El Calafate se sumó a la campaña plurinacional en defensa de la Ley de Glaciares

La consigna central fue clara: defender el agua como bien común y rechazar el avance de proyectos extractivistas en territorios considerados estratégicos para las generaciones futuras. “Los glaciares no se tocan” y “El agua vale más que todo” fueron algunas de las expresiones que resonaron durante la jornada.

Según lo expresado en la conferencia de prensa nacional, la campaña surgió en noviembre de 2025 como respuesta a intentos de modificar la legislación vigente. Se trata de un espacio amplio que reúne asambleas territoriales, organizaciones ambientales, comunidades originarias y ciudadanos autoconvocados de todo el país.

Desde sus impulsores destacan que la iniciativa se nutre de décadas de reclamo social y ambiental en Argentina, retomando antecedentes como las luchas contra la megaminería y las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios.

Entre las definiciones más relevantes surgidas en la asamblea, se destacan:

• Rechazo a la modificación de la Ley 26.639, considerada inconstitucional por vulnerar el derecho a un ambiente sano (artículo 41 de la Constitución Nacional), la Ley General del Ambiente y acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú.
• Denuncia de falta de participación ciudadana, señalando irregularidades en instancias oficiales como audiencias públicas donde, aseguran, se limitó la voz de miles de personas.
• Defensa del agua como derecho humano fundamental, en un contexto de crisis hídrica global, subrayando el rol de los glaciares como reservas estratégicas.
• Rechazo al modelo extractivista, al que acusan de priorizar intereses de corporaciones mineras por sobre las economías regionales y el equilibrio ambiental.
• Apoyo a acciones judiciales y adhesiones masivas, destacando las más de 850 mil firmas reunidas contra la reforma de la ley.
• Denuncia de criminalización de la protesta, con especial mención a detenciones y persecuciones en distintas provincias.
• Convocatoria a la unidad de los sectores sociales, articulando la lucha ambiental con reclamos sociales más amplios.

La movilización tuvo carácter federal, con participación de comunidades desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. En ese marco, los organizadores sostienen que no existe “licencia social” para avanzar sobre los glaciares y advierten que continuarán con acciones en todo el país.

Asimismo, cuestionaron políticas que, según indicaron, favorecen la explotación de recursos naturales por parte de empresas multinacionales, alertando sobre posibles consecuencias ambientales y sociales a largo plazo.

El documento difundido remarca que la protección de los glaciares trasciende lo ambiental y se inscribe en una lucha por los derechos humanos, el acceso al agua y la soberanía sobre los territorios. “Cuando un glaciar se destruye, no vuelve nunca más”, advirtieron.