Recibió media sanción del Senado el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos

El Senado dio el primer paso hacia la ley para establecer la obligatoriedad del etiquetado frontal de alimentos, con el objetivo de promover la alimentación saludable y combatir la malnutrición.

El proyecto, votado en la sesión de este jueves, recibió 64 votos a favor y 3 en contra, de las tucumanas Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (FdT), y la riojana Clara Vega (Parlamentario Federal).

El texto, producto de un consenso entre propuestas presentadas por 15 senadores, tanto del oficialismo como de la oposición, se trabajó en conjunto con el Ministerio de Salud y distintos sectores. Ahora, la discusión pasa a la Cámara de Diputados.

El “corazón” de la iniciativa consiste en que los alimentos y las bebidas que contengan exceso de nutrientes críticos -sodio, azúcares o grasas- deberán llevar en su cara principal un sello de advertencia, según corresponda, de color negro y forma octogonal.

Estos productos, y principalmente los dirigidos a niños, niñas y adolescentes, tendrán prohibida la publicidad, promoción y patrocinio; y, además, no podrán venderse en los kioscos de las escuelas.

Arrancó el debate la neuquina Silvia Sapag (FdT), quien consideró que la presentación de más de una docena de proyectos al respecto demuestra que “esto es algo absolutamente necesario para nuestra población”. Con énfasis en la cuestión de la publicidad, la legisladora señaló que “el éxito de las marcas es canalizar las emociones; es la forma en que logran colarse en el hogar”.

La oficialista precisó que “los niños de tres años ya reconocen el logo de 100 marcas. A los niños de 10 años le resultan afines 400 marcas, y la mayoría son comestibles. A los 12 años ya fueron expuestos a 40 mil comerciales de propaganda; y el 85 por ciento de los anuncios dirigidos a su target son productos”. “La publicidad es efectiva en la niñez y si se mezcla con personajes es igual a una bomba, genera compromiso emocional y va directo al subconsciente”, agregó.

A continuación, la bonaerense Gladys González (Pro) aseguró que la ley “se trata de reconvertir la industria alimenticia y no de destruirla”. “Los consumidores tienen el derecho de acceder a información clara de lo que comen”, remarcó y se preguntó “si el consumidor tiene realmente la libertad de elegir y tiene toda la información para poder hacerlo a conciencia”.

Al hablar de distintas “influencias”, como la de la publicidad y el marketing, a la hora de elegir los alimentos, la macrista opinó que “no somos tan libres para elegir, por lo tanto ahí el Estado tiene un rol esencial”. Y, finalmente, envió un mensaje al sector productivo: “Sean aliados, no se resistan al cambio, porque es en vano, porque el rumbo ya está claro”.

“Es una norma fundamental para reducir las enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, y las cardiovasculares”, subrayó la rionegrina Silvina García Larraburu (FdT), que detalló que “somos el tercer país de América Latina con la mayor ingesta de comida ultraprocesada”, según datos de la Organización Panamericana de la Salud que indican que por año una persona consume “185 kilos” de estos alimentos.

Presidente de la Comisión de Salud, donde se debatió el proyecto, Mario Fiad (UCR) se manifestó a favor de la iniciativa, pero planteó sus “inquietudes” sobre algunos aspectos, en los que anticipó su abstención. En ese sentido, el jujeño indicó que hay que “extremar los recaudos” para la concordancia entre las normativas del Código Alimentario con las del Mercosur.

“Me preocupa que varios de los productos cuyo consumo es recomendado por la guía alimentaria serán productos que contendrán sellos de advertencia”, alertó el legislador, de profesión médico, y sostuvo que la ley tendría que poseer una “normativa complementaria”. También habló de un “período corto” de adaptación para las industrias.

Con varios alimentos que exhibió en pantalla, el fueguino Matías Rodríguez (FdT) defendió que el proyecto fue pensado “en esos pibes que serán los adultos del futuro en la Argentina y que no podemos permitir ni arriesgarnos más en que se mal alimenten, que pongan en riesgo su organismo y su cerebro, porque este tipo de productos, esta gaseosa oscura que muchos se imaginarán cual puede ser, afectan el organismo y cerebro de muchos pibes”.

En rechazo a la iniciativa, la tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) enfatizó que “el azúcar no puede ser demonizado” y afirmó que esta ley lleva “desamparo” a su provincia. “Hoy más que nunca vengo como senadora por la provincia de Tucumán a defender la industria madre de mi provincia, a defender el azúcar, que implica trabajo para 60.900 familias tucumanas, jujeñas, salteñas, misioneras, santafesinas; e implica el trabajo para 8.100 productores de mi provincia”, exclamó.

También en contra, la riojana Clara Vega (Parlamentario Federal) expresó que la ley “es inoportuna” porque “no ha contemplado la situación en la que viven los argentinos, y menos aún el sector industrial y privado, que cada vez más necesita del acompañamiento de todos para poder salir adelante”. “No nos podemos dar el lujo de perder un puesto más de trabajo”, reclamó.

“Voy a votar convencida de que voy a hacer lo correcto y lo digo como productora agropecuaria, como representante de una zona productora de mi provincia”, aseveró la jujeña Silvia Giacoppo (UCR), que cruzó a su compañera de bloque al decir que “para nada se está atacando a la producción azucarera”. Y añadió que está prevista la excepción del “azúcar común”.

