La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados vivió este miércoles una sesión cargada de recriminaciones, discusión y retirada de bancas: debatió las ternas enviadas por el Poder Ejecutivo para cubrir cuatro vacantes en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en un clima enrarecido por la medida cautelar dictada por el juez de primera instancia, Dr. Marcelo Bersanelli, que ordena suspender el tratamiento hasta resolver una acción de inconstitucionalidad contra la ley que amplió el TSJ de cinco a nueve miembros.
Santa Cruz23/09/2025
Guillermo Pérez Luque
Tras un cruce encendido entre oficialismo y oposición, la comisión terminó aprobando los currículums de 11 de los 12 postulantes. La única postulación observada fue la de la doctora Gabriela Analía Castro, por no acreditar la antigüedad exigida en el ejercicio de la abogacía —según se explicó, su tarea actual en el Tribunal de Cuentas no puede computarse para ese requisito—.
La discusión continuará en el recinto, pero lo actuado hoy ocurre mientras la justicia tramita la cautelar que ordena abstenerse de avanzar durante diez días o hasta que se resuelva la cuestión.
El telón de fondo judicial y político
El choque tiene dos ejes: por un lado, la ley provincial que amplió el número de vocales del máximo tribunal (la norma sancionada —y ahora objetada— busca pasar de cinco a nueve integrantes). Por el otro, la cautelar impulsada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales que solicitó al juzgado la suspensión del tratamiento de las ternas.
El juez Marcelo H. Bersanelli habilitó días y horas inhábiles y dictó una medida interina que ordena a la Cámara de Diputados abstenerse de tratar las ternas por diez días o hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad.
Esa decisión judicial fue el argumento central de la oposición para pedir que la comisión postergara cualquier trámite. El oficialismo, en cambio, sostuvo su potestad constitucional para revisar los antecedentes de los aspirantes.
Cruces en la Comisión
La sesión se abrió con la oposición planteando la imposibilidad legal de avanzar. La diputada Elba Ponce (Unión por la Patria) fue contundente en su rechazo: “Como es público, hay una manda judicial que nos dice que nos abstengamos del tratamiento… nosotros no vamos a participar de la comisión porque estamos desoyendo a una manda judicial”. Ponce advirtió además sobre posibles consecuencias penales si se ignoraba la orden judicial.
En la misma línea, el diputado Eloy Echazú insistió en la gravedad institucional de dar curso al procedimiento pese a la notificación: “si el oficialismo va a continuar desobedeciendo una manda judicial… lo que se está por hacer netamente es incurrir en lo que está estableciendo la ley, incurrir en lo que dice la justicia”, dijo, y volvió a reclamar prudencia.
Frente a esos planteos, la diputada oficialista Adriana Nieto defendió la continuidad del trámite desde la óptica del poder legislativo: “ningún poder del Estado puede prohibirle a este poder legislativo el ejercicio de sus funciones constitucionales”, afirmó, y en otro momento aseguró que “la Constitución no le da, bajo ningún punto de vista, al doctor Bersanelli las facultades para impedir este trabajo legislativo”.
El debate se volvió personal por momentos: hubo reproches sobre la legitimidad del presentante del amparo y alusiones a conexiones familiares y políticas, una dinámica que amplificó la tensión y precipitó el retiro de los legisladores opositores.
En su intervención, el diputado Pedro Luxen (Por Santa Cruz) apuntó directamente contra el Juez Bersanelli que dictó la cautelar y contra los legisladores opositores. “Faltaba más que un juez incompetente venga a frenar la labor de dos poderes del Estado”, disparó, y agregó: “No venimos a elegir jueces como hacían ustedes, sin los requisitos constitucionales. Venimos a revisar si cumplen lo que marca la ley. La sociedad sabe perfectamente qué clase de justicia tenemos y qué clase de vocales nombraron ustedes, con designaciones que terminaron siendo escandalosas”.
No todos los diputados se alinearon en los extremos. Pedro Muñoz (Coalición Cívica ARI) pidió cautela antes de calificar la sola presencia en la comisión como delito: “No me considero que estoy cometiendo un delito por estar sentado en la Comisión de Asuntos Constitucionales”. Muñoz reconoció el carácter político del conflicto y planteó que, más allá de discrepancias, sería prudente respetar ciertos plazos para evitar agravar la situación judicial y política.
Ante esto el diputado Pedro Luxen (Por Santa Cruz) hizo hincapié en que el Ejecutivo actuó dentro de su competencia al remitir las ternas y reivindicó la obligación parlamentaria de revisar antecedentes: “El gobernador en sus plenas facultades constitucionales envió las ternas sin cometer ningún delito”, sostuvo, y definió el análisis de currículums como un paso técnico que no contradice la existencia de la cautelar.
Los Currículums
Tal como habían advertido, los diputados opositores Elba Ponce y Eloy Echazú se retiraron de la comisión. Y en un cuarto intermedio la comisión examinó los legajos y dio despacho favorable a 11 de los 12 aspirantes que integran las ternas enviadas por el Ejecutivo.
La única observación recayó en la candidatura de Gabriela Analía Castro, a la que se le imputó no reunir la antigüedad mínima en el ejercicio de la abogacía porque su actual función en el Tribunal de Cuentas no se computaría a esos fines. Esa particularidad abrió otra polémica sobre la interpretación de los requisitos constitucionales y reglamentarios para acceder al máximo tribunal.
De este modo, obtuvieron despacho favorable tres ternas propuestas por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar los cargos vacantes en el TSJ, a excepción de una, debido a la observación a la postulación de Castro.
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