Guillermo Pérez Luque
El proyecto de ley que propone restablecer la figura del Procurador General del Tribunal Superior de Justicia, impulsado por el Poder Ejecutivo y que cuenta con el respaldo del bloque oficialista en la Legislatura, generó un pronunciamiento conjunto de los titulares del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría General de la Provincia.
En una conferencia de prensa brindada esta mañana, Lisandro De La Torre, fiscal del Ministerio Público, y Romina Saul, titular de la Defensoría General, coincidieron en señalar que la iniciativa “afecta la autonomía funcional” y “vuelve atrás en el proceso de modernización judicial” iniciado hace más de una década.
“Esto no es una simple modificación administrativa, sino un retroceso institucional”, advirtió De La Torre. “El Ministerio Público tiene rango constitucional y autonomía propia. Volver a ponerlo bajo la jefatura del Tribunal Superior implica subordinar la acción penal y la defensa pública a un órgano que debe ser imparcial por naturaleza”, subrayó.
Por su parte, Saul fue más allá al cuestionar los tiempos y el modo en que se impulsa la reforma.
“Estamos frente a una decisión sin debate público, sin dictámenes técnicos y sin escuchar a los operadores del sistema judicial. No se trata de oponerse por oponerse: se trata de defender la independencia de quienes representamos intereses contrapuestos dentro del mismo proceso judicial”, sostuvo.
El proyecto —que se tratará este jueves en sesión ordinaria— restablece el rango de Procurador General como jefe jerárquico del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, con facultades sobre fiscales y defensores oficiales, además de reincorporarlo como primero en la línea de subrogación del Tribunal Superior de Justicia.
Para el oficialismo, la medida busca “reparar una distorsión histórica” generada tras la separación de los ministerios públicos del Tribunal, argumentando que el esquema actual “fragmentó la conducción” y “debilitó la eficacia del sistema judicial”.
Sin embargo, desde los organismos encabezados por De La Torre y Saul se considera que el cambio afecta directamente la independencia funcional de los fiscales y defensores. “Si el mismo Tribunal que debe controlar la legalidad pasa a dirigir a quienes intervienen en las causas, el equilibrio se rompe. Y lo que se pierde es la confianza en la justicia”, alertó De La Torre.
En los pasillos judiciales, el debate divide opiniones, pero la suerte del proyecto parece echada: la mayoría oficialista ya anticipó su voto afirmativo, por lo que la reinstauración del Procurador General se aprobará después de 30 años de la remoción de su titular, el Dr. Eduardo Sosa.
