¿Habrá prórroga? Se espera inminente decisión judicial por el desalojo de La Aldea

La situación del ex hotel La Aldea entró en una etapa decisiva. A exactamente un mes de que venza el plazo judicial fijado para el 30 de abril, en las próximas horas podría conocerse una definición clave sobre si se mantiene la fecha límite para el desalojo o si la Justicia concede una nueva prórroga frente al escenario social que atraviesa El Chaltén.

La decisión está en manos del juez de instrucción de El Calafate, Carlos Albarracín, quien deberá resolver no solo sobre la fecha de ejecución de la medida, sino también sobre una nueva presentación judicial realizada por la defensa de algunas de las familias que ocupan el complejo.

El caso no solo involucra a La Aldea. Ese mismo 30 de abril también vence el plazo para el desalojo del asentamiento “23 de Abril”, ocupado por más de 50 personas, lo que multiplica la preocupación institucional y social en la localidad cordillerana.

Fuentes consultadas por Ahora Calafate indicaron que en las próximas horas podría conocerse la decisión judicial, en medio de una creciente incertidumbre sobre qué ocurrirá con las familias que aún permanecen en ambos espacios.

El pedido para dejar sin efecto el desalojo

Días atrás, como informó Ahora Calafate, la abogada Stefanía McDonald, que representa a parte de las familias que ocupan La Aldea, presentó un escrito solicitando que la orden de desalojo quede sin efecto.

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El planteo se apoya en dos argumentos centrales. El primero sostiene que no existió delito de usurpación, ya que al momento de la ocupación el ingreso al predio no se produjo mediante violencia ni clandestinidad, sino con autorización de la persona que estaba a cargo de custodiar el lugar, que se encontraba abandonado.

El segundo argumento introduce una cuestión penal de fondo: aun en el supuesto de que la Justicia entendiera que existió el delito de usurpación, la defensa sostiene que la acción penal estaría extinguida por el paso del tiempo, ya que transcurrieron tres años, plazo contemplado en el Código Penal Argentino para la prescripción en este tipo de casos.

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El juez giró esta presentación a la fiscal Natalia Stiep, quien ya emitió su dictamen. Con esa instancia cumplida, ahora Albarracín debe resolver si hace lugar al planteo o si mantiene la orden de desalojo.

De manera paralela, en las últimas horas se conoció una presentación similar para el asentamiento “23 de Abril”, que también deberá ser analizada por la Fiscalía y el Juzgado.

Un problema social que se agrava

Más allá del expediente judicial, el eje central de la discusión hoy está puesto en el impacto social que podría generar una ejecución estricta de la medida el 30 de abril.

Cuando se dictó la prórroga de seis meses en octubre pasado, en La Aldea vivían más de 110 personas. Hoy, según pudo saber Ahora Calafate, la cifra descendió a 85 ocupantes, aunque sigue siendo un número alto para una localidad que atraviesa una fuerte crisis habitacional.

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A ello se suma la situación del asentamiento “23 de Abril”, con más de 50 personas. En total, el vencimiento simultáneo de ambos plazos podría dejar en una situación crítica a más de 130 personas, entre ellas menores de edad.

La llegada del otoño y la inminente baja abrupta de la actividad turística agravan aún más el escenario. Luego de Semana Santa, la temporada cae de forma marcada y con ella disminuyen las posibilidades de ingresos económicos para que las familias puedan alquilar o trasladarse a otro lugar.

También comienzan a descender las temperaturas, lo que agrega un factor de vulnerabilidad que está siendo considerado dentro del análisis judicial.

“Hoy Chaltén no tiene cómo contener esa cantidad de familias”

La dimensión social del problema fue expresada con crudeza por la presidenta del Concejo Deliberante de El Chaltén, Estefanía Leyes. “Hoy Chaltén no tiene cómo contener esa cantidad de familias”, afirmó en entrevista a FM Dimensión, al ser consultada sobre la posibilidad de una reubicación en el plazo de un mes.

Leyes explicó que, pese al trabajo conjunto con Provincia en relevamientos y acompañamiento social, no existe hoy una solución habitacional concreta para todas las familias.

Reconoció que algunas lograron reubicarse voluntariamente. Sin embargo, dejó claro que no hay herramientas suficientes para resolver el problema de fondo. “Si hoy se concretara el desalojo, entraríamos en una situación de crisis social”, advirtió.

La funcionaria incluso describió cuál podría ser el escenario extremo si no hubiera una nueva prórroga: la necesidad de cerrar el único gimnasio de la localidad y transformarlo en un albergue provisorio para evitar que las familias queden en la calle. “Deberíamos cerrar nuestro gimnasio y convertirlo en un albergue provisorio”, señaló.

El antecedente de la prórroga otorgada en octubre

La situación actual tiene como antecedente directo la decisión adoptada por el juez Albarracín en octubre pasado, cuando concedió una prórroga de seis meses hasta el 30 de abril, luego de intensas gestiones institucionales y del pedido de las partes.

El objetivo entonces fue permitir que las familias pudieran atravesar la temporada alta, generar ingresos y contar con tiempo para encontrar alternativas. Y que los organismos oficiales municipales y provinciales contribuyan activamente. Sin embargo, eso no ocurrió. “Ese tiempo tampoco nos está alcanzando, nos queda un mes y esto es lo que estamos tratando de descomprimir”, reconoció Leyes.

En los últimos días hubo reclamos de vecinos por destratos e intimidaciones que habrían sufrido de quienes realizan los relevamientos sociales. 

La decisión que se espera

Hoy la gran pregunta es si la Justicia decidirá mantenerse firme con la fecha del 30 de abril o si, frente al contexto social, económico y climático, otorgará una nueva prórroga.

En el análisis judicial se confrontan dos derechos de máxima sensibilidad: por un lado, el derecho de propiedad, y por otro, la situación de familias con menores de edad, donde entra en juego el principio del interés superior del niño, niña y adolescente.

Fuentes consultadas indicaron que la definición podría conocerse en las próximas horas, por lo que El Chaltén atraviesa días decisivos frente a un escenario que, de no mediar una salida, podría derivar en una crisis social de gran magnitud.