Guillermo Pérez Luque
Senadores de las provincias patagónicas presentaron un proyecto de ley para derogar la eliminación de la Tarifa Social Federal de Gas y restablecer el esquema de subsidios energéticos que regía antes de las reformas aplicadas por el gobierno nacional.
La iniciativa fue impulsada por la senadora fueguina Cristina López, junto a sus pares patagónicos Martín Soria (Río Negro), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Ana Marks (Río Negro) y Carlos Linares (Chubut).
El proyecto cuenta además con el acompañamiento de los senadores José Carambia (Santa Cruz), Pablo Bensusán (La Pampa), José Mayans (Formosa), Lucía Corpacci (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Florencia López (La Rioja), Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y María Teresa González (Formosa).
La iniciativa propone derogar el Decreto 465/2024, el Decreto 943/2025 y la Resolución 101/2026 del ENARGAS, normas que conforman el nuevo esquema de subsidios energéticos implementado por el gobierno del presidente Javier Milei.
Según advirtieron los autores del proyecto, esas medidas implicaron la eliminación de la Tarifa Social Federal de Gas y una fuerte reducción de subsidios, con consecuencias directas en las facturas que pagan los hogares argentinos, especialmente en las regiones de clima frío.
El proyecto plantea recuperar el enfoque de política energética basado en la equidad social y el acceso a la energía como derecho, restableciendo las normas que regían antes de las reformas recientes.
En concreto, la iniciativa propone:
• Derogar el Decreto 465/2024, que estableció el período de transición hacia un nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados.
• Derogar el Decreto 943/2025, que unificó los subsidios energéticos nacionales bajo el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
• Derogar la Resolución 101/2026 del ENARGAS, que eliminó el programa de Tarifa Social Federal de Gas y modificó el sistema de bonificaciones para usuarios residenciales y entidades de bien público.
Al mismo tiempo, el proyecto establece la restitución plena de las políticas públicas energéticas vigentes previamente.
Entre ellas:
• El Decreto 332/2022, que establecía el régimen de segmentación tarifaria en tres niveles de ingresos (N1, N2 y N3).
• La Tarifa Social Federal de Gas, creada por resoluciones del ex Ministerio de Energía y Minería y posteriormente actualizada por la Secretaría de Energía.
• El Programa Hogares con Garrafa (HOGAR), destinado a garantizar el acceso al gas licuado de petróleo para los hogares que no cuentan con conexión a redes de gas natural.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que el nuevo modelo de subsidios energéticos responde a una política de ajuste impulsada por el gobierno nacional, que impacta directamente en el bolsillo de los usuarios.
Según señalan, desde diciembre de 2023 las tarifas de servicios públicos registraron incrementos muy superiores a la evolución de los ingresos.
De acuerdo con los datos citados en el proyecto:
• el precio de la electricidad acumuló aumentos del 344%,
• el precio del gas registró subas del 617%,
• mientras que la inflación fue del 171% y los salarios crecieron alrededor del 229% en el mismo período.
Esto provocó que el peso de los servicios públicos dentro del gasto de los hogares se multiplicara varias veces, generando una fuerte presión sobre la economía familiar.
Los senadores también cuestionaron el funcionamiento del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025.
Ese sistema reemplazó el esquema de segmentación en tres niveles de ingresos por un modelo que divide a los usuarios en solo dos categorías:
• hogares con subsidios,
• hogares sin subsidios.
Según explicaron, bajo este esquema solo reciben subsidios los hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales, mientras que miles de familias que antes tenían algún nivel de asistencia estatal quedan excluidas.
Además, el nuevo sistema concentra los subsidios sobre un “consumo base” considerado indispensable.
Esto significa que el beneficio se aplica únicamente hasta un determinado nivel de consumo y que todo lo que supere ese umbral se paga a precio pleno.
Para los legisladores patagónicos, ese criterio resulta especialmente problemático en regiones de bajas temperaturas, donde el consumo de gas para calefacción durante el invierno suele superar ampliamente ese nivel.
“En zonas frías, donde el gas es esencial para calefaccionarse durante gran parte del año, limitar los subsidios a un consumo base puede traducirse en facturas mucho más altas”, advierten en los fundamentos del proyecto.
Los senadores sostienen que el acceso a la energía debe ser considerado un derecho fundamental, vinculado al desarrollo económico, la inclusión social y la igualdad de oportunidades.
En ese sentido, remarcan que el acceso a servicios energéticos modernos es un indicador clave del nivel de vida de una sociedad y una condición necesaria para la erradicación de la pobreza.
“Las políticas públicas en materia energética deben garantizar el acceso equitativo a la energía, especialmente para los sectores más vulnerables”, señalan en el texto.
Los senadores también destacaron que las provincias patagónicas se encuentran entre las más afectadas por los cambios en el esquema de subsidios, debido a sus condiciones climáticas.
En esas regiones, el consumo de gas para calefacción durante el invierno es considerablemente mayor que en el resto del país, por lo que la reducción de subsidios puede generar un impacto más fuerte en los hogares.
Por ese motivo, los legisladores remarcaron la necesidad de garantizar un sistema tarifario que contemple las particularidades climáticas y sociales de cada región.
