Guillermo Pérez Luque
Durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación, el legislador santacruceño José Luis Garrido hizo uso de una cuestión de privilegio para referirse a lo que calificó como “una situación de conflicto de poderes en Santa Cruz”, y anunció que presentará un proyecto de intervención federal al Poder Judicial de la provincia.
Garrido explicó que su planteo surge a raíz de lo que considera “un bloqueo institucional que impide avanzar en las denuncias penales por hechos de corrupción”.
El diputado, que forma parte del bloque Por Santa Cruz —espacio que responde al gobernador Claudio Vidal—, sostuvo que “el sector del kirchnerismo se ha trincherado en dos lugares fundamentales: el Tribunal de Cuentas y el Superior Tribunal de Justicia, impidiendo el avance de causas judiciales”.
“En Santa Cruz también copiaron el modelo del ‘partido judicial’”, dijo Garrido. “Se atrincheraron la gran mayoría de los dirigentes del kirchnerismo y de La Cámpora en el Poder Judicial”, añadió.
El legislador mencionó además el caso de la designación de Fernando Basanta en el Tribunal Superior de Justicia, diciendo que “no respetaron el mandato constitucional de los seis años de ejercicio profesional.
“Vemos y entendemos que la única forma de terminar con este uso y abuso de adoctrinamiento político en la justicia es a través de una intervención federal”, señaló Garrido.
El diputado santacruceño pidió el acompañamiento de sus pares: “Los santacruceños necesitamos que el resto de los argentinos, los diputados y los senadores, nos den una mano para tener un poder judicial independiente”.
Tras su intervención, el diputado Facundo Prades tomó la palabra para respaldar el planteo de su compañero.
“No se trata solamente de una cuestión política, sino de una cuestión institucional”, expresó Prades.
“Durante muchísimo tiempo no se ha visto respetado en nuestra provincia eso que enseñamos sobre la división tripartita de poderes. Me parece que es momento de acompañar al gobernador de Santa Cruz, que ha establecido un camino del diálogo y de revertir cuestiones que durante mucho tiempo estuvieron tapadas”, concluyó.
El Proyecto
El documento que presenta José Luis Garrido desde su banca propone declarar la intervención federal del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz por un plazo inicial de 180 días, y con la posibilidad de prorrogarlo por un periodo similar
El Presidente Javier Milei debería designar un intervenor, quien tendrá la atribución de dictar reglamentos, revisar nombramientos y remover o suspender jueces si lo considera necesario, con el objetivo de garantizar la independencia judicial. Por su parte todos los jueces y otros funcionarios quedarán en comisión, durante ese mismo periodo
El texto del proyecto, que contiene 11 artículos, también instruye al Ministerio de Justicia de la Nación para que monitoree el proceso y al Ministerio de Seguridad para garantizar el cumplimiento de la intervención mediante el uso de fuerzas federales, si fuera necesario.