La radical continuó: “Acá no se está demonizando el azúcar, muy por el contrario, se está otorgando al consumidor información de lo que se lleva a la boca”. Al aportar cifras, la senadora apuntó que “el 61,6 por ciento de los argentinos tiene exceso de peso, en una proporción de 36,2 por ciento de personas con sobrepeso y el 25,4 por ciento con obesidad”. Además, “Argentina ocupa el segundo podio en la región en obesidad en la primera infancia, niños menores de cinco años”.

En el cierre del debate, el mendocino Julio Cobos (UCR) resaltó que “este es un problema y hay que atacarlo” y “la mejor manera de trabajar en salud es la prevención”. “La promoción de la salud a través de una alimentación adecuada se logra advirtiendo a la población sobre lo que va a consumir”, dijo y justificó el sello negro octogonal en función de la experiencia de Chile, pionero en el etiquetado frontal.

“Este etiquetado es perfectamente claro, advierte a la población, es un derecho para el consumidor”, insistió. En tanto, sobre los tiempos para la readecuación de la industria, consideró que “son plazos más que entendibles” y remarcó que “hace cinco años que la industria ya sabe que se venía la discusión de esta ley y deberían haber tomado algunas medidas”.

El radical negó que se quiera “demonizar” algún producto, y menos prohibir, sino que “estamos advirtiendo a la población, que después tendrá derecho a consumir lo que quiera”.

Por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti destacó que el proyecto “es fruto de un diálogo construido por todos” y aseguró que “mejorar la información de los alimentos que consumimos es una demanda social”. “Hoy la información que hay en los productos alimenticios es inentendible” y “sólo un 13 por ciento de la población la entiende”, señaló.

“Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos los argentinos y argentinas que tenemos el derecho a saber qué comemos, y qué queremos que coman nuestros hijos e hijas”, argumentó la mendocina, que aclaró que “no es una ley exclusivamente dirigida a combatir la obesidad”.

En un mensaje a las empresas, les pidió que “toda la energía que la industria ha puesto para tratar que este Senado no saque una media sanción”, la coloquen en “tratar de ofrecer a los argentinos mayor información de los componentes nutricionales que tienen sus alimentos y además hacer los productos más saludables”.

Hacia el final, Fernández Sagasti afirmó que entendía la situación de Tucumán, pero “esta ley no demoniza al azúcar; esta apoya a las economías regionales”. “Paren de mentir, paren de repetir mentiras de los lobbistas que no dan la cara y llaman a los legisladores para convencerlos de mentiras”, lanzó.

Puntos principales del proyecto con media sanción

La ley tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas y activas, y resguardar los derechos de las consumidoras y los consumidores; advertir sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz; y promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.

Quedan obligados a cumplir con la norma “todas las personas, humanas o jurídicas, que fabriquen, produzcan, elaboren, fraccionen, envasen, encomienden envasar o fabricar, distribuyan, comercialicen, importen, que hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas de consumo humano” en todo el país.

Los productos que tengan un exceso de componentes críticos (azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías) deberán incluir en su cara principal un sello de advertencia, según corresponda.
En tanto, los que contengan edulcorantes, deberán además llevar la inscripción “contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”; y aquellos con cafeína, deberán tener la leyenda “contiene cafeína, evitar en niños/as”.

Las etiquetas de advertencia se extienden a cajas, cajones, y cualquier otro tipo de empaquetado que contenga los productos en cuestión.

El sello será un de octógono de color negro con borde y letras de color blanco en mayúsculas. Su tamaño no podrá ser inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase; y no podrá estar cubierto de forma parcial o total por ningún otro elemento. Los envases menores a 10 centímetros cúbicos también deberán llevarlos.

Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos deben cumplir los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.

Se exceptúa de la colocación de sello en la cara principal al azúcar común, sal común de mesa, aceites vegetales y frutos secos.

Los alimentos con este tipo de sellos tendrán una serie de prohibiciones para la incorporación de ciertas palabras o imágenes en los envases, como por ejemplo personajes infantiles, dibujos animados, entre otros, que fomenten su consumo o compra.

La iniciativa establece la prohibición de “toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los alimentos y bebidas analcohólicas envasados, que contengan al menos un sello de advertencia, que esté dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes”.

El Consejo Federal de Educación deberá promover la inclusión de actividades didácticas y de políticas que establezcan los contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional para todos los niveles.

Los alimentos y bebidas que contengan al menos un sello de advertencia no podrán ser “ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados” en las escuelas de nivel primario y secundario.

El incumplimiento de la ley prevé sanciones para las empresas, que van desde apercibimientos hasta clausuras, acorde a lo establecido en la normativa de Lealtad Comercial -decreto 274/2019-.

Las industrias grandes tendrán un plazo de seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial para adaptarse a la ley, y podrán extender ese plazo por seis meses más a criterio del Poder Ejecutivo. En el caso de las PyMEs, el plazo para la aplicación será de 18 meses, también prorrogables.

Los alimentos y bebidas cuya fecha de elaboración sea anterior a la entrada en vigencia no se retirarán del mercado, pudiendo permanecer a la venta hasta agotar su stock.

Se encomienda al Poder Ejecutivo a la reformulación del texto del Código Alimentario Argentino, a efectos de adecuar sus disposiciones con la ley en cuanto corresponda.

Por Melisa Jofré - Parlamentario