Guillermo Pérez Luque
La Legislatura de Santa Cruz trató hoy la modificación de la Ley 1600, Orgánica de la Justicia, para reponer el cargo de Procurador General del Tribunal Superior de Justicia y avanzar en el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el histórico Caso Sosa. La aprobación se realizó por mayoría de 13 votos contra 9 de los diputados presentes.
El tema había generado un fuerte debate político el año pasado, cuando el Poder Ejecutivo envió el proyecto original a la Cámara. Ahora, después de varios meses de demora, el expediente llega al recinto con un despacho de comisión aprobado por mayoría y con modificaciones importantes respecto del texto inicial.
El caso se remonta a 1995, cuando Eduardo Emilio Sosa fue desplazado tras una reforma judicial que eliminó el cargo de Procurador General. Desde entonces inició una larga disputa judicial que derivó en fallos de la Corte Suprema ordenando su restitución, una manda que Santa Cruz nunca terminó de cumplir.
Qué decía el proyecto original
El texto enviado por el Ejecutivo en octubre de 2025 planteaba restablecer la figura del Procurador General como jefe del Ministerio Público Fiscal y Pupilar.
También establecía que el Procurador sería asistido por un Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia y por un Defensor Público Oficial ante el mismo tribunal.
En sus fundamentos, el Ejecutivo sostenía que la reforma era de “trascendental importancia institucional” y que buscaba “saldar una deuda histórica de la Provincia de Santa Cruz”.
El proyecto original hacía referencia directa al Caso Sosa en los fundamentos, pero no incluía en el articulado una designación expresa del ex Procurador.
Qué cambió en el despacho
El despacho de comisión mantiene el objetivo central del proyecto, pero introduce cambios relevantes.
El primero es que la nueva redacción separa con mayor claridad al Ministerio Público Fiscal del Ministerio Público de la Defensa. El Procurador General queda como jefe del Ministerio Público Fiscal, mientras que el Defensor Público Oficial pasa a ser jefe del Ministerio Público de la Defensa.
También se incorpora al Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, quien actuará bajo delegación del Procurador General en materias específicas.
Otro cambio importante aparece en la integración del Tribunal Superior de Justicia en casos de vacancia, licencia o impedimento de alguno de sus miembros. El despacho establece que, en primer lugar, podrá integrarse con el Procurador General o con el Defensor ante el Tribunal Superior de Justicia.
Además, el despacho agrega una modificación al artículo 10 de la Ley 1600, referida al juramento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
La modificación más importante: la designación de Sosa
La diferencia de mayor peso político e institucional está en los artículos finales del despacho.
El nuevo texto establece expresamente que la ley se dicta para dar “pleno cumplimiento” a la sentencia de la Corte Suprema en la causa “Sosa Eduardo Emilio c/ Provincia de Santa Cruz y otro s/ ejecución de sentencia”.
Y luego incorpora el punto clave: una vez repuesto el cargo de Procurador General, la Cámara presta acuerdo y designa al doctor Eduardo Emilio Sosa en ese cargo.
Ese agregado no estaba incluido de manera operativa en el proyecto original y representa el cambio más significativo del despacho que llegará al recinto.
También se ordena notificar al Poder Ejecutivo Provincial y al Tribunal Superior de Justicia la designación de Sosa, para que sea acreditada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Un debate que lleva 30 años
La restitución de Eduardo Sosa es uno de los conflictos institucionales más extensos de Santa Cruz.
Para el oficialismo, la aprobación del proyecto implica cerrar una deuda pendiente con la Justicia y cumplir una sentencia firme del máximo tribunal del país.
Para sectores críticos, en cambio, el debate abrió interrogantes sobre la oportunidad política de avanzar con una ley de estas características, el impacto institucional de reponer un cargo eliminado hace tres décadas y las consecuencias administrativas y presupuestarias de la medida.
El año pasado, durante el primer intento de tratamiento, la discusión ya había generado cruces entre el oficialismo y la oposición. Diputados de Unión por la Patria cuestionaron la prioridad asignada al tema, mientras que legisladores oficialistas defendieron la necesidad de cumplir con la Corte Suprema y reparar una situación institucional no resuelta.
