Guillermo Pérez Luque
Una cédula oficial firmada por Ezequiel Verbes, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, notificó a la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) la imposición de una multa por 13.842 millones de pesos.
La sanción se basa en el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada tras el paro provincial de julio pasado, en el cual más de 8.000 docentes adhirieron a la medida.
Según la información a la que accedió Ahora Calafate, el acto administrativo fundamenta que la entidad gremial no acató la orden de cese de las medidas de fuerza, y que sus acciones generaron un impacto directo en el normal desenvolvimiento del sistema educativo en la provincia.
Contexto del conflicto
El conflicto entre ADOSAC y las autoridades provinciales se intensificó en julio, cuando la organización sindical llevó adelante un paro que implicó la suspensión de clases en todos los niveles y modalidades, en el marco de reclamos por la reapertura de paritarias y mejoras en las condiciones edilicias.
La decisión fue tomada tras la negativa del gobierno a reconsiderar una propuesta salarial que, según el gremio, no alcanza a cubrir los niveles de inflación y necesidades de docentes y estudiantes.
El Ministerio de Trabajo, en su dictamen, argumenta que ADOSAC violó la normativa vigente, ya que en plena vigencia de la conciliación obligatoria, el sindicato continuó con las medidas de acción directa. La notificación además remarca que la organización ejerció un acto de resistencia explícita, que impactó en la vida escolar y en la comunidad educativa.
El monto de la impresionante multa se calcula multiplicando el salario de referencia para la categoría Maestranza inicial “A” por la cantidad de docentes adheridos en esas jornadas que se calculó en mas de 8.000. Eso sumó un monto final de más de trece mil millones de pesos, incrementado además en un 30% por carácter de reincidencia del sindicato, según establece la ley.
Crece la tensión
Por su parte, ADOSAC emitió un comunicado en el que señala que la sanción busca cumplir una estrategia del gobierno para ‘romper la resistencia de la docencia’ y continúa denunciando que las políticas oficiales no abordan los derechos de los trabajadores ni garantizan condiciones dignas en las escuelas. La organización anticipó que estudiará en detalle el dictamen y presentará los recursos legales correspondientes.
Mientras tanto, la disputa entre el gremio y el Ejecutivo provincial continúa en un escenario de tensión, en medio de un proceso electoral en el que ambos sectores buscan consolidar sus posiciones. La multa, por su magnitud, pone sobre la mesa las consecuencias de un conflicto que, según analistas, todavía sigue abierto sin una solución clara en el horizonte.
