Guillermo Pérez Luque
Durante una reunión de la Comisión de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputados, el legislador Santiago Aberastain (Por Santa Cruz) defendió el proyecto que propone la creación de la Mesa Minera Santacruceña, un ámbito institucional permanente destinado a discutir políticas públicas vinculadas al sector.
Pero más allá de los aspectos formales de la iniciativa, el diputado por Puerto Deseado dejó definiciones contundentes sobre el presente de la minería en Santa Cruz y cuestionó el escaso impacto económico que, según su visión, la actividad deja en las comunidades donde se desarrolla.
“Venimos discutiendo desde que arrancamos nuestra gestión respecto a la falta de un derrame económico real en nuestras localidades respecto a la actividad minera”, afirmó.
“Somos una provincia con minería, no una provincia minera”
Durante su exposición, Aberastain recordó que Santa Cruz es actualmente la principal provincia exportadora de oro y plata del país, pero planteó que esa condición no se refleja en la realidad económica de muchas localidades.
“Siempre está la discusión de si somos una provincia minera o una provincia con minería. Les anticipo mi forma de pensar: somos una provincia con minería. Estamos muy lejos de ser una provincia minera”, expresó.
El legislador sostuvo que la actividad se desarrolla sobre recursos no renovables y planteó la necesidad de preguntarse qué beneficios concretos quedan en la provincia una vez agotados los yacimientos.
“Lo que queda cuando no se hace como corresponde y lo que duele a una localidad perder una actividad tan importante y no haberla aprovechado cuando estaba en auge”, señaló.
Críticas a la falta de contratación de proveedores locales
Uno de los ejes más críticos de su intervención estuvo relacionado con la participación de empresas santacruceñas en la cadena de suministros de las mineras.
Aberastain aseguró que numerosos proveedores locales no logran acceder a contratos significativos y denunció que gran parte de los servicios continúan en manos de firmas radicadas fuera de la provincia.
“Veo proveedores que se dedican al transporte de personal y tienen sus vehículos estacionados sin actividad. Los llaman para hacer alguna changa de vez en cuando”, afirmó.
Para ilustrar la situación, mostró ejemplos de pedidos de cotización enviados a empresas locales.
“Kit de teclado y mouse inalámbrico, una unidad. Esos son los pedidos de cotización que llegan a los proveedores locales, mientras que las empresas grandes son todas de afuera”, cuestionó.
El diputado también reclamó reciprocidad con otras provincias mineras.
“¿Qué pasa cuando una empresa nuestra quiere competir para brindar servicios a una minera en San Juan? Hay requisitos que directamente impiden que una firma santacruceña pueda participar”, sostuvo.
La preocupación por el futuro de las localidades mineras
El legislador insistió en que la provincia debe empezar a discutir qué ocurrirá cuando los principales yacimientos lleguen al final de su vida útil.
“Tenemos muchas cosas para discutir. Qué va a quedar en nuestras localidades cuando la expectativa de vida de los yacimientos vaya decreciendo y llegue a su ciclo final”, planteó.
Según indicó, las experiencias conocidas hasta el momento no son alentadoras.
“Las experiencias que tenemos hasta hoy no son muy positivas. ¿No estamos obligados a revertirlo?”, preguntó.
Una mesa para reunir a todos los sectores
El proyecto propone la creación de la Mesa Minera Santacruceña como un espacio permanente de trabajo donde participen representantes del Estado provincial, municipios, sindicatos, empresas mineras, cámaras de proveedores, productores rurales, legisladores y organismos vinculados a la actividad.
Aberastain aclaró que la intención no es quitar facultades al Ministerio de Energía y Minería, sino generar un ámbito donde los distintos actores puedan debatir de manera ordenada y con seguimiento permanente.
“La idea es sentar a todas las partes en un mismo lugar para discutir estos temas con un orden del día previo, ordenado y con previsibilidad”, explicó.
Además, pidió incorporar formalmente a las entidades rurales, al considerar que los superficiarios son actores directamente involucrados en la actividad minera.
“El resultado es muy pobre”
Hacia el final de su exposición, el diputado volvió sobre la cuestión que considera central: la relación entre la riqueza generada por la minería y los beneficios que perciben las comunidades.
Recordó que durante el año pasado se extrajeron en Santa Cruz más de 2 millones de onzas de plata y 80 mil onzas de oro, cifras que reflejan la magnitud de la actividad.
Sin embargo, sostuvo que los resultados visibles en las localidades siguen siendo insuficientes.
“Los diputados somos la ventanilla del reclamo de nuestros vecinos. La expectativa que tienen las localidades con un recurso tan valioso es muy grande y el resultado es muy pobre”, afirmó.
Empresas y directivos que no viven en las comunidades
Otro de los planteos realizados por Aberastain apuntó a la falta de arraigo territorial de algunas empresas vinculadas al sector.
Mencionó el caso de Minera Cerro Moro y cuestionó que funcionarios responsables de la relación con la comunidad ni siquiera residan en la zona de influencia de la operación.
“La responsable de relaciones comunitarias vive en Neuquén. Parece una broma, parece una joda, pero es así”, dijo.
En ese sentido, defendió otro proyecto de su autoría que propone exigir la radicación local de empresas proveedoras y de parte de las estructuras directivas.
“Cuando los gerentes viven en las localidades les empieza a preocupar si no hay agua, si se rompió un caño o si la escuela no tiene clases. Empiezan a sufrir las mismas falencias que sufrimos los vecinos”, argumentó.
El proyecto seguirá en comisión
Tras la exposición de Aberastain, la comisión resolvió mantener el proyecto en análisis y reiterar un pedido de información a la Secretaría de Estado de Minería, ya que los legisladores señalaron que aún no recibieron respuestas a consultas realizadas previamente.
La iniciativa continuará siendo debatida en las próximas reuniones legislativas, mientras crece la discusión sobre el verdadero impacto económico de una de las principales actividades productivas de Santa Cruz.
