Guillermo Pérez Luque
El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema para la gestión de rutas nacionales que impacta directamente en Santa Cruz, al habilitar a la provincia a intervenir en la administración y concesión de tramos viales dentro de su territorio.
La medida fue establecida mediante el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Además de Santa Cruz también están incluidas Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Río Negro, Mendoza, Neuquén y San Juan.
A partir de este decreto, Santa Cruz queda habilitada para otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre rutas nacionales que atraviesan su territorio. Esto incluye tareas como administración, reparación, ampliación y mantenimiento
La delegación también le permite a la provincia avanzar en todo el proceso, desde la licitación hasta la adjudicación de los contratos.
El texto del decreto lo establece de manera explícita “Delégase […] la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales”
Esto implica que la provincia podrá definir cómo se ejecutan esas obras, bajo el esquema de concesión a empresas privadas o entes públicos.
No se transfieren las rutas
Uno de los puntos centrales del decreto es que, pese a la delegación, las rutas siguen siendo nacionales. Es decir, Santa Cruz podrá gestionarlas, pero no pasan a ser de su propiedad ni pierden su carácter federal.
El propio decreto aclara que “no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal”
Esto significa que el Estado nacional mantiene el control general, mientras que la provincia asume funciones operativas.
Cómo funcionará el sistema
Para que la provincia pueda ejercer estas facultades, deberá firmar convenios con la Dirección Nacional de Vialidad. En esos acuerdos se definirán aspectos tales como los tramos de rutas que serán intervenidos, el plazo de la concesión, el esquema de financiamiento, los valores de peaje y el plan de obras.
Además, Vialidad Nacional tendrá un rol de control técnico. El decreto establece que la Dirección Nacional de Vialidad evaluará la viabilidad técnica y económica de los proyectos, y también supervisará el cumplimiento de las condiciones establecidas.
El decreto establece que las concesiones podrán tener un plazo máximo de 30 años. La provincia deberá licitar el tramo dentro de un año desde la firma del convenio, y si no lo hace, la delegación se cae automáticamente
Además, los fondos generados por el peaje deberán destinarse exclusivamente a ese tramo y no podrán utilizarse para otras obras.
