Guillermo Pérez Luque
Durante la 15° sesión ordinaria, todo indicaba que el bloque oficialista de Por Santa Cruz avanzaría con la aprobación del proyecto de ley N° 561, que propone modificar la Ley 1600 y restituir el cargo de Procurador General ante el Tribunal Superior de Justicia. Se trata del cargo que ocupaba el abogado Eduardo Sosa hasta su remoción en 1995, un tema sobre el que la Corte Suprema dictó fallos ordenando su restitución.
El proyecto había pasado por todas las comisiones y llevaba dos semanas sujeto a modificaciones bajo el Artículo 64 del Reglamento Interno. Según pudo saber Ahora Calafate, el pasado 21 de octubre, los diputados Adriana Nieto y Pedro Luxen presentaron una incorporación de artículos que no sólo restituían el cargo de Procurador General, sino que también designaban explícitamente a Eduardo Emilio Sosa en esa función, comunicando su nombramiento al Poder Ejecutivo, al Tribunal Superior y a la Corte Suprema.
Todo estaba encaminado para que el texto fuera sometido a votación esta tarde. Pero de manera inesperada, la diputada Nieto pidió la palabra y solicitó que el proyecto regrese a la Comisión de Legislación General “para una revisión del tema”. El pedido fue atendido y la legisladora no explicó los motivos del retroceso, lo que generó sorpresa en el recinto.
La posible causa del freno: riesgo de judicialización
La modificación presentada por Nieto y Luxen incorpora, entre otros, un artículo que establece de manera explícita que la ley se dicta para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema en el caso “Sosa c/ Provincia de Santa Cruz” y que, en el mismo acto legislativo, se designa al propio Eduardo Emilio Sosa como Procurador General.
Ese señalamiento nominativo y su posterior consecuencia podría ser la causa del retiro del proyecto. Es que, desde el punto de vista jurídico, es un principio claro y establecido que una ley no puede estar dirigida a una persona específica, sino que debe ser general y abstracta, aplicable a un conjunto amplio de ciudadanos. Si una norma nombra a un individuo y lo designa directamente en un cargo, puede vulnerar ese principio de igualdad y abrir la puerta a cuestionamientos judiciales.
Aunque la diputada Nieto no explicó por qué pidió el regreso a comisión, fuentes consultadas por Ahora Calafate especulan que la causa podría estar en ese punto: la designación explícita de Sosa dentro del texto legal, lo que podría derivar en una impugnación o judicialización de la norma si se aprobaba tal como estaba redactada.
El oficialismo venía impulsando esta reforma como parte de un proceso para restituir el cargo de Procurador General y saldar un conflicto institucional de larga data. Sin embargo, la modificación introducida bajo el Art. 64 —que buscaba cumplir de manera directa con los fallos de la Corte— habría generado dudas internas sobre la solidez jurídica de la redacción final.
Por ahora, el proyecto vuelve a foja de comisión y deberá ser revisado antes de regresar al recinto. La expectativa por una definición sobre el futuro del cargo y la situación de Eduardo Sosa seguirá, una vez más, en suspenso.
