Guillermo Pérez Luque
Este miércoles, el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz (AGEJ), Franco Mascheroni, presentó un escrito ante la Justicia solicitando que el Fiscal de Estado, Ramiro Esteban Castillo, y todos los abogados integrantes de la Fiscalía de Estado sean apartados de la causa que analiza la constitucionalidad de la Ley 3949.
“Venimos a solicitar a V.S. que disponga el apartamiento del señor Fiscal de Estado, Dr. Ramiro Esteban Castillo, así como de todos los abogados integrantes del Cuerpo de Abogados de la Fiscalía de Estado, en razón de configurarse un evidente conflicto de interés que compromete la objetividad en la representación del Estado Provincial”, indica el pedido al que accedió Ahora Calafate.
La base de la recusación radica en que Castillo fue propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial como candidato a integrar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Esa designación depende de que se levante la medida cautelar que actualmente impide tratar la terna en la Legislatura que, sin embargo realizará hoy a las 9 una sesión extraordinaria para elegir a los cuatro nuevos jueces del máximo órgano.
“Es evidente que el Dr. Castillo ostenta un interés particular en el resultado del litigio, dado que su propia candidatura al cargo de Vocal del TSJ depende de que se deje sin efecto la resolución señalada”, sostiene la presentación.
Según el escrito, esa situación “compromete la objetividad con que debe conducirse la defensa pública del Estado Provincial” y coloca al Fiscal de Estado en una posición incompatible con el deber de imparcialidad.
El dirigente gremial recordó que la Constitución Provincial equipara los requisitos e incompatibilidades del Fiscal de Estado con los de un miembro del TSJ. “Si un juez debe excusarse en caso de interés personal en una causa, por analogía el Fiscal de Estado también debiera hacerlo en situaciones similares”, argumentaron.
Asimismo, citaron la Ley de Ética Pública (N° 3034), que obliga a los funcionarios a abstenerse de intervenir en asuntos donde tengan un interés particular.
Delegación insuficiente
En su escrito, Mascheroni también cuestiona la posibilidad de que Castillo delegue la representación judicial en otros abogados de la Fiscalía, ya que estos actúan bajo sus instrucciones. “La delegación operaría solo como un mecanismo formal de representación, pero no produciría el desplazamiento de la dirección jurídica”, advierte el texto.
Incluso señalaron que otro de los integrantes del cuerpo, el abogado De la Vega, también fue propuesto como candidato a vocal del TSJ, lo que “extiende el riesgo de parcialidad a la estructura misma encargada de ejecutar la defensa judicial del Estado”.
“Resulta imperativo disponer el apartamiento del Fiscal de Estado y de los integrantes de su Cuerpo de Abogados de toda intervención en este trámite, con el fin de asegurar que la representación procesal del Estado Provincial se ejerza con plena independencia de consideraciones personales”, concluye la presentación gremial.
