El juez de Instrucción de El Calafate fijó un plazo improrrogable hasta el 21 de noviembre para que un ocupante abandone la construcción instalada ilegalmente sobre cañerías de agua y cerca de pozos de captación. La resolución subraya el riesgo a la salud pública y contrasta con otros casos de ocupación, como La Aldea donde el tratamiento judicial fue más flexible.
El Chaltén10/11/2025
Guillermo Pérez Luque
El Juzgado de Instrucción de El Calafate, a cargo del Dr. Carlos Alberto Albarracín, ordenó el desalojo inmediato de un terreno ocupado ilegalmente en El Chaltén, en donde se levantó una construcción sobre cañerías de impulsión de agua que abastecen a la localidad, y en una zona clave para la captación y distribución del servicio.
El predio, ubicado sobre la Avenida San Martín, a pocos metros del río de las Vueltas, pertenece a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE). Desde enero de 2024, la empresa denunció la usurpación del espacio. Tiempo después el intruso levantó una edificación justo encima de las cañerías principales y del área reservada para un futuro pozo de líquidos cloacales.
Riesgo sanitario y ambiental
Con el avance de la causa se incorporaron informes técnicos alarmantes. En noviembre de 2024, se registraron vertidos de aceites de motor y residuos cloacales provenientes del mismo predio, donde además se desarrolla una actividad mecánica automotriz.
El área afectada coincide con la zona de pozos de captación de agua potable, lo que implica un riesgo directo de contaminación de la napa freática y un potencial impacto sobre la salud pública.
Un informe de la gerencia de SPSE, al que accedió Ahora Calafate, detalló que los efluentes cloacales y los derrames de hidrocarburos pueden “contaminar el agua subterránea, afectar la calidad del agua potable y generar presencia de patógenos o bacterias”.
Además, el derrame de aceite había obstruido el acceso a la llave de impulsión del sistema de distribución, impidiendo los mantenimientos rutinarios.
Orden judicial firme
Frente a estas pruebas, el juez Albarracín resolvió dictar una intimación improrrogable a desalojar el terreno antes del 21 de noviembre. La defensa de la persona ocupante presentó un pedido de reconsideración, que fue rechazado, manteniendo la orden firme.
El magistrado fundamentó su decisión en la protección del ambiente y la salud pública, dado que la permanencia de la construcción compromete la seguridad de la red de agua y pone en riesgo a la comunidad.
La problemática habitacional
El caso vuelve a poner en foco la crítica situación habitacional que atraviesa El Chaltén, donde la falta de tierras y viviendas disponibles ha derivado en múltiples ocupaciones, tanto en terrenos fiscales como privados.
Sin embargo, en esta oportunidad, el fallo judicial tuvo un tratamiento diferente al de otros conflictos recientes, como el de “La Aldea”, donde el mismo juez optó por un enfoque más tolerante, priorizando la mediación y la contención social de las familias.
En contraste, en este caso el riesgo ambiental y sanitario pesó más que el componente social, marcando un precedente sobre los límites entre la necesidad de vivienda y la protección de los recursos esenciales de la comunidad, como el agua potable.
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