Guillermo Pérez Luque
Un proyecto de ley que ya tomó estado parlamentario plantea la creación de la Oficina Anticorrupción de la Provincia de Santa Cruz (OASC) como un organismo autónomo e independiente, con personería jurídica pública y sede en la capital provincial.
Según la iniciativa, la oficina no dependerá jerárquicamente de ninguno de los tres poderes del Estado, aunque estará sujeta al control externo de la Cámara de Diputados y del Tribunal de Cuentas “exclusivamente en sus competencias específicas”.
El diputado Pedro Muñoz, autor de la propuesta, sostiene que “la transparencia y el control deben ser pilares del Estado” y que la lucha contra la corrupción “no puede esperar más”.
“Estoy convencido de que Santa Cruz necesita instituciones fuertes, independientes y transparentes, que estén al servicio de los ciudadanos y no de los intereses políticos”, manifestó.
El proyecto ingresó el pasado 22 de octubre y comienza su derrotero por las diferentes comisiones parlamentarias: Asuntos Constitucionales y justicia, Asuntos Municipales, Presupuesto y Hacienda, y finalmente Legislación General.
Competencias y alcance
La Oficina Anticorrupción tendría como misión prevenir, detectar, investigar y sancionar administrativamente las conductas contrarias a la ética pública, además de denunciar ante la Justicia los hechos de corrupción que se detecten.
Su competencia abarcaría la totalidad de la Administración Pública Provincial, incluyendo organismos descentralizados, empresas con participación estatal, municipios que administren fondos provinciales y contratistas del Estado.
Entre las facultades previstas, la OASC podrá recibir denuncias —incluso anónimas—, iniciar investigaciones de oficio, acceder a documentación y registros oficiales, requerir información bancaria o fiscal, citar testigos y presentarse como querellante en causas judiciales derivadas de sus investigaciones.
Inspiración en modelos provinciales
En los fundamentos del proyecto, Muñoz cita experiencias de otras jurisdicciones como Chaco, La Pampa y Mendoza, donde existen fiscalías o agencias anticorrupción con facultades procesales y autonomía institucional.
El objetivo, dice el texto, es “superar las deficiencias estructurales del modelo federal” —en referencia a la Oficina Anticorrupción nacional— y diseñar un organismo que combine la prevención con la capacidad de investigación efectiva.
“El control financiero y de legalidad ya está a cargo del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado. Esta nueva oficina se concentrará en la ética pública, la integridad y la investigación de irregularidades administrativas”, explican los fundamentos.
Designación y control
El proyecto establece que la oficina estaría dirigida por un titular y un adjunto, designados por la Cámara de Diputados mediante mayorías especiales y concursos públicos de antecedentes y oposición. Ambos cargos tendrían dedicación exclusiva e incompatibilidad con toda actividad partidaria o profesional privada, con un mandato de seis años y posibilidad de una sola reelección.
Además, la OASC deberá presentar informes semestrales y una memoria anual de gestión ante la Legislatura, los cuales serán públicos y accesibles en su portal web, promoviendo la transparencia de su propio funcionamiento.
“Un compromiso institucional”
El legislador de la Colación Cívica-ARI afirmó que esta propuesta busca dotar a la provincia de una herramienta institucional sólida para fortalecer la confianza ciudadana.
“La OASC podrá actuar en toda la administración pública, investigar de oficio y colaborar con los poderes del Estado para garantizar el cumplimiento de la ley. La lucha contra la corrupción debe ser una política de Estado, no un eslogan”, remarcó Muñoz.
