El Gobierno enviará un paquete de leyes para asistir al sector productivo

Incluye la declaración de la Emergencia Comercial, Industrial y PyME hasta fines de 2026, alivio fiscal, incentivos al empleo y un esquema de promoción industrial. La iniciativa surge tras reuniones con cámaras empresariales de toda la provincia.
Santa Cruz21/01/2026Guillermo Pérez LuqueGuillermo Pérez Luque
reunion Empresas

El Gobierno de Santa Cruz resolvió avanzar con el envío a la Legislatura provincial de un paquete de tres proyectos de ley destinados a acompañar al sector productivo, en respuesta al pedido de emergencia planteado por comercios, industrias y PyMEs ante la compleja situación económica que atraviesan.

La definición se dio tras una serie de reuniones de trabajo encabezadas por las ministras Nadia Ricci y Belén Elmiger, junto a autoridades del área de Comercio y equipos técnicos del Ejecutivo provincial, con representantes de cámaras empresariales de distintos puntos de Santa Cruz.

Según se informó oficialmente, el objetivo es avanzar en herramientas legislativas que brinden una respuesta integral y sostenida en el tiempo, que permita aliviar la situación actual y generar condiciones de previsibilidad para la recuperación de la actividad económica.

El primer proyecto propone declarar la Emergencia Comercial, Industrial y PyME en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre de 2026. Entre las medidas previstas se incluyen la suspensión de ejecuciones fiscales, planes de regularización de deudas con quita de intereses y multas, facilidades de pago de hasta 60 cuotas, líneas de financiamiento con tasas diferenciadas y la posibilidad de compensar deudas que el Estado mantenga con empresas alcanzadas por el régimen.

El segundo proyecto impulsa un Régimen de Alivio Fiscal, Fomento al Empleo y fortalecimiento del RUPAE, que contempla un mínimo no imponible en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para PyMEs, incentivos para la generación de empleo formal y acciones orientadas al desarrollo y consolidación de proveedores locales.

En tanto, el tercer proyecto apunta a la modernización del Sistema Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial, incorporando nuevas actividades estratégicas, instrumentos de financiamiento e incentivos fiscales con el objetivo de promover inversiones, empleo y la diversificación de la matriz productiva santacruceña.

De las mesas de trabajo participaron la Federación Económica de Santa Cruz, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Río Gallegos, la Cámara de Estaciones de Servicio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Proveedores y Servicios Mineros, las Cámaras de Comercio de Río Gallegos, El Calafate, Caleta Olivia, Las Heras, Puerto Deseado y Puerto Santa Cruz, la Asociación de Productores de Los Antiguos, además de referentes comerciales de Gobernador Gregores, entre otros.

Estas definiciones se enmarcan en el trabajo iniciado la semana pasada en una Mesa impulsada por la Cámara de Comercio de Río Gallegos, que preside Leandro Fadul, junto a la Federación Económica de Santa Cruz y entidades empresariales como Hoteleros y Gastronómicos, CAMARCO, CAPROMISA y la Cámara de Estaciones de Servicio.

En ese ámbito participó el diputado provincial Pedro Luxen, quien asumiría en los próximos días la Jefatura de Gabinete, acompañado por Jorge Caminiti, con el objetivo de avanzar en una ley que establezca la emergencia comercial, productiva y PyME y contemple medidas de amparo para el sector. También formaron parte de los encuentros el diputado nacional Jairo Guzmán y el diputado provincial Daniel Peralta.

Desde las entidades empresariales señalaron que la iniciativa permitiría preservar el empleo, evitar el cierre de empresas y fomentar la recuperación de la actividad económica, mientras que desde el Ejecutivo provincial remarcaron que, si bien la emergencia no resuelve los problemas estructurales, podría brindar un respiro al sector en un contexto de crisis prolongada.

Finalmente, se adelantó que la próxima semana continuarán los encuentros con representantes de los bloques parlamentarios del Peronismo–Unión por la Patria y de la Coalición Cívica–ARI, con el fin de avanzar en consensos que permitan el tratamiento legislativo de los proyectos.

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