El martes pasado, a través del decreto 463, el Poder Ejecutivo disolvió el Fondo Nacional del Manejo del Fuego en conjunto con dos más. La medida fue firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Según estipula la Ley de Manejo del Fuego, este fondo se compone de transferencias del Estado Nacional y de un 0,3% de retenciones de todos los seguros, exceptuando los de vida. En suma, esto significaron $10.334 millones en 2022 y $22.507 millones en 2023. Pero, según justificaron en el decreto, este dinero no tuvo trazabilidad clara. En otras palabras, los recibos disponibles no correspondían con el presupuesto ejecutado dentro del fondo.
La decisión se tomó a partir de una auditoría que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) hizo en junio del año pasado, en la que realizó una revisión exhaustiva de los presupuestos y gastos ejecutados durante los últimos dos años de la administración de Alberto Fernández. Este organismo no recomendó cerrar el fondo, sin embargo, en la misma línea en que la administración libertaria ha llevado hasta ahora, optó por la disolución, en lugar de la reforma sugerida. La recaudación, según establece el decreto en su artículo 5, irá ahora un fondo general del Ministerio de Seguridad, que se destinará hacia “objetivos de prevención de emergencias vinculadas con incendios o para su efectivo combate”.
Andrés Nápoli, abogado y director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sospecha que este dinero será destinado a la reacción de los incendios (es decir, al combate) más que, a lo que considera prioritario, la prevención.
Además de eso, tanto él como brigadistas consultados por LA NACIÓN, tienen dudas sobre cómo se van a determinar los gastos específicos. “No sabemos cuántos ítems contempla el Ministerio de Seguridad para gastar este dinero. Me parece que lo que el decreto estipula es muy amplio. No sabemos con qué criterio van a ejecutar lo que recauden”, añadió Nápoli.
Para el abogado, a pesar de las irregularidades que encontró la Sigen, la disolución de fondos como este solo agudiza un problema ya de larga data en el manejo del fuego. Este rubro es históricamente un punto abandonado en la agenda ambiental oficial, aunque los estragos que genera son cada vez más graves. Entre el año pasado y este, solo en Córdoba y en varias provincias patagónicas, los focos de incendio significaron muertes, pérdidas irreparables, y millones de pesos en daños.
“Si hay problemas de manejo, lo que hay que hacer es mejorar el fondo, no disolverlo”, opinó Nápoli en consonancia con las recomendaciones de la Sigen. Y es que, en términos más amplios, el presupuesto del Tesoro destinado al manejo del fuego ha sufrido licuaciones severas desde la asunción de Javier Milei. En su monitor del presupuesto abierto, FARN calculó una caída del 81% del presupuesto destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), hoy dependiente del Ministerio de Seguridad.
Desde el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) de Río Negro, el decreto solo abona al desconcierto que significa la política del manejo del fuego de la administración libertaria. “No nos termina de quedar claro cómo se va a usar este fondo”, advirtió Orlando Báez, coordinador del Splif Río Negro, que es una de las provincias que más incendios vivió el año pasado.
“Al día de hoy, el SNMF no tiene coordinador patagónico con quien trabajar para el próximo verano. Ya vemos que estamos viviendo un invierno seco, con material disponible para arder en esta fecha, y eso que no es temporada de incendios. Sabemos que el verano va a ser muy fuerte y muy movido”, añadió.
LA NACIÓN contactó al Ministerio de Seguridad, del que depende el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, para responder a las críticas sobre la descoordinación con las provincias, y si hay alguna intención de asignación específica al fondo —ahora general—. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no hubo respuesta.
La disolución de este fondo no estaba dentro de las recomendaciones. Tanto Báez como Nápoli sospechan que, bajo el mandato del “cero déficit”, el gobierno nacional tratará de no devengar este presupuesto, lo que inevitablemente significará una mayor presión sobre las provincias y sus respectivos sistemas de manejo de incendios. En especial en provincias con alta tasa de focos y riesgo, como Río Negro, Chubut, Neuquén y Córdoba.
Por Matías Avramow - La Nación
