El diputado nacional y apoderado legal de la Fundación denunció que el Ministerio de Desarrollo Social solicitó información personal y domicilios de alumnos, docentes y familias que asisten al comedor de su Casa en El Calafate. Su titular, el cura Juan Carlos Molina, advirtió que se trata de una práctica “discriminatoria, estigmatizante e ilegal”. Cuestionó el pedido de informes socioeconómicos, asegurando que busca romper el sentido pedagógico y comunitario del comedor escolar. “Separar a los chicos para ver quién come y quién no es cruel”, criticó
El Calafate26/01/2026
Guillermo Pérez Luque
La Fundación Valdocco salió públicamente a cuestionar con dureza un pedido realizado por el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Cruz, a través de la Dirección de Gestión Privada del Consejo Provincial de Educación, mediante el cual se solicita información personal y domicilios particulares de niños, niñas, adolescentes, adultos y docentes que desayunan, almuerzan y meriendan en la Casa Valdocco de El Calafate.
En un extenso comunicado firmado por su apoderado legal y titular, el cura Juan Carlos Molina (actual diputado nacional por Santa Cruz), la intención oficial sería realizar visitas domiciliarias y estudios socioeconómicos para “evaluar” quiénes pueden o no acceder al comedor escolar. “Van a repartir cartelito de pobre o no pobre”, advirtió Molina, al tiempo que expresó la “profunda preocupación” de la Fundación ante esta situación.
Desde Valdocco remarcaron que el comedor escolar comunitario no es un beneficio individual ni un plan social que se otorga o se quita según la situación económica de cada familia. “Es una política pública alimentaria, implementada en el marco de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, para garantizar el derecho a la alimentación en un espacio educativo y comunitario”, señaló Molina.
Foto Archivo: Fundación Valdocco
En ese sentido, subrayaron que los chicos “no reciben un plan”, sino que comparten un espacio cotidiano de cuidado, acompañamiento y aprendizaje.
Uno de los puntos centrales del cuestionamiento es el pedido de datos sensibles, especialmente tratándose de menores de edad. “Lo que nos están pidiendo es información confidencial. La protección de los datos personales es ley, y más aún cuando se trata de niños, niñas y adolescentes”, sostuvo Molina.
Además, calificó como “de extrema gravedad e ilegal” la solicitud de domicilios particulares para realizar estudios socioeconómicos que no están previstos ni habilitados por el convenio vigente.
El comunicado también alerta sobre el impacto pedagógico y humano de una eventual segmentación dentro del comedor. “Pretender decidir qué niño ‘merece’ comer y cuál no es instalar una lógica profundamente injusta, discriminatoria y cruel”, afirmó el sacerdote, quien advirtió que eso implicaría separar a los chicos dentro de un mismo curso y exponerlos a situaciones de humillación. “Es pedagógico comer juntos”, remarcó.
Valdocco también cuestionó que se objete la presencia de docentes, educadores y personal de la institución en el comedor. “Son quienes acompañan, cuidan, cortan la comida y sostienen ese espacio como un ámbito educativo”, explicó Molina.
“Pretender que no coman por el solo hecho de tener trabajo desconoce por completo qué es un comedor escolar comunitario”. Incluso ironizó diciendo que “si el escándalo es que figuran los educadores en el listado, los sacamos y sanseacabó”.
Otro punto fuerte del comunicado apunta al financiamiento. La Fundación detalló que el Estado provincial transfiere actualmente $876,15 por día por titular de derecho para cubrir desayuno, almuerzo y merienda. “No llega siquiera a mil pesos por día”, señaló Molina, quien calificó de “cruel” que, con esos montos, se pretenda señalar quién merece o no acceder a la comida, incluso cuando afirmó los chicos y docentes “comen bien, abundante y con postre”.
En el plano legal, la Fundación recordó que existe un conflicto judicial en curso con el Gobierno provincial y denunció el incumplimiento de una orden judicial vigente. A pesar del revés judicial sufrido por Valdocco en esa instancia, a Cámara de Apelaciones ordenó que el Ministerio de Desarrollo Social continúe garantizando el financiamiento del programa de comedores, pese a una apelación del Ejecutivo. Sin embargo, Valdocco afirmó que actualmente existe una deuda superior a cuatro bimestres consecutivos, es decir, más de ocho meses de aportes impagos.
Finalmente, Molina aseguró que la Fundación nunca dejó de rendir los fondos recibidos y que toda la documentación está presentada en tiempo y forma, con facturas de proveedores locales y sin observaciones pendientes. “Vamos a defender el comedor escolar comunitario como un espacio de igualdad, cuidado y dignidad para todos”, concluyó. Y dejó una advertencia directa a las familias: “Si alguien golpea la puerta de tu casa diciendo que va a auditar tu pobreza, no fuimos nosotros los que les pasamos tu dirección”.
Como ocurre cada año durante la Fiesta Nacional del Lago, las noches del festival no solo convocan al público al Anfiteatro, sino también a uno de los espacios más recorridos del predio: el Paseo de Artesanos, manualeros y productores.
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