La Legislatura sancionó por unanimidad la nueva Ley de Algas que redefine el manejo de los ecosistemas marinos de Santa Cruz El texto aprobado unifica criterios, ordena la explotación de macroalgas y fija límites estrictos para garantizar la conservación de los ecosistemas marinos. Incluye una prohibición al corte del alga “Cachiyuyo”y abre la puerta a proyectos productivos basados en la extracción de especies invasoras.
Santa Cruz11/12/2025
Guillermo Pérez Luque
Crédito: Joel Reyero
En la sesión de hoy la Legislatura Provincial aprobó por unanimidad la Nueva Ley de Algas, un marco normativo integral que redefine la explotación, protección y manejo sostenible de las macroalgas en todo el litoral marítimo santacruceño.
La iniciativa presentada por el Bloque Por Santa Cruz, reemplaza la Ley 3273 y establece nuevas herramientas de control, preservación, investigación y aprovechamiento productivo del recurso.
El texto sancionado al que accedió Ahora Calafate, establece como objetivo general “el ordenamiento de la explotación de algas marinas en las playas y todo el mar territorial sometido a la jurisdicción de la provincia”, orientado a “una mayor industrialización del recurso en el territorio provincial”
Además, fija como fines “promover la explotación e industrialización de la flora marina, regular la extracción de macroalgas y garantizar prácticas sostenibles” que protejan las praderas y los ecosistemas asociados.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, a través de la Secretaría de Pesca y Acuicultura, que deberá actualizar mensualmente la base de información científica y técnica, implementar convenios con instituciones especializadas y fijar límites, reservas, prohibiciones y normativas de control.
Un punto central de la nueva Ley
Uno de los ejes más destacados es la prohibición expresa de la cosecha por corte directo de alga conocida como “Cachiyuyo” (Macrocystis pyrifera) en todo el litoral provincial. La norma establece que la única operatoria aprobada será la recolección por arribazón. Es decir, sobre algas muertas que el mar deposita en la costa.
“Los bosques de la especie Macrocystis pyrifera poseen un rol fundamental en la mitigación del cambio climático dado que retienen el carbono de forma natural”, afirmó el diputado Mario Piero Boffi, autor del proyecto
Asimismo, destacan su función dentro del ecosistema marino y su vínculo con especies de alto valor comercial. “Los bosques de la especie Macrocystis pyrifera sirven de refugio y protección a las megalopas de centolla en los primeros estadios juveniles.
Crédito: Joel Reyero.
El proyecto remarca que la falta de gestión de estos bosques en distintas partes del mundo ha generado deterioro de biodiversidad, pérdida de biomasa y afectación de cadenas tróficas. Por ello, advierte que en Santa Cruz resulta indispensable anticiparse a escenarios de sobreexplotación
“Es necesario establecer medidas que permitan gestionar el recurso de forma sostenible… Una de las medidas más efectivas para su conservación… es la prohibición de la cosecha por extracción directa.”
Elevar la protección al rango de Ley
El autor fundamenta la iniciativa recordando que ya en 2004 la autoridad pesquera había prohibido el corte directo mediante la Disposición 484/2004. Ese antecedente administrativo se retoma ahora con jerarquía de ley para garantizar mayor seguridad jurídica
También se mencionan estudios experimentales que demostraron los efectos negativos del corte sobre los bosques. “Se ha detectado una pérdida elevada de biomasa, provocando con ello el deterioro de la biodiversidad asociada.”
El proyecto se apoya además en normas recientes a nivel provincial y nacional que reconocen el valor estratégico de estos ecosistemas. Se cita la Ley 1589 de Tierra del Fuego, la declaración de interés institucional de Parques Nacionales y la declaración de Interés Federal Ambiental del COFEMA para la protección de macroalgas.
Régimen para especies exóticas invasoras
El texto además incorpora la promoción de la extracción e industrialización de algas exóticas invasoras, como la Undaria pinnatifida (conocida como wakame), cuya presencia se expande en las costas santacruceñas y afecta a las especies nativas.
“El alga Undaria pinnatifida (foto) va ocupando muy rápidamente el espacio… crece hasta diez veces más rápido que otras algas… permitiéndole competir por la luz y el espacio con las algas nativas afectando la biodiversidad”, afirma Boffi en su fundamentación
Pero a la vez, remarcan el alto valor comercial de la especie y la posibilidad de convertir su extracción en una herramienta de manejo. Afirma que “su extracción podría ser una medida de mitigación para reducir su densidad”.
La Ley habilita a la autoridad de aplicación a establecer un régimen especial para la especie e incluso incentivos para su aprovechamiento industrial (Art. 19).
Impacto productivo y social
El proyecto sancionado en forma unánime señala que ordenar la actividad, promover la industrialización local y aprovechar de manera racional los arribazones podría habilitar un nuevo sector económico en zonas costeras de la provincia.
“Esta actividad podrá ser fuente de empleo. Los beneficios son múltiples y se desarrollarían tanto en el ámbito social como en el económico, y coadyuvará a la conservación de nuestras algas nativas.”
Permisos, regulaciones y sanciones
La Ley aprobada también crea un régimen más estricto para la actividad comercial. Los permisos serán personales, intransferibles, de un año de duración, y se otorgarán únicamente previo cumplimiento de requisitos técnicos, ambientales y administrativos.
Las solicitudes deberán incluir, entre otros aspectos, delimitación geográfica precisa, estudios proyectados, equipamiento disponible, tonelaje estimado a recolectar o procesar, certificaciones laborales y antigüedad real de residencia en la provincia.
Entre las prohibiciones se destacan: operar sin permiso, emplear métodos no autorizados, impedir inspecciones, alterar playas o fauna, usar químicos contaminantes, introducir especies que afecten el ecosistema y no respetar las zonas o períodos de veda.
Las sanciones abarcan desde apercibimientos y multas equivalentes a hasta mil permisos de explotación, hasta suspensión, caducidad del permiso y decomiso de productos.
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