis y verificación de la información personal de cada usuario”.
“Ningún beneficio podrá suplantar, vulnerar ni omitir el derecho de un ciudadano, según establece el artículo 19 de la Constitución Nacional que indica: ‘ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe’”, concluyó Reyes.
