Guillermo Pérez Luque
El titular de la Unidad Fiscal de Río Gallegos, el fiscal federal Julio Zárate, brindó a Ahora Calafate las primeras declaraciones públicas sobre la investigación que derivó en el allanamiento realizado en el centro de acopio de residuos conocido como “CARRI”, en El Chaltén.
El funcionario judicial explicó que el procedimiento fue autorizado luego de una serie de tareas previas de verificación realizadas por la Prefectura Naval Argentina.
Recordemos que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el concejal Ignacio Moreno Hueyo ante la justicia provincial, que posteriormente se declaró incompetente y derivó el caso al fuero federal por posible afectación a intereses ambientales.
A partir de allí, la fiscalía comenzó a verificar el contexto del lugar y reunir información preliminar.
Tareas de observación previas
Antes de solicitar el allanamiento, la fiscalía ordenó a la Prefectura realizar tareas de inteligencia y observación en la zona, sin ingresar al predio.
Según explicó Zárate, estas tareas permitieron constatar la presencia de residuos fuera del área destinada al tratamiento de materiales.
“Lo que hicimos con las tareas previas fue verificar que había residuos por fuera de este lugar. Eso fue lo que se evidenció y se le mostró al juez para que nos dé la orden de allanamiento”, señaló.
Con esa documentación, el fiscal solicitó el procedimiento al juez federal Claudio Vázquez, quien autorizó la medida.
El fiscal detalló que las observaciones realizadas por la agencia de investigaciones de Prefectura detectaron distintos tipos de residuos a la vera del río, algunos potencialmente contaminantes.
Entre ellos mencionó cubiertas, tachos de pintura abiertos y distintos tipos de aceites, incluso aceites de maquinaria o motores. “Todo estaba abierto y de manera descubierta. Cuando llueve eso puede ir al río”, advirtió.
El predio conocido como “CARRI” está destinado a la clasificación y reciclaje de determinados residuos, pero no a la disposición final o soterramiento de basura.
Por ese motivo, la investigación busca determinar si hubo afectación ambiental o posibles infracciones a la legislación vigente, entre ellas la ley de residuos peligrosos.
Para ello, durante el allanamiento se tomaron en total 6 muestras de agua, y 12 de suelo y distintos sectores del predio, que ahora serán analizadas en un laboratorio a determinar por la Fiscalía.
Además del procedimiento en el lugar, la fiscalía también solicitó documentación al municipio vinculada a la habilitación y funcionamiento del predio.
Zárate explicó a Ahora Calafate que esas actuaciones forman parte de la investigación para determinar si las actividades realizadas en el lugar se ajustaban a las autorizaciones existentes.
Durante las tareas previas también se registraron movimientos de camiones recolectores de residuos que ingresaban al lugar y descargaban materiales.
“Lo que se pudo observar es que ingresaban camiones que juntan residuos dentro de la ciudad y volcaban también residuos dentro del lugar”, afirmó.
El fiscal agregó que muchas de estas situaciones pueden ser observadas incluso desde el exterior del predio. “Lo que nosotros vemos en fotos, la localidad lo puede verificar a simple vista”, concluyó.
