Guillermo Pérez Luque
El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz lanzó una advertencia a las obras sociales y empresas de medicina prepaga que mantienen deudas con el sistema público de salud provincial. Según estimaciones oficiales, el monto total adeudado ronda los 8.000 millones de pesos, una situación que impacta directamente en el funcionamiento de hospitales y centros sanitarios.
Ante este escenario, el Gobierno provincial decidió prorrogar por única vez el plazo para que las entidades firmen un convenio marco con la cartera sanitaria, que permitirá regular la relación entre los hospitales públicos y los financiadores del sistema. La nueva fecha límite para adherir al acuerdo fue fijada para el lunes 16 de marzo de 2026.
La medida fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Salud, que explicó que la prórroga responde a la falta de respuesta de la mayoría de las entidades convocadas.
Según el comunicado, la decisión se tomó luego de “las sucesivas convocatorias realizadas por canales oficiales para regularizar la situación, las cuales no han sido formalmente respondidas al día de la fecha por quienes tienen la obligación de velar por la salud de sus afiliados”.
Un convenio para ordenar la relación
En diálogo con Ahora Calafate, el subsecretario de Acceso y Equidad del Ministerio de Salud, Ricardo Coloccini, explicó que el convenio marco busca establecer reglas claras entre el sistema público y las entidades que financian las prestaciones médicas de sus afiliados.
“Las obras sociales son las responsables de velar porque sus afiliados accedan a la atención médica. Son los financiadores del sistema, los que deben pagar las consultas, las cirugías o los procedimientos que sus afiliados se realizan”, indicó el funcionario.
En ese sentido, detalló que los hospitales públicos funcionan como prestadores de servicios para esas entidades, por lo que resulta necesario contar con acuerdos formales que definan condiciones de pago, plazos y mecanismos administrativos.
“Lo que buscamos con el convenio marco es firmar una especie de contrato que establezca reglas claras sobre lo que deben cumplir ellos como financiadores y lo que debemos cumplir nosotros como prestadores”, señaló.
Sin embargo, hasta el momento la convocatoria tuvo una respuesta muy limitada.
“Hace más de un mes que se convocó a todas las obras sociales y prepagas para sentarse a firmar este convenio y, salvo la Caja de Servicios Sociales y PAMI, ninguna se ha presentado”, afirmó Coloccini.
Deudas millonarias que afectan al sistema
El funcionario explicó a Ahora Calafate que la falta de pago por parte de las obras sociales genera un fuerte impacto en la sustentabilidad del sistema sanitario provincial.
Según precisó, solo los hospitales de Río Gallegos y Caleta Olivia concentran alrededor de 4.500 millones de pesos en deudas acumuladas, lo que refleja la magnitud del problema.
“Si sumamos el resto de los hospitales de la provincia, probablemente estemos hablando de una deuda cercana a los 8.000 millones de pesos”, explicó.
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Entre los Hospitales de Rio Gallegos y Caleta Olivia, las prepagas y obras sociales adeudan $ 4.500 millones
Coloccini remarcó que el sistema de salud funciona como una cadena financiera donde cada actor depende del cumplimiento del otro. “Si el sistema se tiene que financiar a través de las obras sociales y esas obras sociales no cumplen con lo convenido, toda la estructura financiera del sistema se resiente”, sostuvo.
Impacto en profesionales y servicios
Además del funcionamiento cotidiano de los hospitales, la situación también afecta el pago de honorarios a profesionales de la salud.
El subsecretario explicó que parte de los ingresos de médicos y especialistas proviene del sistema de arancelamiento, que depende de los pagos realizados por las obras sociales.
“Los profesionales cobran honorarios a través del arancelamiento, que es un porcentaje de lo que las obras sociales pagan. Si la obra social no paga, ese ingreso también se ve afectado”, explicó.
Según indicó, esto también repercute en la posibilidad de atraer y retener profesionales en el sistema público provincial.
Qué puede pasar con los afiliados
Desde el Ministerio aclararon que la intención de la medida no es perjudicar a los pacientes, pero advirtieron que la falta de convenio podría afectar determinadas prestaciones.
Si las obras sociales y prepagas no firman el acuerdo antes del 16 de marzo, podría suspenderse la cobertura de prestaciones programadas para sus afiliados dentro de los hospitales públicos. Esto incluiría consultas médicas, estudios, turnos y cirugías que no sean de carácter urgente.
“Si no hay convenio firmado, no hay contrato con esas obras sociales. En ese caso, las consultas o procedimientos programados podrían tener que abonarse”, explicó Coloccini.
De todas maneras, el Ministerio dejó en claro que las urgencias y emergencias continuarán siendo atendidas en todos los hospitales públicos de la provincia, garantizando el acceso universal a la atención médica en situaciones críticas.
Planes de pago y diálogo abierto
El funcionario también señaló que el convenio marco contempla mecanismos para que las entidades puedan regularizar las deudas existentes mediante planes de pago.
“Nadie les exige que paguen toda la deuda de inmediato, pero sí que presenten un plan de pago razonable que pueda ser aprobado por el Ministerio”, explicó. La prórroga otorgada hasta el 16 de marzo apunta justamente a abrir una instancia final de negociación.
“La idea es ordenar el sistema para que los hospitales puedan seguir funcionando y brindando servicios a toda la población”, concluyó el subsecretario.
