Guillermo Pérez Luque
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires aprobó una resolución en la que repudia “rotundamente” la situación que atraviesa la Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria Patagónica (UCTHP) y denuncia un proceso de persecución institucional.
La resolución, fechada este 19 de marzo, se enmarca en la escalada del conflicto que ya había tomado estado público en los últimos días, tras la cesantía del doctor David Bruque, el retiro de equipamiento con información sensible y la reestructuración del área dentro del hospital.
En el documento, la UBA pone en valor el rol de la UCTHP, creada en 2021 en articulación con el hospital y el CONICET, como un espacio clave de investigación y diagnóstico en áreas como virología, inmunología, oncología molecular y genética humana.
Además, destaca que durante 2025 la unidad realizó más de 1.400 estudios genéticos y moleculares, brindando prestaciones únicas en la provincia y permitiendo el acceso a diagnósticos y tratamientos a pacientes con enfermedades complejas, entre ellas patologías oncológicas, cardíacas, HIV y enfermedades poco frecuentes.
También se remarca que el servicio formaba parte de la red SAMIC, recibiendo muestras de hospitales de referencia nacional como el Garrahan y El Cruce, lo que le daba un alcance que excedía ampliamente el ámbito local.
Denuncian persecución y “desprestigio profesional”
Uno de los puntos más contundentes de la resolución es la denuncia de una “persecución sistemática” contra la unidad y su responsable, en referencia a Bruque.
El Consejo Directivo expresó su solidaridad con el investigador y advirtió sobre una “campaña de desprestigio profesional” en su contra por parte de las autoridades del hospital.
En ese sentido, cuestiona el sumario administrativo iniciado en septiembre de 2025, un día después de que el propio Bruque presentara una denuncia ante el Ministerio de Salud. Y sostiene que el proceso se desarrolló de manera irregular y derivó en su cesantía.
Como parte de su posicionamiento, la UBA también solicitó la nulidad de la cesantía y la revisión del sumario, exigiendo que se respete el debido proceso.
Cuestionamientos por el manejo de información sensible
El documento también hace referencia a uno de los hechos más delicados del conflicto: el retiro de computadoras de la unidad que contendrían información sensible.
Según se señala, esos equipos almacenaban datos de pacientes, proyectos de investigación, consentimientos informados y diagnósticos moleculares, lo que refuerza las preocupaciones ya expresadas públicamente sobre el manejo de información confidencial.
Este punto coincide con las denuncias realizadas por el propio Bruque, quien incluso radicó una presentación policial tras detectar que los equipos habrían sido encendidos por personas no autorizadas.
Un conflicto que escala
El pronunciamiento de la UBA se suma a una serie de repercusiones que el caso viene generando en distintos ámbitos. En los últimos días, también se conoció un pedido de informes presentado en el Congreso de la Nación por diputados nacionales, solicitando explicaciones al Gobierno sobre la situación del hospital, el cierre de áreas y el manejo de datos sensibles.
En paralelo, desde la comunidad científica y sanitaria se multiplican las muestras de apoyo a la unidad, mientras crece la preocupación por la continuidad del Servicio de Diagnóstico Molecular y de los proyectos de investigación en curso.
Con este nuevo respaldo institucional, el conflicto en el SAMIC de El Calafate adquiere una dimensión aún mayor, con impacto no solo local sino también nacional dentro del sistema científico y de salud.
